La plataforma de asociaciones para la memoria histórica de Aragón, constituida para aunar esfuerzos, solicitará a las entidades locales que rindan homenaje a los 800 concejales asesinados en el territorio aragonés por desempeñar un cargo público al comienzo de la Guerra Civil española (1936-1939).Esta será la primera actuación planteada por una plataforma, que se ha presentado hoy oficialmente en Zaragoza, y que está formada por cinco asociaciones para la memoria histórica y dos fundaciones -María Moliner y Bernardo Aladrén-.
Con el objetivo de que esta plataforma no sea sólo una declaración de intenciones, varios representantes han entregado un escrito a la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) para reivindicar la memoria de parte de esos 800 concejales asesinados, que además fueron representantes de la institución provincial.
Se trata de unas quince personas, algunos de ellos funcionarios suspendidos de empleo y sueldo y fusilados después como Celestino Gonzáles (Agosto, 1936), Nicolás Artal (septiembre, 1936) y Mariano Belbés (septiembre, 1936), ha explicado a Efe el presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA), Enrique Gómez.
Entre ellos, figura también el que fuera presidente de la DPZ en 1936, Manuel Pérez Lizano, médico y miembro de la coalición republicano-socialista en los comicios municipales de 1931 por el distrito de San Miguel, que fue asesinado en Zaragoza el 12 de agosto del 36, a los 38 años de edad.
También, el vicepresidente de dicha institución, Antonio Plano, carpintero y alcalde de Uncastillo (Zaragoza) por el Partido Socialista Obrero Español, asesinado en su localidad natal el 5 de octubre de 1936 a los 40 años.
Y otros diputados de la institución como Ángel Arturo, representante del distrito Calatayud-Ateca; Fermín Corella, de Tarazona-Borja o Enríquez Mingue, de Belchite-Daroca, todos ellos asesinados en 1936 por el bando golpista, decidido a acabar con las instituciones democráticas de la República, ha puntualizado Gómez.
El escrito entregado hoy sostiene que la Diputación de Zaragoza fue una víctima más de este crimen sistemático y, por ello, solicita que se organice un acto institucional solemne de reparación moral y de recuerdo de estas personas asesinadas.
"Queremos que los grupos reconozcan públicamente a esos cargos públicos que fueron asesinados por el hecho de ser representantes políticos y democráticos en 1936, porque, aunque parezca mentira, no se ha hecho nunca en Zaragoza", ha apuntado.
La plataforma llevará esta misma reivindicación a las diputaciones provinciales de Huesca y Teruel y a los ayuntamientos, entre ellos el de la capital aragonesa, para recordar a los ochocientos concejales muertos.
Todo ello en un momento en el que, según ha señalado Gómez, no cuentan con el respaldo del Gobierno autonómico que, a inicios de esta legislatura, decidió no continuar con el programa Amarga Memoria.
En Aragón hay al menos quinientas fosas de la Guerra Civil que, según reivindica esta plataforma, deberían al menos ser localizadas e identificadas.
Fuente: www.lavanguardia.com
