La Comisión Constitucional del Congreso rechazó hace un par de meses, con los únicos votos del partido que gobierna, una proposición no de ley de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en la que se instaba al Gobierno a eliminar todos los símbolos franquistas que sigue habiendo en edificios propiedad de la Administración General del Estado, empezando por los que aún quedan en complejos adscritos al Ministerio de Defensa.Además, la proposición no de ley urgía al Ejecutivo a completar, en colaboración con comunidades y ayuntamientos, el catálogo de símbolos de estas características, a los efectos de acelerar su retirada, así como a publicar los criterios establecidos por la comisión técnica de expertos que ha de pronunciarse sobre esta medida en cada uno de los casos.
Durante la defensa de su iniciativa, Joan Josep Nuet denunció que, casi seis años después de la aprobación de la Ley de Memoria, el Gobierno continúa incumpliendo varios de sus puntos y no sólo el relativo a la retirada de símbolos de la dictadura. También decretó el cierre de la Oficina de Atención a las Víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y la congelación de las subvenciones a las asociaciones de memoria histórica.
Hace unos días publicaba este periódico que la alcaldesa socialista de la localidad salmantina de Pastores, Pilar Salazar, sustituyó el pasado domingo en la fachada del edificio consistorial la bandera oficial del Reino de España por la enseña tricolor de la II República, como apoyo a un encuentro de cargos públicos organizado en la misma fecha en el Ateneo de Madrid por la Junta Estatal Republicana (JER).Su intención era que la bandera republicana ondeara durante un par de días en el Ayuntamiento de Pastores, un pequeño municipio de unos cuarenta vecinos situado en el suroeste de Salamanca, a unos diez kilómetros de Ciudad Rodrigo, según versión de la propia alcaldesa. Se trataba -en sus palabras- de un acto simbólico y de apoyo al encuentro celebrado en Madrid, donde cargos públicos de diferentes partidos y coaliciones rechazaron el modelo actual del Estado y en favor de una república federal, laica, participativa y solidaria.
Fue máxima la celeridad de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca para que la Guardia Civil retirase la bandera tricolor del edificio consistorial de Pastores. Contrasta ese celo con la permanencia de hasta 24 símbolos franquistas en la ciudad de Salamanca, en contra de la Ley de Memoria Histórica aprobada en el mes de octubre de 2007 por el gobierno de Rodríguez Zapatero.
Hace algo más de cinco años, el Partido Comunista de Salamanca (PCE) presentó, a través del Registro General de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, una solicitud administrativa pidiendo a la Subdelegado del Gobierno que inste al Ayuntamiento, la Diputación Provincial, el Obispado de Salamanca y la Universidad de Salamanca a retirar los símbolos franquistas existentes en sus edificios o que son de su responsabilidad, a la vez que instaba a la propia administración central a retirar los símbolos franquistas que son de su competencia. De los 24 símbolos franquistas, doce corresponden al Ayuntamiento de la ciudad, tres al obispado de Salamanca, siete a la administración central, uno a la Diputación y otro a la Universidad.
Gracias al gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Salamanca, Franco sigue siendo asimismo alcalde de honor de la capital del Tormes y medalla de oro de la ciudad donde tiene su sede el Centro Documental de la Memoria Histórica. Un medallón en piedra, tallado sobre los arcos de la Plaza Mayor, homenaje asimismo al extinto caudillo como jefe de un Estado al que accedió con el concurso del nazifascismo internacional, después de una guerra fratricida y a costa de una larga y sangrienta represión.
Félix Población
Fuente: www.diariodelaire.com