Estaban dispuestos a donar parte de su hígado por dinero. A pasar por las pruebas, por la intervención quirúrgica y por el posoperatorio de un proceso que no está exento de riesgos. La penosa situación económica de nueve personas, todos inmigrantes —siete de ellos en situación irregular—, les llevó a aceptar la supuesta oferta de Hatem Akouche, un acaudalado libanés enfermo hepático, dispuesto a pagar 40.000 euros —más el coste de todas las operaciones— por un fragmento de hígado sano para un trasplante. La operación no llegó a materializarse. El candidato compatible, un ciudadano rumano, no pasó el primero de los tres filtros a los que el sistema español de trasplantes somete a todos los casos de donación en vivo. Pero las nueve víctimas del que es el primer caso detectado de intento de compraventa de órganos en España, se sometieron a intensos análisis previos en la clínica privada Quirón de Valencia para comprobar su idoneidad.
Los nueve candidatos —la mayoría argelinos o marroquíes—, entre los que había dos mujeres, fueron captados supuestamente por los contactos de Akouche en España, según fuentes de la investigación. El libanés y sus cuatro colaboradores —tres familiares y un conocido palestino que residía en España—, detenidos en Valencia en enero, están en libertad con cargos, se les ha retirado el pasaporte y están imputados por un delito de tráfico ilícito de órganos, penado hasta con 12 años de prisión. Las denuncias de la responsable de una ONG que asiste a inmigrantes sin recursos en Valencia destapó el caso. A raíz de esa alerta, la Brigada de la Policía Judicial de Valencia, en colaboración con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), tiró del hilo y descubrió la maniobra.
Akouche, de 61 años y alcalde de la localidad libanesa de Kharayeb, había decidido viajar a España aconsejado por sus médicos que, ante la imposibilidad de someterse a un trasplante en la sanidad de su país —donde apenas se realizan estas intervenciones—, le recomendaron que analizase opciones en Estados Unidos o Europa; a pesar de que la mayoría de los enfermos de la zona suelen acudir a Egipto. El enfermo hepático buscó entonces en España, motivado por la fama del sistema de trasplantes español —líder mundial, donde se hacen 4.200 trasplantes anuales—, y porque tenía red familiar en Valencia. En España, los extranjeros no pueden optar a donación de cadáver. Sí de un donante vivo, que debe ser familiar o allegado, para que haya menos posibilidades de que se trate de una donación interesada. Todas las donaciones deben ser estrictamente altruistas.
Así, una vez en España, el político libanés, ayudado por sus contactos que actuaban como intermediarios, comenzó a buscar posibles donantes que pretendía hacer pasar por amigos cercanos o familiares, según explicó ayer la inspectora jefe de la Policía Judicial de Valencia, Esther Maldonado, en una rueda de prensa en Madrid junto con el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y el director general de la ONT, Rafael Matesanz. Los tres explicaron que esta familia captó a los posibles donantes entre personas sin recursos que frecuentan los centros islámicos de la Comunidad Valenciana. También entre conocidos compatriotas.
Para comprobar cuál de ellos era el más adecuado para la donación, dos de los imputados les acompañaron a la clínica Quirón. Allí, tras comentar que estaban de viaje en España y buscaban un chequeo, se sometieron a todo tipo de pruebas. Desde comunes, como análisis de sangre, hasta otras más específicas como ecografías abdominales, TAC abdominales o volumetrías hepáticas, comprobación indicada solo para pacientes con cáncer hepático o para el trasplante de hígado. Las pruebas, pagadas por los intermediarios, costaron 12.000 euros.
Ahora, a la luz de lo que se descubrió después, fuentes de la investigación consideran “llamativo” que esos procesos médicos pasaran “desapercibidos”. La clínica, sin embargo, no está siendo investigada. Los responsables del centro privado aseguran que nunca sospecharon de que ocurriese nada extraño. Explican que las visitas de los potenciales donantes se prolongaron a lo largo de “varias semanas” y que fueron “de uno en uno”, informa Jaime Prats. Sostienen que ninguna de las pruebas que se hicieron —“comunes”, dicen— podía hacer sospechar que su intención fuese vender parte de su hígado para un trasplante; intervención que tiene un 20% de riesgo de complicaciones para el donante.
De esos análisis médicos surgieron dos candidatos compatibles: una argelina de 28 años y un hombre rumano. La mujer fue descartada. Fundamentalmente por motivos médicos (después se detectó que estaba embarazada), aunque fuentes del caso apuntan también que Akouche, musulmán, prefirió un donante hombre. Fueron, sin embargo, las confidencias de la argelina a la empleada de una ONG las que pusieron en marcha la investigación.
Esas pesquisas han permitido, después, constatar que el acaudalado político libanés llegó a acudir con su candidato al Hospital Clínic de Barcelona (a Barna Clínic, su parte privada), uno de los tres centros de España que realiza estas intervenciones. Al parecer Akouche había elegido ese centro y a su jefe de cirugía general y digestiva, Juan Carlos García-Valdecasas, porque fue allí donde el jugador del Barça Eric Abidal se sometió a un trasplante similar.
Una vez en el centro sanitario, comenta el director de la ONT, paciente y candidato explicaron a los médicos que el donante era el novio de su sobrina, y que ambos tenían una relación estrecha. No se lo pareció al coordinador de trasplantes del Clínic que, tras la entrevista con el candidato, determinó que el rumano no era lo suficientemente cercano. El caso, destaca Matesanz, no llegó a iniciar siquiera el segundo de los filtros: el análisis del comité de ética del hospital —el tercero es el juez—.
Matesanz, sin embargo, explica que la liebre sobre el posible delito no se levantó en ese momento, porque los rechazos de candidatos no son infrecuentes. “Se producen incluso entre miembros de una familia porque no se considera que el donante esté seguro de su decisión, o porque se crea que puede estar sufriendo la presión social para donar”, dice.
Tras el rechazo, los médicos de Barna Clínic aconsejaron a Akouche que buscase un donante entre su familia. Sobre todo entre sus hijos. Uno de ellos, que los médicos de Líbano descartaron al inicio porque su hígado podía ser demasiado pequeño, resultó ser finalmente el donante compatible, y el político libanés se sometió a su trasplante. Una intervención —esta sí, legal— por la que pudo pagar hasta 130.000 euros en Barna Clínic. Akouche, que volvió a su país tras la intervención, fue detenido en el aeropuerto de Manises (Valencia). Volvía para una revisión porque no se imaginaba que las autoridades investigaban su caso.
Para la ONT y la policía, el caso evidencia que los controles del sistema funcionan. También que ningún país está a salvo del tráfico de órganos, “una lacra del siglo XXI”, apuntó Matesanz. “Esto hará que muchos profesionales sean todavía más conscientes de los riesgos del fraude”, añadió.
Fuente: www.elpais.com