La búsqueda de los 2.000 republicanos que acompañan a Lorca

Nadie sabe dónde está Federico García Lorca. Cuando en 2009 la Junta de Andalucía dio por finalizada la búsqueda de sus restos mortales sin éxito, la historiadora Maribel Bremes, presidenta en aquel momento de la La Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, comenzó a creer que el cuerpo de Lorca habría sido exhumado por su familia poco después de ser fusilado. En el campo de Alfacar (Granada) no había ni rastro del poeta. Lorca, sin embargo, nunca estuvo solo bajo la tierra granadina. Además de sus dos compañeros de fosa, en el barranco situado entre Víznar y Alfacar reposan los restos mortales de entre 1.000 y 2.500 republicanos asesinados durante la Guerra Civil y posterior represión franquista, según las distintas fuentes consultadas.

Es la búsqueda de estas víctimas, que pagaron con su propia vida la defensa de un orden social más justo y "la reparación de su memoria", la que ha motivado el proyecto de la Junta de Andalucía de localización y delimitación de las fosas comunes del barranco de Víznar, paso previo imprescindible para su posterior exhumación aunque esta fase no está contemplada actualmente. Los trabajos, que arrancaron el 18 de junio y tendrán una duración de alrededor de dos meses y medio, se centrarán en un área de unos 10.000 metros cuadrados, donde, por los testimonios escritos y orales que constan, podrían encontrarse un total de doce enterramientos ilegales.

"Se trata de ejercer el derecho a la verdad. Queremos avanzar en el conocimiento exacto del número de represaliados y sus nombres, pero también queremos situar este espacio en un lugar central de la memoria colectiva del pueblo andaluz y que todo el mundo pueda conocer lo que sucedió en su tierra en aquellos años", explica a Público Luis Naranjo, director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía.

Una de las miles de víctimas que podría encontrarse en el barranco es Blanca Lozano Villaverde, mujer del último alcalde republicano de Lanjarón, Francisco Gálvez Peralta. Cuando el 20 de julio de 1936, la ciudad de Granada cayó en manos del bando franquista los asesinatos descontrolados se sucedieron durante los últimos días de julio y las primeras semanas de agosto. El mismo día 22, escuadras negras y voluntarios comenzaron a llevar a líderes republicanos, sindicales y agrarios y a diferentes personalidades del mundo de la cultura al barranco de Víznar y a la tapia del cementerio de Granada para proceder a su ejecución.

"El golpe en Granada triunfó sólo en la ciudad, que quedó rodeada por fuerzas republicanas, de manera que la represión fue brutal. Hay pruebas documentales de que los sublevados dejaban cadáveres en las entradas a la ciudad a modo de escarmiento", explica a Público la historiadora de la Universidad de Granada Maribel Brenes.

En estos primeros días de represión descontrolada, el alcalde de Lanjarón y su hijo mayor fueron fusilados frente a la tapia del cementerio de Granada. Su mujer, Blanca Lozano, fue encarcelada. Con problemas graves de salud, Blanca fue operada de urgencia de la matriz durante su estancia en la prisión. Paradójicamente, la operación consiguió salvar su vida, pero apenas unos meses después la mujer fue fusilada y su cuerpo fue lanzado a una fosa común en el barranco de Víznar, según cree la familia. Francisco Luis, nieto del hermano de Blanca, relata a Público la historia de su familia.

"Mi tía-abuela y su marido, Francisco, tuvieron tres hijos. El mayor fue fusilado junto a su padre y el mediano, César, fue apuñalado en plena calle por vecinos que apoyaban el golpe de Estado de Franco a plena luz del día. El único al que dejaron vivir fue al pequeño que tendría seis o siete años y era sordomudo", relata Francisco Luis, que añade un dato más que da cuenta de la brutalidad sufrida por su familia: "Después buscaron al padre de Blanca, mi bisabuelo, y a un hermano suyo, mi abuelo. Cuando se llevaron a mi abuelo, mi abuela estaba embarazada de mi madre, que nació dos meses después de que asesinaran a su padre".

La represión en la provincia de Granada, señala la historiadora Maribel Brenes, siguió un plan premeditado de eliminación sistemática de las fuerzas políticas y sindicales republicanas. "Tras los primeros días de asesinatos descontrolados, a mediados de agosto de 1936 la represión comienza a organizarse y se utilizan las listas de los cuerpos de investigación y vigilancia del orden público para depurar físicamente a los cabecillas y participantes de las huelgas habidas durante la República y del intento de revolución de 1934", asegura la historiadora.

Los fusilamientos, no obstante, no terminaron con la guerra. El asesor del director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Juan Francisco Arenales, asegura que los fusilamientos extrajudiciales se siguen produciendo hasta la década de los 50 siendo el barranco de Víznar el lugar escogido para enterrar los cuerpos. La elección de este lugar resultó de dos motivos: el barranco quedó situado en la retaguardia del bando franquista y había pozos que se habían construido durante la República que fueron reutilizados como fosas comunes.

Setenta y siete años después del inicio de la masacre, los familiares de las víctimas que permanecen bajo la dura tierra granadina, como Francisco Luis, esperan que estas fosas puedan ser, por fin, localizadas y exhumadas. Para ellos, el proyecto emprendido por la Junta de Andalucía supone mucho más que un acto de verdad. Es una oportunidad para asegurarse el descanso eterno de sus familiares junto a sus seres más queridos.

"Yo lo único que quiero es que mi tía-abuela pueda descansar eternamente al lado de su marido y mi abuelo pueda estar junto a mi abuela. Hay quien dice que eso es reabrir heridas, pero casualmente ese discurso suele venir de gente de ideología franquista, aunque no lo reconozcan abiertamente", sentencia Francisco Luis.

Fuente www.publico.es