José Castro ha citado a declarar en calidad de imputada a la infanta Cristina el próximo 8 de marzo, día internacional de la mujer.
El magistrado le atribuye los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Castro ha estado estos últimos ocho meses investigando el camino que le dejó abierto la Audiencia de Palma cuando revocó parcialmente la primera citación judicial y concluye que Aizoon, la sociedad que comparten al 50% los duques de Palma, sirvió de cauce para el reparto de los beneficios que obtenía ilícitamente el Instituto Nóos.
El juez que investiga el fraude del instituto Noos ha llamado a declarar en calidad de imputada a la infanta Cristina el próximo ocho de marzo, día internacional de la mujer. José Castro atribuye a la hija pequeña de los reyes los delitos de blanqueo y fraude fiscal que habría cometido junto a su marido a través de la sociedad Aizoon que comparten al 50%. Castro toma esta decisión ocho meses después de la primera imputación revocada parcialmente por la Audiencia de Palma que entendía que no había indicios de que ella participara en las actividades del Instituto Nóos pero le dejaba abierta la puerta para que se investigara su vinculación con la mercantil familiar.
José Castro señala la declaración en sábado, como viene siendo habitual en este sumario, y deja un margen suficiente para que la Audiencia de Palma resuelva los previsibles recursos de la fiscalía, el abogado del Estado y las defensas de los Duques de Palma.
Beneficios fiscalmente opacos
Dice el juez que Aizoon no ha repartido entre sus únicos socios -Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón- dividendo alguno y eso no casa "con que se hayan cargado gastos tan personales como viajes, sesiones de coaching, la reforma del palacete de Pedralbes o el salario del personal doméstico". Gastos que los duques de Palma no incluyeron en su declaración de la renta. Por eso, razona José Castro, la empresa familiar "sirvió de cauce para el reparto de beneficios obtenidos ilícitamente por parte del Instituto Nóos" y de esta forma tributar menos por el impuesto de sociedades crear un "patrimonio familiar" y "participar de manera fiscalmente opaca en los beneficios obtenidos por Aizoon", con lo que "la intención defraudatoria para la hacienda pública está a la vista".
El auto reconoce que el administrador de derecho de la empresa era Iñaki Urdangarin pero añade que si en una sociedad coparticipada al 50% se cargaban gastos personales ajenos a la actividad de la firma "a nadie debiera escandalizar que se pretenda formularle preguntas al respecto", ya que "presumir que lo desconociera por completo y que por ello no merecería la pena preguntarle por ello no es de recibo". Además, el juez subraya que "los delitos contra la hacienda pública que se imputan a Iñaki Urdangarin difícilmente se podrían haber cometido sin el conocimiento o la aquiescencia de su esposa por mucho que de cara a terceros mantuviera una actitud propia de quien mira para otro lado" y advierte de que "los personajes públicos vinculados a Instituciones Centrales del Estado han de observar un especial cuidado para no situarse en órbitas comprometedoras".
Críticas a la Agencia Tributaria
El juez que investiga el fraude del Instituto Nóos también se refiere a la polémica generada por el último informe de la Agencia Tributaria y las tres facturas que habrían superado el umbral para imputar a Aizoon un delito fiscal en el ejercicio del año 2007. Castro sostiene que "no comparte el criterio de Hacienda porque nos haría entrar en un terreno falsario al considerar como deducibles gastos que se soportan "en documentos en los que concurren tan serias y graves irregularidades, indiciarias de delito".
Fuente: www.cadenaser.com
