Antes de abordar este tema y plasmarlo en un artículo, ha sido preciso conocer al menos el Preámbulo de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductora y de la interrupción voluntario del embarazo. El texto del Preámbulo es un canto a la libertad, la igualdad y de respeto a las mujeres; reconociendo todos sus derechos emanados de acuerdos internacionales suscritos por el Reino de España en estos temas. España llega al concierto de las naciones libres demócratas y aconfesionales, con la entrada en vigor del espíritu y la letra de la Constitución de 1978. Hasta ese momento y desde la victoria del franquismo en la contienda fratricida en 1939, se había implantado una dictadura convirtiendo al Estado español, en un estado confesional. Donde la ley civil y la canónica se confundían en no pocas ocasiones. Las reminiscencias de esa perversa injerencia de lo religioso en lo civil, tubo su estrategia con la firma del Gobierno y la Santa Sede, a todas luces anticonstitucional, de los llamados Acuerdos que no concordato; tratando de perpetuar el maridaje Iglesia–Estado y la alianza trono-altar. La mencionada ley de marzo de 2010 es una ley civil que reconoce derechos civiles y protege a las mujeres y a la procreación mediante asistencia médica y científica. Sin injerencia de ninguna moral religiosa. Ninguna mujer está obligada a ser madre sin su consentimiento, es un derecho no una obligación impuesta por los hombres y menos por el Estado.
El Partido Popular anclado en el franquismo y en el estado confesional, con la complicidad de la Iglesia española, ha emprendido una “cruzada pro-vida” que pretende meter a las mujeres españolas por ley, en la caverna de la época más negra de la España del nacionalcatolicismo. Para ello utilizando la fe, no la razón, un embrión consideran que es un ser humano desde su concepción, y si se hace desaparecer es un homicidio. Al margen del pensamiento de la comunidad científica. Este planteamiento es una especie de llamada divina que les hace atropellar todos los derechos de la mujer para que sean madres por obligación, aunque alberguen en sus embarazos fetos que nada tienen que ver con la vida humana normal. Esto es congruente con su teología porque es Dios quien lo quiere y prohíbe poner impedimentos para que el embrión consuma el disparate de materializar esas malformaciones diagnosticadas por la ciencia. Los católicos aceptan estas barbaridades porque Dios lo ordena y su clase sacerdotal se arroga la infalibilidad de estar en la verdad, aunque espante a la razón humana. Acuden a mi mente todas las fábulas con las cuales me adoctrinaron de niño y siguen adoctrinado, preñadas de situaciones contra natura e incomprensibles reacciones divinas que no soportan el más leve razonamiento. Pero este artículo obedece al uso de la razón y sirve para organizar la vida en sociedad como si Dios no existiera. Los servidores públicos: el Rey, los jueces y magistrados, los diputados y el Gobierno, que antepongan sus prejuicios religiosos a la legalidad internacional que está asistida por la razón, la democracia y el derecho, deben dimitir de sus cargos políticos. Los principios en los cuales se basa la ley actual son tan sólidos que cualquier magistrado que la pretendiera declarar inconstitucional, tendría que acudir a sus principios ajenos a las leyes civiles, es decir al Derecho aceptado por nuestro entorno europeo. Los españoles no merecen el trato vejatorio al cual le están sometiendo con toda evidencia, las políticas criminales sin apelativos del Gobierno, como para conceder los derechos a embriones que se niegan a los nacidos…
Pedro Taracena
