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| Rafael Narbona |
Los historiadores que han abordado la guerra civil española suelen discrepar en muchas cuestiones, pero sus diferencias desaparecen cuando se plantean las causas de la derrota de la Segunda República. La división de las fuerzas políticas de izquierdas arruinó las posibilidades de una resistencia que frenara a los golpistas y preservara el orden constitucional. La Constitución de 1931, que definía al Estado español como una “República de trabajadores”, tal vez no respondía a las expectativas revolucionarias de anarquistas, socialistas y comunistas, pero constituía un punto de partida hacia un nuevo modelo de sociedad, con menos injusticia y desigualdad. El golpe de estado del coronel Casado contra Negrín ha pasado a la historia como el momento más dramático de una izquierda incapaz de resolver sus diferencias para ganar la guerra y evitar la victoria del general Franco. No se debería hablar de guerra civil, sino de un guerra de clases, donde los ricos y poderosos aplastaron a los trabajadores. Actualmente, vivimos algo semejante, pero sin ruido de sables. La hegemonía cultural de las oligarquías ha logrado imponer su discurso mediante el control de las escuelas y los grandes medios de comunicación. Su versión de la crisis es sobradamente conocida: hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, el Estado del Bienestar resulta demasiado costoso, la austeridad es necesaria para no desembocar en una suspensión de pagos, la contención salarial es una condición ineludible para mejorar nuestra competitividad, la capitalización de los bancos es el oxígeno de una economía moribunda, el euro no es una alternativa, sino una tabla de salvación y un motor de racionalidad y progreso. Se cumple una vez más el diagnóstico de Marx: las ideas dominantes son las ideas de las clases dominantes.
El profesor y economista Juan Torres López asegura que se está gestando un crashinfinitamente más grave que las crisis de las hipotecas subprime. La deuda pública y privada es impagable. Apenas suban los tipos de interés, ni el Estado ni los particulares podrán afrontar el pago de sus obligaciones por deuda. Por otro lado, la capitalización de los bancos no ha resuelto su problema de solvencia, pues los activos tóxicos aún contaminan sus balances e impiden que fluya el crédito. Las bolsas sufren una inestabilidad crónica y los derivados siguen alimentando burbujas que producen beneficios puramente especulativos. Según Torres López, el capitalismo solo podría recuperarse intensificando la explotación de la naturaleza y sus fuentes de energía, pero esta alternativa provocaría una catástrofe medioambiental. Torres López finaliza su artículo con una frase breve y demoledora: “Nos encontramos al borde del abismo y lo comprobaremos muy pronto” (“¿Se acerca otro crash?”, Público, 10-03-14). Esta expectativa de futuro exige una respuesta colectiva de las fuerzas políticas y sociales de izquierdas, si no queremos deslizarnos hacia el siglo XIX, con ejércitos de parados, salarios raquíticos, ancianos desprotegidos y niños hambrientos. De hecho, nuestro paisaje cotidiano cada vez se parece más a este cuadro de indigencia y desamparo. Aunque algunos consideran que no se debe hablar de izquierdas y derechas, yo estimo que la lucha de clases, lejos de ser un viejo concepto de un marxismo trasnochado, sigue ocupando el centro de la historia. La izquierda es un término global y difuso, pero que debería incluir a todos los que pretenden acabar con la desigualdad, la pobreza y la exclusión social.
Desde mi punto de vista, se deberían establecer unos objetivos elementales para definir el espacio de la izquierda: no pagar la deuda, salir del euro, abandonar la OTAN y la UE, nacionalizar la banca y los sectores estratégicos, reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos, sustituir la Monarquía por una República, crear una renta básica de ciudadanía. Seguir en la UE significa aceptar las condiciones del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, que ha fijado el 2020 como límite para reducir la deuda pública a un 60% del PIB y el déficit estructural a un 3%. Esos objetivos implican un recorte de 400.000 millones de euros en los próximos seis años. Ese dinero saldrá de nuevos recortes que podrían forzar la privatización de los servicios sociales ante la imposibilidad de sostenerlos con fondos públicos. Los efectos adversos de abandonar el euro (inflación, devaluación, fuga de divisas) podrían compensarse con una lucha implacable contra el fraude fiscal, la economía sumergida y la evasión de capitales. Esas medidas se completarían con una ambiciosa reforma fiscal que acabara con el escándalo de las SICAV y gravara las rentas del capital con impuestos fuertemente progresivos. Fuera del euro, nuestras exportaciones serían más baratas y el turismo mejoraría gracias a unos precios más competitivos. España recuperaría el control sobre su política monetaria, fijando los tipos de interés y los niveles de inflación. Nuestro país podría emitir deuda en una moneda propia y defenderse de los ataques especulativos, sin depender de los cortafuegos del BCE. En definitiva, España disfrutaría de soberanía, democracia y libertad. Entonces, ¿por qué se describe la salida del euro como un apocalipsis? Porque los bancos alemanes, franceses y británicos perderían una fortuna con el “default” español, que además podría propagarse como un reguero de pólvora por todo el Sur de Europa (Grecia, Portugal, Italia). Los países que se han negado a pagar su deuda y han devaluado su moneda no han sufrido un cataclismo social. Indonesia, Corea del Sur y Tailandia hicieron “defaults” y, tras unos meses de fuerte contracción en sus economías, se recuperaron y empezaron a crecer. En menos de dos años, habían recobrado los niveles de vida anteriores a la crisis y habían iniciado una nueva etapa de prosperidad y bienestar. Argentina rompió la paridad con el dólar, decretó suspensión de pagos y devaluó el peso, logrando una recuperación espectacular de su economía. Sus problemas actuales no tienen nada que ver con el giro adoptado en 2001 ni con la quita de un 75% de la deuda externa negociada por el Presidente Néstor Kirchner con el FMI.
Los grandes medios de comunicación, controlados por la banca y los grandes grupos empresariales, no se cansarán de repetir que salir del euro es un suicidio, pero a estas alturas todas las fuerzas políticas y sociales de la izquierda deberían converger en esta cuestión, explicando a la opinión pública que la deuda se ha convertido en un instrumento de dominación y expoliación. No debe extrañarnos que José Manuel Durao Barroso, ex Primer Ministro de Portugal y actual Presidente de la Comisión Europea, advirtiera que si no se aceptaban las reformas neoliberales, podrían establecerse dictaduras en España, Grecia y Portugal. Jonh Monks, Secretario General de la Confederación de Sindicatos de Europa (ETUC), recreó sus palabras después de una traumática entrevista: “si no se implantan los paquetes de medidas de austeridad, en esos países podría desaparecer la democracia como la conocemos actualmente. No hay otra alternativa”. La izquierda debe responder a esta amenaza reuniendo sus fuerzas políticas y sociales en un frente cívico y popular, con la determinación de conquistar una mayoría capaz de gobernar. Si no lo hacemos, las próximas generaciones nos lo recriminarán. Conviene no olvidar que el fascismo siempre aprovecha las grandes crisis económicas y sociales para convocar a los descontentos y escalar la cima del poder, rentabilizando el miedo y la desesperación. No contribuyamos a abrirle la puerta por no ser capaces de impulsar un diálogo fructífero y esperanzador.
Rafael Narbona
Fuente: www.rafaelnarbona.es