Abortar en caso de enfermedad del feto será casi imposible

La enfermedad fetal ya no será un supuesto, sino que la madre tendrá hasta la semana 22 de gestación para alegar que esa situación afecta a su salud psíquica

Especialistas en Diagnóstico Prenatal advierten de que las anomalías en los fetos se detectan entre las semanas 18 y 22 y que, con la complicación de los trámites, entrar dentro del plazo es muy improbable

Después de la semana 22 será imposible abortar a menos que se acredite riesgo vital para la madre o una patología incompatible con la vida

Que la reforma de la ley del aborto del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, vaya más atrás de 1985 puede tener consecuencias graves incluso para aquellas mujeres que sí desean ser madres. Los especialistas advierten de que el proyecto deja en una absoluta indefensión a las embarazadas que se enfrentan a una enfermedad grave del feto. Es más, aseguran que, tal y como está redactada, la futura ley será inaplicable en estos casos.

El anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada permite el aborto hasta la semana 12 de gestación en el caso de violación y hasta la 22 si existe "riesgo para la salud física o psíquica de la mujer".

La malformación fetal desaparece como supuesto, de manera que el límite para interrumpir un embarazo en el que se detecte una anomalía en el feto es también de 22 semanas, siempre que dos psiquiatras acrediten que ese problema afecta gravemente a la salud mental de la mujer. Más allá de ese plazo, únicamente podrá realizarse una interrupción del embarazo si existe riesgo vital para la embarazada o una "anomalía incompatible con la vida del feto" que no se haya podido detectar antes.

El problema es cuándo se diagnostican estas enfermedades. "La mayor parte de las patologías se detectan en la ecografía morfológica, que se realiza entre la semana 18 y la 22", explica Pilar Martínez Ten, experta en Diagnóstico Prenatal. De modo que si una mujer recibiera la noticia de que el hijo que espera tiene una patología grave en la semana 20, debería buscar inmediatamente a dos profesionales que avalaran un informe de riesgo psíquico. Además, tendría que pedir cita con los servicios sociales para que le brindaran una información pormenorizada y personalizada sobre sus opciones y sobre las ayudas que podría recibir del Estado o de su comunidad autónoma. Una vez cumplidos todos estos trámites, debe pasar un mínimo de siete días de reflexión antes de poder someterse a la intervención. "Aun en el caso de que la mujer se recuperara de inmediato del shock que supone una noticia así y dedicara todo su tiempo y energías a cumplir con esos pasos, las posibilidades de llegar a tiempo serían mínimas", explica esta especialista.

"El ministerio asegura que para agilizar los trámites será posible acudir a psiquiatras privados y después pedir el reintegro del dinero. Y con lo demás, ¿qué? ¿También habrá trabajadores sociales privados?", se preguntan en la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). "Es un claro ejemplo de cómo de facto se puede vaciar de contenido una ley. Lo complicas tanto que al final es imposible acceder a ello", explica Marta del Pozo, profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca.

Una vez sobrepasado el umbral de las 22 semanas, esa mujer no tendría ninguna posibilidad de abortar. Se vería obligada a tener ese hijo. A menos que pudiera pagarse un aborto fuera de España. Una interrupción del embarazo en Francia o en Reino Unido oscila entre los 550 y los 6.400 euros, sin contar con los gastos de traslados y alojamiento. Y los trámites. Por ejemplo, en Francia es obligatorio presentar una serie de documentos (ahora, con vistas a las restricciones que podría aplicar España, aún más exigentes), traducidos por un intérprete profesional. 

El número de abortos voluntarios que se realizan bajo el supuesto de enfermedad del feto es pequeño. Según los datos del Ministerio de Sanidad de 2012, fueron apenas el 3,05% del total. De las 112.390 intervenciones (5.969 menos que en 2011), 3.124 se realizaron por "riesgo de graves anomalías en el feto" (2,78%); y 303, por "anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable".

"Aunque el diagnóstico prenatal está muy desarrollado y en España es muy bueno, tiene sus limitaciones", explica el ginecólogo Javier Martínez Salmeón. "Hay patologías que no están claras o que van evolucionando:hemorragias cerebrales, displasias esqueléticas, cardiopatías...". Estos casos complican aún más las cosas. Y nos devuelven a una realidad que parecía superada: la de los llamados abortos preventivos.

"En una ecografía podemos ver una inflamación del ventrículo cerebral. Puede ser muy grave, pero en realidad no sabemos cómo va a evolucionar", explica Martínez Ten. "Con la ley del 85, los padres en estas situaciones abortaban en la semana 20 por si acaso se quedaban fuera del plazo. Era una decisión muy dolorosa, que tomaban para no arriesgarse, y que con la ley de 2010 se había acabado. Ahora podemos esperar, con la seguridad de que un comité clínico evalúa el caso, y con la tranquilidad de saber que sólo uno de cada 10 fetos con este síntoma desarrollan una enfermedad grave. Lo que propone el Gobierno es una vuelta atrás", lamenta la especialista. 

"Los médicos tenemos la obligación de informar a los padres para que decidan lo mejor, y asesorarles sobre qué posibilidades tienen, que en muchos casos será sencillamente salir fuera de España para poder abortar", remata Martínez Ten. "Se trata de casos excepcionales pero que la ley tiene que contemplar, que deben estar resueltos. No podemos permitirnos situaciones dramáticas, de las que aparecen en los periódicos, para después replantear el asunto", sostiene Salmeón.

"Los profesionales tenemos que intentar convencer al Gobierno de que lo que está haciendo es insensato. La situación es tal que compañeros que hace 10 años me tildaban de feminista o de ultraizquierda hoy me llaman para decirme 'tenemos que hacer algo", destaca Martínez Ten. 

El Gobierno pretende sacar adelante una ley del aborto más restrictiva que la de 1985 con el argumento de que "no pueden existir nasciturus de segunda por sufrir algún tipo de discapacidad". Y también con la "convicción personal" del impulsor del texto, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha asegurado que él sí tendría un hijo aunque tuviera "malformaciones graves". El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se apresuró a defender que el aborto en los casos de anomalía fetal "está cubierto por lo que es el daño psicológico a la mujer".

Esta es la opinión del Gobierno, pero no la de los españoles. El 68,7% de los ciudadanos con derecho a voto están en contra de que se elimine el supuesto de malformación, según la encuesta de CELESTE-TEL Investigaciones Sociológicas para eldiario.es realizada apenas 15 días después de la aprobación del anteproyecto. " Gallardón ha tergiversado el argumento que aparece en una convención de personas con discapacidad de Naciones Unidas en la que en ningún momento habla del no nacido. Es un argumento tramposo para hacer valer más al feto que a la mujer", se queja Marta del Pozo, profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca.

"Es una irresponsabilidad hacer unas declaraciones como las de Gallardón. En mis 30 años como jefe de servicio en el hospital Severo Ochoa de Madrid he visto a mujeres decidir seguir adelante con embarazos en los que el feto tiene enfermedades graves. Pero son las menos. Que alguien que tiene todas las posibilidades económicas diga que tendría ese hijo es un gesto de hipocresía", asegura Salmeón.

El ginecólogo, que participó en la elaboración de la actual ley de plazos, cree que el texto presentado por el ministro de Justicia es "extremadamente retrógrada en sus planteamientos". Fruto, quizá, de una "escasa reflexión o un mal asesoramiento", desliza este especialista, que trabajó junto a abogados, médicos y constitucionalistas durante un año y medio para redactar la normativa vigente. 

Todos los especialistas consultados, tanto médicos como juristas, coinciden en que la ley, tal como está redactada, aumentará la desigualdad. "La propuesta castiga a las mujeres que no tienen dinero", sustenta Salmeón. Desde ACAI coinciden con esta percepción, y apuntan: "Las desigualdades no estarán dadas sólo por la cuenta corriente de la persona, sino también por dónde viva. Antes, todos los trámites dependían del centro que realizaba el aborto. Ahora entra también la Administración, que puede dar más o menos celeridad al asunto. Cataluña ya ha asegurado que hará lo posible por simplificar todo el proceso. Pero ¿qué va a pasar en CCAA como Madrid o Galicia, que ya destinan decenas de miles de euros a asociaciones antiabortistas? ¿Van a ponérselo fácil a las mujeres?", se preguntan.

"Retrasar y complicar el acceso de las mujeres al aborto es una crueldad absoluta", se queja Martínez Ten. "Y más en el caso de las malformaciones, en los que cada minuto en el que la embarazada se ve obligada a continuar con la gestación es un calvario".

"Este proyecto no ha venido a solucionar nada, más bien al contrario –analiza Salmeón–. Va a haber los mismos abortos, pero se va a hacer sufrir a las mujeres un poco más".

Fuente: www.eldiario.es