«Respuesta a Pablo de Greiff: España sí tiene una política de estado hacia las víctimas del franquismo»
Pedro A. García Bilbao es miembro del Foro por la Memoria de Guadalajara y de la COORDINADORA CONTRA LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO
Se equivoca don Pablo de Greiff, a la sazón «Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición» de reciente visita en España, al señalar que debe existir una política de estado hacia las víctimas del franquismo. Ya existe; lo que ocurre es que es una política que busca preservar la impunidad de los verdugos y de todos los que se han beneficiado con los crímenes, una larga lista que llega hasta el día de hoy. Pudiera ser que su condición de diplomático sea la que le lleva cometer este desliz de apreciación. Pudiera ser, pero de lo que no cabe duda es que ha marchado notablemente sorprendido de la esquizofrenia brutal que sufre la sociedad española en este tema, con unas instituciones políticas y una clase dirigente convencidos de vivir en el mejor de los mundos posibles y la realidad de tanto crimen y tanta injusticia sin esperanza cercana de reparación.
En España, en 2014, el régimen se basa en la impunidad del franquismo y exige, para que se mantenga la apariencia de democracia, que el olvido, el expolio, la desmemoria y la injusticia sigan sin ser cuestionados. Como mucho se permite ahora que cuando se localice algún cuerpo en alguna olvidada cuneta se le pueda ofrendar algún homenaje, privado, por supuesto o como alegremente hace la Junta de Andalucía, se declaren sin más lugar de memoria los escenarios de los crímenes. Y es que llenar el territorio de lugares de memoria y no avanzar en la justicia lo único que logra es que los verdugos sigan lanzando día tras día un mensaje: mirad las fosas, están por todas partes y nosotros y los nuestros seguimos impunes, tomad nota.
Hay una confusión enorme en España sobre este asunto. Es tanto el dolor no resuelto que cualquier cosa, cualquier detalle es recibido como un avance, pero lo cierto es que no se ha producido todavía, a fecha de 2014, ninguno realmente significativo. Cuestiones básicas tales como declarar nulos los tribunales y las sentencias asesinas que dictaron los golpistas es, sencillamente, impensable.
Sr. de Greiff, claro que hay una política de Estado hacia las víctimas, no lo dude usted. El Sr. Jáuregui del PSOE y el Sr. Llamazares de IU-PCE podrían habérselo explicado fácilmente: hay líneas que no se pueden traspasar en esto de la memoria y cuando las contradicciones empiezan a acumularse y la presión sube, empiezan a funcionar las dinámicas de la «Política de Estado». Ocurrió con la tan particular Ley de Memoria que olvidaba considerar ilegal al franquismo e ilegales las sentencias, por no hablar ya de su «olvido» de resarcir a las víctimas de lo que fue el gran expolio al que se sometió a medio país tras la guerra, o del olvido de las grandes empresas cómplices de la dictadura; sí, aquella Ley es un buen ejemplo de «política de estado». Suponemos que el Sr. Relator de Naciones Unidas no se refiere a una de ese tipo; para él política de estado debe significar una actuación legal de apoyo a las víctimas y enjuiciamiento de los criminales que surja de un consenso básico antifascista, por encima de partidos y siglas. Va a haber que desengañarle, de eso no hay en España.
Sobre la Comisión de la Verdad
Nos dice igualmente el Sr. de Greiff que podría ser positivo algún tipo de Comisión de la Verdad. Esto debe ser prueba de la sensación de impotencia y de hundimiento moral del Sr. Relator ante la dura realidad española. Las Comisiones de la Verdad cambian verdad por justicia, y en España lo que necesitamos es Justicia, la verdad ya la conocemos. Una Comisión de la Verdad, en un estado como el español actual, estaría al servicio de las políticas de impunidad que fundamentan este estado. Nuestra «democracia» más o menos formal estaría encantada en algún tipo de Comisión con el cometido de llevar todo esto al terreno privado, sentimental y familiar y, a ser posible, lo más «equidistante» y «apolítico posible». Y no olvidemos, por añadidura, que los partidarios de la tal Comisión de la Verdad tampoco se ponen de acuerdo, para unos debiera ser una reunión de «expertos» que oyese a los familiares y elaborara un sesudo dictamen con muchas recomendaciones y ninguna obligación, para otros debiera de ser un instrumento de la Justicia —ignorando que jueces y fiscales son los que deben actuar en esto—, y para otros, pásmense, debería ser una «comisión parlamentaria»; ¡un parlamento que no ha podido ni querido declarar ilegal el franquismo organizando una comisión sobre la «verdad» de sus crímenes! El propio Sr. Relator fue testigo en la última sesión celebrada con él en España de esta humorada de los partidarios de la Comisión de la Verdad, incapaces por completo de ponerse de acuerdo no ya en la definición de lo que es una comisión de ese tipo sino en el objetivo de su existencia; y es que si entre los que defienden esa comisión hay ciertamente gente honrada que busca justicia, cada día está más claro que en la génesis de la idea y en lo fundamental de su impulso lo que hay es cómplices de la impunidad; el peso de los intentos por cerrar el avance de la lucha memorialista contra la herencia criminal del franquismo en el día de hoy ha pasado del PSOE de la Ley de Memoria con su adalid el Sr. Jáuregui, a Izquierda Unida, otra respetable organización imbuida de sentido de estado; fueron imprescindibles para darle oxigeno a una ley cortafuegos que nació muerta, y hoy, que ya es patente el alcance de todo esto, lo son para desviar a Argentina la lucha por la Justicia, proteger el gran «triunfo antifascista» que fue la Ley de Amnistía (Enrique de Santiago dixit) y llenarlo todo de «lugares de memoria» que perpetúen el recuerdo de la represión. La principal tarea de estado que parece tener hoy Izquierda Unida-PCE es separar de la política actual, —institucional, parlamentaria, electoral, de masas, todas ellas—, de las enseñanzas de la memoria, la primera de ellas es que la República es el único régimen legítimo, por mucho que la legalidad actual la mantenga en el destierro: y eso es mucho más de lo que algunos desean que se sepa. Y es que puesto que el régimen actual se basa en la impunidad del franquismo, ser coherente políticamente con eso implicaría un desafió que no desean asumir.
Pese a a una cierta confusión sobre lo que realmente se oculta en España bajo esta fachada de democracia, el Sr. relator dice con claridad que hay que suspender los efectos de la Ley de Amnistía; es decir, háganlo como quieran, pero que no pueda seguir siendo empleada para proteger a los verdugos. ¿Por qué dice esto? Pues porque se está empleando a día de hoy con ese objeto. Es curioso, pese al rotundo rechazo a la Ley de Amnistía no se ha producido ninguna dimisión en Izquierda Unida, incluso el eurodiputado W. Meyer se ha permitido hasta estar de acuerdo públicamente con el Sr. Relator sobre lo de retocar el alcance de los efectos de la Ley de Amnistía, una ley que benefició a unos 49 presos antifranquistas —ya habían salido antes los demás— y a todos, absolutamente todos, los franquistas.
Las contradicciones se acumulan, pero no, no dimite nadie: no nos sorprende que los que siguen empeñados en decir que la Ley de Amnistía no hay que tocarla e impulsan hacia Argentina la búsqueda de justicia —procurando hacer olvidar que es aquí donde hay lograrla— no se hayan dado por aludidos. Su juego es desviar las contradicciones, jugar con los sentimientos de la gente y procurar a toda costa un debate público sobre todo esto. Aterra observar que algunos de los mismos que siguen actuando como cómplices necesarios para el mantenimiento de la impunidad coincidan con los que están diseñando la política electoral de Izquierda Unida y su política de alianzas. En «Podemos» no está la cosa mucho mejor, no se piense: esto es un tema «secundario» para ellos, que da mucho juego ante un fascista de diseño en una tertulia amañada, pero que explotaría ante un debate que no ocultase las contradicciones.
De Greiff es colombiano y su viaje a España le ha sorprendido, no esperaba lo que ha encontrado. Es demasiado increíble, le comprendemos. Que sectores conservadores postfranquistas no quieran ni oír hablar de todo, era previsible, que el estado español no lo tenga por prioritario también lo era, pues si fuese más proclive a este tema, el Sr. Relator no hubiera tenido que venir, pero que entre las filas de la izquierda haya tal grado de complicidad, eso sí que sorprendería a cualquiera.
Por supuesto que los principales inspiradores y beneficiados de la política de estado de la impunidad es la derecha española realmente existente, que no se diga que sólo criticamos a la izquierda. No es eso lo que estamos haciendo. Lo que decimos es que las políticas de impunidad necesitan cómplices. Y lo terrible es que los hay. Obligación de todos es combatirlo y denunciarlo.
Sr. Relator de la ONU, usted, con las restricciones de su puesto, ha dicho lo que tenía que decir; es tarea nuestra, de los españoles, luchar para conseguir justicia, verdad y reparación y conseguirlas en nuestro propio país. Y si queda de manifiesto que las políticas de estado lo que hacen es perpetuar la ignominia, lo que debemos hacer es cambiar, no de políticas, sino de estado. La monarquía no traerá ni verdad, ni justicia, ni reparación, lo ha demostrado. Esto no lo dirá el diplomático Sr. Relator de la ONU, lo debemos decir nosotros: Necesitamos la República.