La utilización de simbología franquista seguirá sin castigo tras la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. El Ministerio del Interior ha confirmado que no bastará la mera exhibición de banderas o emblemas de este tipo para cometer una infracción grave, sino que las Fuerzas de Seguridad deberán entender, además, que con ello se incita a la violencia o se está justificando el odio.
El artículo 16 del anteproyecto aprobado en el último Consejo de Ministros castiga con multas de entre 1.001 y 30.000 euros las expresiones o el uso de banderas y otros símbolos que “inciten, promuevan, ensalcen o justifiquen el odio, el terrorismo, la xenofobia, el racismo, la violencia contra la mujer o cualquier otra forma de discriminación, siempre que no sean constitutivas de delito”. El Ministerio del Interior, por contra, no considera que la sola exhibición de la bandera impuesta por la fuerza en España durante cuarenta años incite al odio o la violencia, según fuentes de ese departamento.
Fuentes jurídicas destacan la dificultad de los tribunales para condenar en casos de exaltación del franquismo o el nazismo, debido a la ausencia de un “bien jurídico protegido”, es decir, de un colectivo al que se reconozca legalmente perjudicado por esa apología.
El pasado octubre, el Grupo Popular tumbó con su mayoría en el Congreso una moción de CiU, consensuada con PSOE, IU, UPyD y UPN, para que el nuevo Código Penal incluyera los delitos de “apología y enaltecimiento del franquismo”. El PP se escudó entonces en las referencias genéricas que hará el nuevo Código Penal a ideologías totalitarias.
Multa por la "ofensa a España"
La laxitud con las banderas del anterior régimen y otros símbolos de la Dictadura contrasta con las fuertes multas de hasta 30.000 euros que el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana reserva para las denominadas “ofensas a España”. En el mismo capítulo de infracciones graves, un artículo castiga las “ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito”.
Francisco Martínez, el número dos de Interior, se refirió a este artículo asegurando que la Administración se debe reservar el derecho de castigar “determinadas conductas que atacan a un bien jurídico que debemos proteger: nuestros símbolos constitucionales y todo lo que rodea a la imagen de España”.