Entrevista a Luis Fuentes, del Grupo de memoria histórica de CNT: “La denominada amnistía de 1977 es la gran garante de la impunidad de los crímenes franquistas”
Alvaro Hilario | LaHaine.org
Se cumple el 80 aniversario del golpe militar del 17 y 18 de julio de 1936, golpe fallido que desencadenó una guerra de casi cuatro años que, a su vez, dio paso a la dictadura de Francisco Franco. Ochenta años durante los cuales los crímenes del franquismo han quedado impunes. Luis Fuentes, miembro del Grupo de memoria histórica de CNT, nos cuenta cuál es la situación del trabajo en pos de verdad, justicia y reparación; nos habla de la querella argentina.
En opinión de Luis Fuentes, miembro del Grupo de memoria histórica de CNT, uno de los mayores problemas con los que se encuentran las personas y asociaciones que buscan verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo es que “los que dieron el golpe del 18 de julio, ganaron la guerra y, además, siguen gobernando”, razón por la cual gozan de impunidad: “No solamente ganaron la guerra, siguen ganando. Los franquistas, con la no-ruptura política, lo que denominan la transición española, han conseguido vivir hoy en día gozando de la misma impunidad que tuvieron durante la dictadura. Más allá de las desapariciones forzadas, ver cómo los del PP siguen robando hoy, la desvergüenza con la que se emplean, constata esa impunidad: ‘¿Si no nos juzgaron por matar, cómo van a hacerlo por robar que es un delito menos grave?’, piensan. La realidad es que el 90% de quienes forman el PP son herederos ideológicos del franquismo y, de ellos, un número muy importante son herederos de sangre, entre ellos, la mayoría de quienes componen la dirección del PP. Ha habido una evolución en la derecha española en tanto en cuanto son. La denominada amnistía de 1977 es la gran garante de su impunidad”.
¿Por qué no se puede juzgar en el Estado español a los responsables de la barbarie fascista?
Los jueces españoles se niegan a abrir causas sobre los crímenes franquistas, aún y a pesar de que se les facilite toda la documentación necesaria sobre casos concretos, dando nombres y apellidos de los culpables. Hay documentos, por ejemplo, que dan fe de cómo Francisco Caamaño, ministro de Justicia con Zapatero, reconocía el asesinato de militantes del PSOE en Navarra; reconoce moralmente el asesinato, pero no de modo judicial. Según el derecho internacional, se establece que ante la desaparición forzada de una persona, cualquier autoridad debe de investigarla. Ante la desaparición de una persona y sin que haya constancia de que esta haya sido asesinada, los juzgados españoles tienen la obligación de abrir una causa que conduzca a su búsqueda. El derecho internacional obliga a España a que haga lo mismo con las desapariciones forzadas, esas 150.000 personas que hay desaparecidas, fusiladas después de terminada la guerra. A pesar de todo esto, los jueces españoles siguen aferrándose a la amnistía de 1977 para no abrir causa alguna. En abril de 1977, el Gobierno presidido por Adolfo Suárez, Gobierno no democrático, firmó el Pacto de derechos civiles y políticos en la ONU que determina la imposibilidad, la ilegalidad, de promulgar leyes de punto final o amnistías encubiertas. A pesar de esto, la amnistía se decreta en octubre de ese mismo año. Los argumentos proporcionados por la judicatura, amparada esta tanto por los gobiernos de derecha como los conducidos por el PSOE, siempre se remiten a esa amnistía que cierra las vías legales a investigar cualquier crimen cometido con anterioridad, sean del tipo que sean. En esta, además, queda establecido que quedan cerrados los posibles crímenes cometidos por las fuerzas de orden público, el Ejército, los jueces y la Iglesia católica.
Se luchó, sin embargo, por la consecución de aquella amnistía.
Las gentes y organizaciones de izquierda peleamos por conseguir la amnistía y testigo de esa lucha fue la huelga general de ese año demandándola, huelga en la que murieron siete personas. Se nos engañó vilmente: se indultó a los rojos, a quienes combatieron el franquismo, y se amnistiaron los crímenes cometidos por el franquismo. Esto lo sabían quienes arreglaron la reforma política, lo sabía Felipe González, lo sabía Santiago Carrillo, lo sabía el PNV y todos aquellos que llevaron adelante el pacto de la reforma y, a pesar de ello, nos lo vendieron como si fuera una amnistía. De hecho, no se han borrado los antecedentes de la gente de izquierdas.
¿Cómo surge la posibilidad de abrir causa contra los crímenes franquistas en Argentina?
Ante la negativa de la judicatura española a investigar estos crímenes, se recurre a Argentina. En 1986 y 1987, siendo Felipe González presidente del Gobierno, diferentes compañeros nuestros presentaron denuncias que tuvieron la respuesta habitual: no hay causa posible y los delitos han prescrito.
Un compañero del PSOE, hijo de un maestro gallego asesinado, residente en Argentina, de doble nacionalidad, volvió a España a exhumar los restos de su padre, restos de los cuales se conocía su localización. Con el cuerpo presente y pudiéndose apreciar aún los tiros, este hombre quiso presentar una denuncia criminal, rechazada, obvio, por la amnistía. Hablando, ya en Argentina, con abogados que estaban en la labor de judicializar los crímenes de la dictadura argentina, teniendo en cuenta la doble nacionalidad de esta persona, le señalaron que cabía la posibilidad de juzgar los crímenes del franquismo en allí. Este conocía a más hijos de exiliados, a más gente como él: ellos fueron quienes formalizaron la primera querella en el juzgado federal número 1. Su titular, María Servini, en un principio, no apreció causa y el caso se archivó. Se recurrió, se habló con el fiscal general y este obligó al juzgado número 1 a aceptar la causa, comenzando a practicarse las diligencias pertinentes.
Háblanos de la naturaleza de la llamada querella argentina.
En Argentina hay presentadas 400 querellas, que corresponden a más personas, ya que alguna de ellas engloba a 50 o 60. Hay también presentadas, a través de las diferentes organizaciones políticas y sindicales, 2.800 denuncias por desapariciones forzadas. Así pues, la conocida como querella argentina engloba, entre la denuncia de apoyo a la querella, que van a ser querellantes así mismo, y las propias querellas, a cerca de 7.000 personas físicas con nombre y apellido. Esta recoge todos los crímenes del franquismo: por una parte, desapariciones forzadas, esto es, la gente que fue arrancada de su casa para ser fusilada, asesinada; toda la gente que pasó por prisión hasta 1976, fecha en que la comisión de Derechos humanos de la ONU y sus relatores dan por cerrado el tema dando por supuesto que en España se ha establecido un sistema democrático; están los bebés robados: se calcula que son cerca de 30.000 los que fueron arrebatados a sus padres, a los rojos, para dárselos a gentes afectas al régimen; y también está contenido el tema de los preventorios: estos eran una especie de casas de acogida para las mujeres de izquierda, una especie de reformatorio, centros de reeducación. Todo esto se encuentra en la querella argentina que, además, cuenta con el aval de los relatores de Naciones Unidas que ya han estado dos veces por aquí. Son 150.000 las personas asesinadas una vez terminada la guerra. Hay que resaltar dos puntos: uno, el golpe lo dan los fascistas, la Junta militar, contra un Gobierno legítimo, el de la República, con el apoyo de Italia y Alemania. Pensemos también en las zonas donde no hubo frente, como Burgos o Navarra, con 3.800 asesinados por su militancia política y sindical, reconocidos y documentados … Entendemos que toda esa gente debe ser investigada y sus casos judicializados por crímenes de lesa humanidad, que es lo que reconoce la ONU. Sus dos relatores han repetido en diversas ocasiones que no se pueden amnistiar este tipo de delitos de lesa humanidad por haber firmado España el Pacto de los derechos humanos, civiles y políticos. Por otro lado, el derecho transicional establece que estos no pueden ser prescritos. Las resoluciones de los relatores determinan con claridad que solo la denuncia por un desaparecido obliga a la investigación del caso.
Teniendo en cuenta la negativa de los gobiernos y judicatura españoles tanto a juzgar a los criminales como a colaborar con la justicia argentina, qué posibilidades hay de que la querella dé frutos.
Estamos convencidos de que se va a llegar a juicio, aunque no sabemos cuándo. Los requerimientos de la jueza Servini para investigar los temas de las torturas donde están imputados Billy el niño, un inspector de la Brigada social y un capitán de la Guardia Civil, la orden de búsqueda y captura internacional que pesa sobre ellos que España obvia … Es más, están protegidos. También Martin Villa está acusado por la masacre del 3 de marzo de 1976; también Fraga, Utrera molina… Hay 19 personas, ministros con Franco, que son corresponsables de las últimas penas de muerte dictadas por este ya que formaban parte del Consejo de ministros que las firmó, son colaboradores de la muerte de Txiki y Otaegi, Puig Antich, los del FRAP. Estos delitos también están contemplados en la querella argentina.
Hay también movimientos al respecto a este lado del Atlántico.
Estamos ahora abriendo un proceso nuevo para que la querella argentina y sus diligencias puedan ser practicadas en los juzgados españoles. Queremos que se presenten las mismas querellas en juzgados españoles, algo que cuenta con el problema de que mucha gente, humillada con anterioridad y de mucha edad, no quiere volver a pasar por el mal trago.
Hay dos casos que nos dan una pequeña esperanza de que estos casos se acepten a trámite también en España. Uno se da en Soria. Una denuncia por desaparición forzada ante una jueza de allí que fue admitida a trámite: es una fosa común donde se sabe que hay siete anarquistas asesinados, de la CNT; aunque no se ha encontrado la fosa (debe haber algún error en la documentación), la jueza pidió a la Guardia Civil que investigara el caso ya que, por ejemplo, se sabe quiénes fueron los responsables, ya muertos; pero, en fin, la jueza fue capaz de llegar hasta este punto antes de inhibirse a favor de la Audiencia nacional argumentando que espera que el Tribunal superior se haga cargo del caso.
¿Qué importancia tiene que se sumen a la querella instituciones como ayuntamientos, diputaciones o parlamentos?
Amén de su importancia a la hora de dar relevancia a la querella tanto en Argentina como aquí, el hecho de que las instituciones alavesas se presenten como querellantes, se personen en la misma, habilita a que estas tengan sus propios abogados personados en la causa. Seguimos trabajando con más ayuntamientos e instituciones, como Bilbao. También queremos que se persone, que se querelle el Gobierno vasco en nombre del conjunto de los ciudadanos vascos y de los combatientes, defensores de la República, de la legalidad vigente, asesinados: tienen obligación de representar a sus ciudadanos. No debemos olvidar que hay víctimas que eran trabajadores de estas instituciones y por ello tienen la obligación moral, jurídica y política de defender a sus ciudadanos porque los representa. El peso y la proyección mediática que daría a la querella el personamiento de todas ellas sería enorme. Veríamos qué respuesta dan el Tribunal superior de Justicia del País Vasco y el fiscal para no abrir estos casos.
Queremos también que se querellen por los bombardeos contra civiles que sufrió Bizkaia (Barakaldo, Sestao, Gernika, Durango, Bilbao…), que fue el último frente de guerra. Estos están documentados y sabemos quiénes murieron en ellos. Las Juntas Generales deben querellarse en representación de toda esta gente, de la población civil.
Los movimientos memorialistas persiguen también el tema de la judicialización de las exhumaciones.
Hay tres elementos fundamentales a la hora de entender el proceso de apertura de las fosas: antes de abrirlas, hay que hacer bancos de ADN para poder identificar a las víctimas que no cuentan con chapas para ello. Quienes se oponen alegan que es mucho dinero, y, obvio, hay que pagarlo, pero tengamos en cuenta que estamos hablando de gente que entregó lo más bonito que tenía, su juventud, su vida, en defensa de la legalidad democrática y merecen bastante más de lo que les estamos dando. Esta reclamación de las organizaciones memorialistas está respaldada por Amnistía Internacional. Además, toda exhumación ha de ser judicializada: tiene que haber una autoridad a la hora de levantar un cadáver; la justicia así lo establece. Una autoridad puede ser, sin ir más lejos, un secretario municipal; ya sabemos que los jueces no van a ir, que se niegan a hacerlo, lo mismo que los fiscales. Pedimos al Gobierno vasco que envíe a la ertzantza, que tiene competencias de policía judicial, si no se judicializa, no hay delito de lesa humanidad, los crímenes del franquismo, no existen.
También se pide al Gobierno vasco la creación de una comisión de la verdad, ¿no es cierto?
Los movimientos memorialistas, en 2008, presentamos una petición al Parlamento vasco para que se creara una comisión de la verdad y no se ha hecho nada. Seguimos demandando a los partidos que cumplan lo decidido por el Parlamento. También queremos una ley vasca de la memoria histórica útil tanto para recoger las demandas que he señalado como para crear unidades didácticas para que la juventud sepa que sucedió y la historia no se repita. La gente joven desconoce qué pasó, aún y a pesar de tener familiares desaparecidos. Esta situación actual es negacionismo. Claro, aceptar todo esto sería aceptar que la transición española fue un engaño y una traición a todas esas personas asesinadas, fusiladas y abandonadas en las cunetas, además de los represaliados durante la dictadura.
