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El mercado laboral del Partido Popular: Miedo y Explotación.

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España es el segundo país de la Eurozona con un mayor índice de desempleo. Según la Encuesta de Población Activa estamos con más de un cuarto de la población activa en situación de desempleo: 6 millones de personas que podían estar trabajando se encuentran con que su gobierno es incapaz de proporcionarles oportunidades para encontrar un empleo. Ya de por sí, además de un atentado contra uno de los derechos fundamentales del ser humano, es un atentado contra la Constitución Española. Cito los artículos:

Artículo 23 de la Declaración de los Derechos Humanos:

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Artículo 35 de la Constitución Española:

1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 

2. La ley regulará un Estatuto de los Trabajadores.

Con estos mimbres, el pueblo español podría llevar ante la Corte Penal Internacional al Gobierno del Partido Popular por atentar gravemente contra los Derechos Humanos al ser responsable de la situación del empleo y de impedir a los españoles, seres humanos al fin y al cabo, poder acceder a un puesto de trabajo. De igual modo, se debería denunciar ante el Tribunal Constitucional español, por mucho que esté presidido por un militante del PP, al Gobierno Rajoy por la misma razón. 

Esta incapacidad para generar estrategias de efectividad real para los ciudadanos que generen empleo no es producto de la inutilidad de la ministra de Empleo ni de su gabinete, sino que es parte de la estrategia de imposición de las teorías neoliberales sobre el mercado laboral y las relaciones entre trabajadores y patronos.

Primero aprobaron una Reforma Laboral redactada por la CEOE con un abaratamiento salvaje de las indemnizaciones por despido, eliminación de los salarios de tramitación en caso de que el despido sea judicializado, ERE’s más simples y rápidos, más causas para implementar un ERE, periodos de prueba de un año (cuando antes eran de un máximo de 6 meses), práctica eliminación de la negociación colectiva a la hora de negociar los convenios y la posibilidad de que los convenios que hubieran superado su vigencia porque las negociaciones de renovación estuvieran estancadas quedaran derogados, y un largo etc. Es decir, Mariano Rajoy y Fátima Báñez nos impusieron una Reforma Laboral que quitaba derechos a los trabajadores para darles privilegios a los empresarios. Esto ha repercutido en un aumento del desempleo por la rapidez de las empresas a la hora de implementar las medidas de la Reforma.

Tras su victoriacon la Reforma Laboral la CEOE no ha dejado de lanzar mensajes que el gobierno ha ido recogiendo y que va introduciendo en el BOE de manera subrepticia y sin dar explicación alguna en el Parlamento. Un ejemplo lo tuvimos en el RD Omnibús del 3 de agosto de 2013, donde se elimina la posibilidad de judicializar un ERE o un despido colectivo. Es decir, otra reivindicación de la CEOE que pasa a ser ley. La CEOE ha pedido a través de distintos mandatarios la eliminación del Salario Mínimo Interprofesional, la supresión de las licencias de los trabajadores, como, por ejemplo, los días por fallecimiento o enfermedad de un familiar directo, la flexibilidad contractual que lleva a la precarización de contratos indefinidos en contratos precarios, bajada de las pensiones, subida de la edad de jubilación y un largo etc. Por otro lado, la Comisión Europea y el FMI dan como solución para la creación de empleo en España la bajada de los salarios, salarios que están muy por debajo de la media europea. Es decir, que la solución para crear empleo es la pérdida de todos los derechos que la clase obrera ha logrado gracias a su lucha constante contra la explotación por parte de los patronos. En resumen: la solución que ofrece la derecha, tanto española como europea y las entidades supranacionales es convertir España en el Bangladesh europeo. Todo esto aderezado con un mensaje que suena a chantaje: O hacéis lo que pedimos o no se creará empleo.

Todo esto sigue una estrategia predeterminada que debe partir inevitablemente de un concepto: el empobrecimiento de la clase obrera y de la clase media para que la necesidad de ingresos haga que haya conformismo ante las condiciones laborales. El proceso es sencillo: primero se hace que el trabajador, independientemente del perfil laboral que tenga, pierda su empleo. Ahora con la Reforma Laboral el despido apenas tiene coste para el empresario y ese trabajador es sustituido al instante por otro que tiene unas expectativas salariales mucho más bajas, con lo que el patrono ya tiene beneficio. Una vez perdido el empleo, el trabajador cobra el subsidio por desempleo que le corresponda, es decir, un 70% de su base de cotización durante los primeros 6 meses y un 50% a partir del séptimo mes. Por tanto, un trabajador que cobrara un salario bruto de 1500€ percibirá 900€ brutos de subsidio durante los primeros seis meses y 750€ brutos a partir del séptimo. A esto se le suma que la prestación por desempleo tiene una duración máxima de 24 meses. Los neoliberales dicen que esta reducción está realizada para incentivar al parado a buscar trabajo de forma activa y no a convertirse en parásitos del Estado, ya que un parado para un neoliberal es un gorrón y un vago, además de un ente al que se puede criminalizar, tal y como están haciendo el Partido Popular y la presunta ministra de Empleo Fátima Báñez. Tal y como está el mercado laboral actual, encontrar un nuevo empleo se convierte en una odisea que deja el viaje de Ulises en una pequeña aventura, lo que hace que muchos trabajadores finalicen el periodo de su subsidio y tengan que recurrir al Plan Prepara, una pequeña pensión de 432€, si es que tienen derecho a percibirla. Aquí ya nos encontramos a trabajadores que están cobrando por debajo del SMI a pesar de que sea una prestación estatal. Es decir, que tenemos a trabajadores por debajo del umbral de la pobreza, puesto que con esa cantidad no se puede vivir. El objetivo del Partido Popular y de la CEOE en esta estrategia de empobrecimiento está conseguido. 

La CEOE dice que la reordenación del mercado laboral tiene que estar orientado hacia sectores del comercio exterior. La economía española debe estar basada, según ellos, en las exportaciones tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, para poder competir en el exterior los precios de venta de los productos deben ser competitivos, es decir, bajos y para que se pueda poner un precio de venta bajo deben bajar los salarios y modificarse las condiciones laborales de los trabajadores. La CEOE lo que pide es que se legalice la explotación laboral: más de 40 horas semanales, salarios por debajo del SMI, ningún derecho del trabajador, ninguna licencia, contratos temporales y precarios, minijobs, etc. La CEOE lo que quiere es una vuelta al siglo XIX en lo referente a las relaciones laborales o una «blangladeshización» de nuestro mercado laboral para poder competir con países condenados por Amnistía Internacional o la OIT por explotación laboral y de ese modo atraer inversiones. Con esta receta el desempleo bajará, dicen ellos. No obstante, ¿a qué precio?

Tanto el trabajador que tiene el privilegio de tener un empleo, como el que está cobrando la prestación de desempleo o el Plan Prepara vive con el miedo a perder todo lo que tanto trabajo le ha costado conseguir porque en este país caer en el pozo de la pobreza extrema es posible y verosímil. En España hay más de 1,5 millones de personas que no perciben ingreso alguno y que llevan más de dos años en el paro. La situación hace que los trabajadores bajen las orejas y sean sumisos ante la explotación laboral. Vemos contratos, salarios y cotizaciones de media jornada mientras que la jornada real puede superar las 14 horas diarias. Ante estos abusos el trabajador hace lo que el explotador le dice porque sabe que detrás de él hay miles que lo harán y, por lo menos, tiene un empleo, aunque sea precario-temporal, y un salario, aunque sea mucho menor del que debería estar cobrando. Es decir, que los costes salariales para esos patronos esclavistas son bajísimos y sus beneficios crecen dado que el trabajo que deberían hacer dos personas lo saca adelante una y por una cuarta parte del salario que le correspondería. Ante estos abusos el Gobierno de Mariano Rajoy con su presunta ministra de Empleo aplauden. Mejor es un mal trabajo que ninguno, dicen a través de Juan Rosell. 

El Partido Popular, el brazo político de la CEOE, la Batasuna de los Empresarios, está de acuerdo con estas propuestas. No tenemos más que ver que las reivindicaciones de la CEOE son escuchadas y trasladadas a Decretos Ley mientras que las de los sindicatos son desestimadas porque no es el momento. Su objetivo principal es eliminar todos los derechos a los trabajadores para que la CEOE pueda explotar bajo el paraguas de la ley. Esta es su solución para generar empleo.

Y mientras esto ocurre, la clase obrera duerme y no sale a la calle a reclamar justicia, a reclamar lo que es suyo y que este gobierno ultraconservador les quiere arrebatar. El Partido Popular le tiene miedo a la calle, pero también tiene la seguridad de que no pasará nada ya que no hay nadie que canalice de veras el descontento popular. En este caso deberían ser los sindicatos. Sin embargo, en España tenemos unas organizaciones sindicales aburguesadas a las que se les debería caer la cara de vergüenza llamarse representantes de los trabajadores. Con la estrategia de destrucción de derechos de los trabajadores, con la Reforma Laboral y su recrudecimiento por el Real Decreto del 3 de agosto del 2013, unos sindicatos dignos de llamarse así hubieran quemado la calle, como hicieron en otros tiempos, como harían los sindicatos franceses o británicos. Me da mucha envidia cómo las organizaciones sindicales brasileñas sacaron a la calle a la ciudadanía por una pequeña subida del precio del billete de autobús y la presión hizo retroceder al gobierno de Rouseff. Aquí estamos con la estrategia de lucha obrera de la puntita nada más. Unas manifestaciones cada varios meses, cuatro gritos desde un estrado, un manifiesto y ya. Eso a Rajoy y su presunta ministra de Empleo se la trae al pairo. Sin embargo, con una lucha obrera real, con la calle ardiendo las cosas funcionarían de otro modo porque de esta manera el miedo pasaría al gobierno. ¿Cómo es posible que no se hayan convocados más huelgas generales desde la del 14 de noviembre de 2012? Unos sindicatos serios y valientes ya hubieran convocado al menos 4, una por trimestre, y de más de un día. Pero no, estamos con la estrategia de la puntita nada más, de la negociación. Primero la movilización y luego, con la fuerza de la calle a hombros, a negociar. Como en la política, faltan líderes en los sindicatos.

Los españoles estamos abocados a vivir en condiciones como en Vietnam, Bangladesh, Thailandia o Taiwan gracias a Rajoy y a su presunta ministra de Empleo. Y la clase obrera, de brazos cruzados. Así ellos ganarán y los trabajadores perderemos todo lo que tanto trabajo y sacrificio ha costado lograr. 

Por tanto, el mercado laboral que quieren el Partido Popular y la CEOE es el mismo que impera en Asia y que tiene un nombre: explotación laboral.

José Antonio Gómez

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