La hija del Rey ha sido citada a declarar el 8 de marzo por lavado de capitales generados por los negocios sucios de Urdangarin
El juez José Castro ha decidido imputar a la infanta Cristina de Borbón por los delitos de supuesto blanqueo de capitales en la gestión y manejo de fondos sospechosos generados por los negocios sucios de su esposo Iñaki Urdangarin y contra la Hacienda pública. En un auto de 227 folios, el magistrado cita a la hija del Rey a declarar el próximo 8 de marzo a las diez de la mañana en Palma de Mallorca, en el marco del sumario por supuesta corrupción del caso Urdangarin también llamado caso Nóos.
En esta causa se investiga por malversación de caudales públicos al yerno de don Juan Carlos Iñaki Urdangarin y a su exsocio Diego Torres. Ambos están bajo sospecha judicial tras se embolsarse 5,8 millones de euros a través de su Instituto Nóos – sin ánimo de lucro- en sus tratos con los Gobiernos de la Comunidad Valenciana y de Baleares, ambos del PP. El fiscal anticorrupción Pedro Horrach, que no ve elementos para implicar a la Infanta, pedirá más de 12 años de cárcel para su esposo por los supuestos delitos cometidos, entre ellos dos delitos fiscales.
El juez Castro, ha estado nueve meses centrado de manera casi exclusiva en reconstruir un retrato de la vida financiera y tributaria de Cristina de Borbón, ha rastreado sus cuentas, tarjetas, facturas y gastos, las propiedades y declaraciones fiscales. En la causa existe una biografía completa de la actividad económica privada de Cristina de Borbón, entre 2002 y 2012. En un auto de 227 folios, el juez sostiene que existen indicios penales suficientes para contrastar directamente con la protagonista la versión sobre los hechos y su supuesta responsabilidad penal.
La citación de la también duquesa de Palma –que no tiene un foro especial ante los tribunales- la efectúa el juez con la oposición abierta de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y el abogado de Urdangarin y su propio defensor. El fiscal y los letrados exoneran a la hija del Rey y sostienen que ella no participaba en las actividades de la empresa de esposo e ignoraba todos los detalles financieros. Tan solo el sindicato ultra Manos Limpias reclama la implicación penal de la hija del Rey.
José Castro argumentó en su día la necesidad de investigar y tomar declaración a Cristina de Borbón desde dos reflexiones: "evitar que la incógnita [sobre el rol de la infanta] se perpetúe" y no desdecir la máxima que establece que la "justicia es igual para todos".
Si la Audiencia de Palma no bloquea la imputación y desautoriza al juez -como ya ocurrió en un primer auto del mes de abril de 2013 en el mismo sentido-, la Infanta Cristina deberá comparecer en el juzgado de Palma para ser interrogada en relación con el manejo de fondos de origen ilícito, nacidos de los supuestos negocios sucios del yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, en Nóos. También están bajo la lupa del juez las partidas económicas generadas en la sociedad patrimonial Aizoon, propiedad del matrimonio Urdangarin-Borbón.
El instructor, sobre la base de los reiterados informes y análisis que encomendó a la Agencia Tributaria y a la Policía de Delincuencia Económica, ha razonado y trabado con cifras y citas la estructura de su resolución.
El juez Castro tenía dos salidas tras agotar sus vías indagatorias sin interrogar a la investigada: implicar a la hija del Rey y emplazarla en su juzgado; o, por el contrario, archivar definitivamente la pieza de la causa abierta sobre ella por la inexistencia de elementos de base para articular una acusación.
El juez Castro, por indicación de la Audiencia trazó "una línea de investigación tendente a acreditar o descartar la posible comisión" del delito, por el manejo de partidas de origen sucio logradas por su Urdangarin y la sociedad común Aizoon. La infanta y su esposo gastaron cerca de seis millones en la compra de su palacete de Pedrales y más de tres en obras y decoración. Todas las facturas y partidas de la reforma han sido expurgadas por el juez.
El fiscal en contra
El fiscal anticorrupción Pedro Horrach, que hace tres años impulsó elcaso Urdangarin con el juez José Castro difiere del criterio del instructor sobre la infanta al sostener que se da "la inexistencia de indicios incriminatorios de los que pudiera derivarse la imputación". Además Horrach indica que " no se puede imputar ni castigar a nadie por lo que es, sino por lo que ha hecho "e insiste "por su presunta participación en los hechos delictivos y no por su condición". A su vez, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que al menos en media docena de veces ha explicado, en los últimos meses, que no hay indicios para imputar a la infanta, rechaza un trato de favor de la hija del Rey por parte del Ministerio Público. "No hay ningún trato de favor. Sería un trato de desfavor hacer lo contrario de lo que uno piensa justificadamente en Derecho", ha asegurado.
El jefe de la Casa del Rey, Rafel Spottorno en una entrevista concedida a TVE, opinó hace unos días que los tres años de instrucción del caso Urdangarin han sido un "un martirio", por el repiqueo constante de noticias. Se da la circunstancia que, semanas antes, el juez Castro había reprochado a dos instancias gubernamentales, la Agencia Tributaria y la Policía, la "gran tardanza" emitir sus últimos informes encomendados sobre la Infanta y Aizoon lo que motivaba una retraso innecesario en la conclusión de la investigación judicial.
El instructor Castro argumentó la necesidad de tomar declaración a la hija del Rey y reflexionó que sería "una clara contradicción a la práctica cotidiana de los juzgados y tribunales, que en casos similares es muy escasamente probable que prescindieran de este trámite", el no llamar a declarar. Es decir, imputarla para interrogarla disiparía cualquier "sombra de sospecha" de favoritismo sobre ella. Lo expresó ya así abril de 2013, en su primer auto sobre la Infanta.
Embargo del palacete de Pedrables
En noviembre el juez embargó la mansión de 1.000 metros cuadrados en Barcelona, cuya propiedad comparten a medias la Infanta y su esposo, Iñaki Urdangarin. La gran casa fue puesta en venta por 10 millones de euros al trasladarse la familia a Suiza. El juez Castro bloqueó el palacete y otros 15 bienes porque el yerno del Rey y su exsocio, Diego Torres, no hicieron frente a la fianza de responsabilidad civil, solidariamente para ambos, de 6,1 millones.
La Audiencia rebajó la fianza inicial para no cargar dos veces el IVA en los cobros con la Administración pues Urdangarin alertó al juzgado de que en el caso de un doble pago tributario (el IVA ya abonado) sufriría un "injusto empobrecimiento". Según la Audiencia de Palma, Aizoon la sociedad de los duques se usaba de pantalla para blanquear los fondos ilícitos o evitar el pago de impuestos. Aizoon tenía su sede en el Palacete, y los duques urdieron y declararon un alquiler ficticio – a si mismos- que Hacienda rechazó como gastos a desgravar. La policía examinó también las cuentas de la reforma del palacete para saber qué personas y empresas operaron y de qué manera facturaron los trabajos de "rehabilitación, suministros y mantenimiento" de la vivienda en Barcelona.
Aizoon, la sociedad pantalla sin estructura
Aizoon era la sociedad en la que el esposo de la Infanta Cristina ingresaba cientos de miles de euros anuales –hasta más de un millón- procedentes de sus contratos con Administraciones públicas a través del Instituto Nóos y las firmas privadas. Un informe de la Agencia Tributaria, señala que en cuatro años de actividad de Nóos (2004-2008) de los casi 10 millones de euros logrados, al menos 6,4 millones acabaron en las arcas de empresas privadas propiedad de Urdangarin, de Torres o de ambos. Hacienda concluye que el conglomerado de empresas de Urdangarin y Torres se cruzaba facturas "bajo conceptos extremadamente genéricos o imprecisos", por "importes redondos", y con múltiples duplicidades respecto de proveedores externos, así como incongruencias, inexistencia del servicio pretendidamente prestado y "en el extremo" de falsificación material de la factura. La tesis exculpatoria del fiscal es que la Infanta no gestionaba Aizoon pese a ser accionista y administradora formal, asistir a sus junta y firmar sus actas.
Entre 2004 y 2006, Aizoon, la empresa de Urdangarin y la Infanta, gira facturas a otras empresas del grupo por prestación de servicios pese a que en aquella época carecía de "estructura empresarial". "El resto de entidades [del conglomerado de Urdangarin y Torres] devienen meros instrumentos para drenar y distribuir los recursos obtenidos por medio de la marca Nóos entre sus dos propietarios y dirigentes".
Fuera de la agenda de actos de la Familia Real
El yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, y la hija menor del Monarca, la Infanta Cristina, están fuera de la agenda de actividades oficiales de la Familia Real. Al trascender la implicación de Urdangarin en el caso, desde La Zarzuela se tildó su actuación poco "ejemplar" y quedó marginado de las activididades protocolarias. El exjugador de balonmano del Barça y de la selección española ha sido llamado a declarar como imputado ante el juez. Está imputado y con fianza de responsabilidad civil no personal carcelaria- de 6,1 millones. Su esposa, la infanta Cristina, también está apartada de la agenda de actos de la Casa Real, antes incluso de que ella también se viera relacionada con las investigaciones del escándalo que comenzó a protagonizar su marido con su exsocio Diego Torres.
Andreu Manresa
Fuente: www.elpais.com
