El relator presentó esta semana su informe sobre España ante el Consejo de Derechos Humanos, en el que critica que el Estado no haya resarcido globalmente a las víctimas de la guerra civil y la dictadura.
La respuesta del Gobierno español la proporcionó el miércoles la embajadora de España ante la ONU en Ginebra, Ana María Menéndez, quien puso especial hincapié en señalar que la ley de Amnistía, de 1977, fue votada con un amplio apoyo social y con absoluto consenso político.
El documento de la ONU sigue la línea defendida por el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien compareció en noviembre ante este Comité para defender que las desapariciones forzadas durante la guerra civil y el franquismo son "delitos permanentes, que no prescriben". El exjuez de la Audiencia Nacional abrió una causa para investigar los crímenes del franquismo, a pesar de la oposición de la Fiscalía y fue absuelto del delito de prevaricación en este caso.
En una rueda de prensa convocada este viernes, De Greiff asumió que "es cierto que en la sociedad española hubo una movilización muy fuerte en la ley de amnistía", aunque destacó el objetivo primigenio de la misma.
"La ley fue primordialmente concebida para sacar de la cárcel a quienes fueron hechos prisioneros por el régimen. Leyendo las actas de los debates parlamentarios queda claro que la introducción de un artículo que le daba inmunidad legal a los oficiales franquistas fue una discusión tardía", señaló.
Dicho esto, el relator aseguró que "el debate no debería centrarse sobre los detalles históricos de la ley, sino sobre cuáles son las interpretaciones defendibles de esa ley en el momento actual en España".
"Y parte del punto que hago en el informe es que hay interpretaciones posibles que se ajustan a los requisitos del derecho y que permiten al sistema judicial ser accesible a las demandas de justicia de los ciudadanos", afirmó De Greiff.
"Y estas no son ni interpretaciones estrambóticas ni desconocidas, sino que incluso cortes españolas las han aplicado, como queda perfectamente claro en los casos de [Adolfo] Scilingo y [Augusto] Pinochet", explicó.
"[Estos casos fueron] decididos por tribunales españoles, donde aun enfrentando leyes de amnistía como las de Argentina y Chile los jueces encontraron una forma perfectamente razonable y defendible de hacer compatible las vigencias de estas leyes y la posibilidad de iniciar investigaciones judiciales en contra de los acusados", aseveró el relator.
Por otra parte, De Greiff también se refirió a la ley de Memoria Histórica de 2007, esgrimida por Menéndez para defender la política del Gobierno español en lo que se refiere al mandato del relator.
El experto dijo que para evitar debates estériles sobre si se está aplicando o no, y si es efectiva o no, lo que debería hacer el Estado español es redactar un informe sobre su implementación y lo que se ha conseguido desde que está vigente.
Precisamente, uno de los puntos que aborda esta ley es el de los símbolos, aspecto destacado en el informe.
De Greiff considera que "son especialmente dolorosos para las víctimas porque vanaglorian al régimen que violó sus derechos".
Por ello pidió su remoción o "resignificación", especialmente en el caso del Valle de los Caídos.
El relator dijo que hay que mantener el monumento pero contextualizándolo y dándole una explicación pedagógica de cómo fue concebido, construido y lo que significaba.
Asimismo, se mostró a favor de remover los restos del dictador Francisco Franco, enterrados allí.
"El espacio público y monumental tiene que respetar la historia y los derechos de todos", afirmó.
Finalmente, De Greiff respondió a Menéndez respecto al comentario de la embajadora sobre que "la garantía de no repetición" se sustentaba en la consolidación de la democracia española.
"Precisamente porque no existe ningún riesgo de quiebra institucional por parte de las Fuerzas Armadas, es que creo que el Estado tiene muchísima más oportunidad para avanzar en el reconocimiento de los derechos de todos", aseveró.
"La fortaleza de las instituciones democráticas queda mucho más reflejada en la forma en cómo abordan positivamente las peticiones de los ciudadanos que en su capacidad de dejar ciertos temas fuera de la agenda pública", concluyó.
En esta línea, la asociación Jueces para la Democracia ha denunciado este viernes que el Gobierno obstruye e incumple lo establecido en la Ley de Memoria Histórica y ha expresado su apoyo a las víctimas del franquismo, muchas de ellas de avanzada edad y que tienen derecho a una reparación adecuada de su sufrimiento.
Su portavoz, Joaquim Bosch, reclama que se destine dinero público para exhumar e identificar a las víctimas de las desapariciones forzadas durante la guerra civil y el franquismo: "Un Estado democrático no debe tolerar que sigan existiendo decenas miles de víctimas de una dictadura en fosas comunes junto a cunetas".
Fuente: www.publico.es