La Eurocámara ha aprobado una regulación que no recoge el principio de la neutralidad de la red, ya que establece que cualquier tipo de tráfico debe tener la misma prioridad, favoreciendo los intereses de las operadoras y gigantes digitales como Facebook o Youtube.
Este martes la Unión Europea ha dado un severo varapalo a los derechos digitales de los ciudadanos comunitarios evitando reconocer el principio que sostiene el potencial democrático de Internet: la neutralidad de la red, que asegura que todos los usuarios, sean cuales sean sus recursos, puedan acceder a la totalidad de los servicios disponibles. El Parlamento Europeo ha aprobado, a propuesta de la Comisión y el Consejo de la UE, el acuerdo sobre el Mercado Único de las Telecomunicaciones, que no recoge siquiera una referencia al concepto y permite prácticas que atentan directamente contra él.
Mientras con una mano abolía el roaming—propuesta estrella del texto y que acaparará la mayoría de los titulares—, con la otra la Eurocámara ha dado la posibilidad a las teleoperadoras de discriminar entre las conexiones de unos usuarios y de otros. Les permitirá aplicar "medidas de gestión" del tráfico, su bloqueo o estrangulamiento ante una "inminente" congestión e incluso ofrecer a coste cero determinados servicios con cuyos proveedores lleguen a un acuerdo.
Esta posibilidad, conocida como Zero Rating, permite que los usuarios accedan gratuitamente a aplicaciones como Facebook a pesar de, por ejemplo, haber agotado su tarifa de datos, lo supone un ataque directo a la neutralidad de la red. Esto es debido a que, merced a acuerdos privados entre empresas, los usuarios no tendrían que pagar por entrar a Facebook, pero sí para un blog, un medio digital o la página de una institución pública, todas ellas sin recursos para conseguir que la operadora priorice su tráfico.
La votación en la Eurocámara se ha saldado con 500 votos a favor y 163 en contra, procedentes del grupo de la Izquierda Plural y el grupo de Los Verdes. Ahora serán cada uno de los veintiocho Estados miembros de la Unión, al adaptar sus legislaciones nacionales a la nueva normativa comunitaria, los que deberán decidir hasta qué punto convierten a los operadores en regentes de los derechos de navegación de los ciudadanos.