El pasado 18 de febrero me pilló preparando un viaje a Londres. Quería explorar algunos fondos de los Archivos Nacionales británicos. En tres días, gracias a la tablet, tomé 2.300 fotografías de documentos. Los archiveros me tenían preparados 18 legajos previamente identificados. Los cincuenta restantes los pedí sobre la marcha. Incluso me dio tiempo para presentar en la London School of Economics, en el seminario de Paul Preston, un resumen del estado de mis investigaciones sobre mi próximo libro.
En ese mismo día, en una reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados se debatió, y rechazó por 23 votos, todos del PP, contra 15 una proposición no de ley sobre reapertura del acceso a archivos. Al final de este post daré los vínculos correspondientes para que los lectores que quieran ver el desarrollo de las discusiones puedan hacerlo sin dificultad.Los investigadores españoles y extranjeros debemos estar agradecidos al Grupo de Izquierda Unida, motor de la proposición, por querer convencer al Gobierno del PP de cosas tan espantosas y temibles como las siguientes: i) que el Estado español no incumpla las recomendaciones del Consejo de Europa en materia de acceso archivos públicos (el lector supondrá que tan augusta Asamblea no es un nido de izquierdistas ni de revolucionarios impenitentes); ii) que deje sin efecto un acuerdo del Consejo de Ministros no publicado del 12 de octubre de 2010, una de las mayores patochadas en este campo del Gobierno Rodríguez Zapatero, y de fundamentos jurídicos más que endebles; iii) adoptar las medidas oportunas para permitir de nuevo el acceso a los documentos que, a tenor de dicho acuerdo, afectan a fondos de incluso hasta el siglo XVIII (período muy peligroso, ya lo vieron así Franco y sus acólitos); iv) dotar de medios a los archivos General de Administración e Histórico Nacional para reabrir en ellos la consulta; v) desclasificar los documentos de defensa que había dejado ya preparados la ministra Chacón (ignoramos su posición respecto al acuerdo que cerraba otros, incluidos los del siglo de las Luces), etc..
Todos los intervinientes, salvo por parte del PP, se mostraron acordes con la proposición no de ley. Incluso el PSOE, cuyo representante (Alex Saez) lo tenía difícil ya que el PP se escuda en el acuerdo de 2010 que él, ciertamente, no tomó. Al escuchar las respectivas intervenciones me parecieron muy notables las del Grupo Vasco (Aitor Esteban), UPyD (Irene Lozano) y CiU (Jordi Xuclà). Razonables y coincidentes todas con el hecho de que ese cierre no es compatible con la “marca España” que tanto le gusta promocionar al Gobierno y cuyas afirmaciones de que el tema está en estudio (repetidas a lo largo de un año o año y pico) son escasamente creíbles. El proponente por IU (Joan Josep Nuet) hizo una buena defensa del texto sometido a discusión y planteó, lo que yo también habría hecho, el tema fundamental: ¿qué hay detrás de la cerrazón del Gobierno? Los motivos, obviamente, no pueden ser los mismos que tuviera el anterior, que por cierto nunca se han explicitado (quizá el PSOE lo haga algún día aunque me temo que dará gato por liebre pues según mis noticias fueron absolutamente grotescos).
El señor Nuet se preguntó (yo también me lo pregunto) si por azar las razones no tendrían algo que ver con las conexiones entre el anterior régimen y los regímenes fascistas o con el temor de que aparezcan nombres. Fue muy correcto. Para mí se trata de un caso claro de temor o, mejor dicho, de pavor al pasado, a la historia, a lo que los historiadores descubramos.
Naturalmente, para evitarlo hay que destruir documentos. Ya se hizo en los años de la transición. Se afirma que alguno de sus promotores se sienta hoy en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. En la actualidad sería más difícil destruirlos porque en el AHN y el AGA, archivos serios y dirigidos profesionalmente, la operación no quedaría oculta. Se trata, no lo olvidemos, de centenares de miles de documentos.
Si los documentos no se destruyen, lo único que se gana con su cierre es tiempo. Quizá es lo que interesa al PP. La diputada popular que se opuso a la proposición no de ley, Gema Conde Martínez, no fue muy afortunada en su argumentación, que supongo es la del Gobierno: los documentos se habrían transferido al AHN y al AGA para facilitar su acceso; convendría seguir estudiando para ver cómo actualizar el acuerdo (no olvidemos que pirata y secreto) del Consejo de Ministros; hay que examinar pormenorizadamente los documentos para ver los que pueden desclasificarse (antes del acuerdo todos eran accesibles) y si cumplen con la normativa vigente (antes se suponía que sí, ya que los aspectos no accesibles estaban perfectamente delimitados). Claro que eso dependería de la coyuntura económica porque tales acciones necesitan de medios materiales y humanos y ahora, ya se sabe, desgraciadamente la herencia que dejó el PSOE no lo permite. En cualquier caso, que el pueblo soberano no tenga la menor duda: no se trata de no querer facilitar el acceso. Felicito de todo corazón a la señora Conde Martínez por su manejo de la neolengua orwelliana.
Ahora bien, si lo que el PP teme es que sus progenitores históricos no queden bien parados lo tiene mal. En los archivos alemanes, británicos, franceses y norteamericanos los fondos relativos a los años de la dictadura están ya abiertos. Al menos en Kew (Surrey) hay material más que suficiente para sacar los colores a muchas figuras prominentes del “anterior régimen”, nacionales y locales. No hay que olvidar que la red de consulados británicos era bastante densa. Mientras tanto, no entonaremos un ¡viva la santa ignorancia! y diremos al partido del Gobierno que el cierre de los archivos no destruirá la búsqueda en pos del conocimiento del pasado.
Laus Deo!
Angel Viñas
Vínculos: Orden del día – sesión del 18.02.2014
Fuente: Ángel Viñas
