Asociaciones de memoria histórica venidas de Francia y España se han reunido en Burdeos en la quinta edición de los encuentros transfronterizos. Han hecho el balance de sus luchas y de sus experiencias.
Se han comprometido en desarrollar en el futuro intercambios y cooperar con respeto a sus convicciones e ideas para servir la lucha común para la victoria de la memoria histórica. Con esa meta, adoptaron el siguiente manifiesto:
MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA MEMORIA HISTÓRICA REPUBLICANA
Las inconmensurables víctimas del franquismo siguen estando olvidadas y silenciadas, cuando no ultrajadas y despreciadas en la España de hoy. Los crímenes del régimen de Franco continúan protegidos por la impunidad que le ha otorgado hasta hoy la democracia española.
Las organizaciones y asociaciones que enarbolamos la bandera de la memoria democrática, reivindicamos la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la historia de la democracia española. La memoria de estas víctimas también debiera acompañar a las futuras generaciones.
España solo será una verdadera democracia cuando cumpla con esa exigencia. Por lo que: MANIFIESTAN:
1º Denunciamos el desamparo jurídico en que se encuentran las víctimas del franquismo y la causa de la memoria histórica tras la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2010 que inhabilitaba al juez Garzón por haber iniciado el sumario 53/2008 E relativo a la investigación de los crímenes del franquismo, así como por las últimas decisiones del Gobierno del Partido Popular que han supuesto una grave involución de las políticas públicas de la memoria en España.
Reclamamos la búsqueda de la verdad histórica en oposición al revisionismo que pretende imponer en materia política, judicial y educativa la derecha en el poder. Consecuentemente, instamos al Gobierno y a las Cortes Generales a crear una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo con objeto de que investigue aquellos dramáticos hechos y que sirva para reparar de manera integral a las víctimas, a los resistentes y los presos de la dictadura.
Instamos al Gobierno del Estado Español a que cumpla las recomendaciones ratificadas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del 10 y 12 de septiembre pasado referentes al informe del Relator especial De Greiff para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No repetición y del Grupo de Trabajo de Desapariciones forzadas o Involuntarias (GTDFI) elaborado sobre los crímenes de la dictadura franquista.
2° Animamos a las asociaciones memorialistas a internacionalizar las exigencias de memoria, dignidad y justicia de las víctimas del franquismo, recurriendo a todas las vías legales posibles en las que poder interponer demandas y querellas para juzgar y condenar este tipo de crímenes, como es el caso del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, así como las interpuestas ante los tribunales judiciales argentinos a través de la Red ciudadana de Apoyo a la Querella Argentina (Red AQUA). De igual modo, y tal y como se va a realizar en México, animamos a las asociaciones memorialistas, partidos y sindicatos de Francia, lugar de residencia de una importante parte del exilio republicano español para que puedan igualmente abrir la vía judicial mediante la interposición de demandas y querellas que insten a la Justicia francesa a investigar los crímenes franquistas.
3º Que, por razones de dignidad, justicia y reparación histórica, resulte imprescindible, también en estos tiempos de crisis y ajustes presupuestarios, que las Administraciones públicas mantengan los programas y actuaciones destinados a la recuperación de la memoria histórica, la guerra civil, la guerrilla, la dictadura, el exilio, dotándolos de los recursos necesarios. En este 3 sentido, estimamos imprescindible que el actual Gobierno de España mantenga en los Presupuestos Generales del Estado, para el año 2015 y siguientes, la partida presupuestaria destinada a la memoria histórica.
Igualmente, exigimos al Gobierno de España que recupere la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura que tiene por misión coordinar la exhumación de desaparecidos y que fue suprimida por el Gobierno del PP en marzo de 2012.
Instamos a los distintos Gobiernos autonómicos para recuperar, o en su caso promover, las políticas públicas de la memoria que, en el caso de Navarra, donde ya está en vigor una Ley de la Memoria Histórica, se desarrolle en todos sus términos y se dote de las partidas presupuestarias adecuadas.
4º Instamos a las Cortes Generales y a los distintos Parlamentos y órganos legislativos autonómicos a que, en sesión solemne y plenaria, realicen un homenaje institucional a las víctimas de la dictadura franquista, en la línea de la Resolución sobre el recuerdo, reconocimiento y reparación moral de las personas fusiladas y represaliadas durante la guerra civil en Navarra, aprobado por el Pleno del Parlamento de Navarra el 10 de marzo de 2003.
5º Manifestamos nuestras discrepancias ante las lagunas y deficiencias de la vigente Ley 52/2007 de la Memoria Histórica estatal, la cual ha decepcionado las expectativas que inicialmente se pusieron en ella. Dado que dicha ley resulta manifiestamente mejorable, instamos a los diputados a que impulsen y apoyen iniciativas parlamentarias tendentes a:
- la resolución del los problemas jurídicos demandados por las víctimas, en especial la exigencia de la declaración de nulidad e ilegitimidad de todas las sentencias y resoluciones judiciales o administrativas dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por los tribunales u órganos penales o administrativos durante la dictadura franquista. Así mismo, se debe de exigir a las administraciones públicas el acceso a todos los archivos necesarios.
- la inclusión en dicha ley, en aplicación de la legislación penal internacional (suscrita por España en 1985 y recogida en el art. 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) y del principio de justicia universal, de la consideración de “crímenes contra la humanidad” y, por tanto imprescriptibles (art. 7 de los Estatutos de la Corte Penal Internacional) de los cometidos por el franquismo.
- exigir que todas las exhumaciones de fosas que se lleven a cabo se realicen con garantías jurídicas legales, lo cual supone que deben realizarse siempre en presencia de un juez.
- dar respuesta a la cuestión de los bienes incautados a las víctimas republicanas, esto es, a la represión económica, muchas veces olvidada.
- acabar con la impunidad de los victimarios, de los responsables de los crímenes franquistas, aplicando de forma retroactiva el principio de justicia universal con arreglo a las resoluciones 3 y 95 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la Decisión de la Sección 4ª del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de 17 de enero de 2006.
- dar un reconocimiento político, jurídico y social a los que defendieron la legitimidad republicana de 1931 a 1977 y un reconocimiento jurídico a las víctimas del franquismo, combatientes por la libertad, guerrilleros antifranquistas, a los republicanos que lucharon con los aliados, a las víctimas de la persecución nazi.
- incluir en el texto de la ley, como fundamentos de derecho, las resoluciones 32, 39 y 95 de la ONU condenatorias del franquismo.
6º No obstante, en tanto no sean subsanadas estas insuficiencias de la Ley 52/2007 de la Memoria Histórica, reclamamos su plena aplicación y, en particular del artículo 15 de la misma referente a la supresión de la toponimia y simbología franquista en todas las ciudades y pueblos de España.
De igual modo, instamos al Gobierno de España y a los distintos Gobiernos autonómicos a que acuerden con la Iglesia Católica la desaparición de todas las placas y memoriales franquistas existentes en sus templos y, de no hacerlo, que dichos edificios religiosos no sean beneficiarios de ningún tipo de subvención o trabajos de restauración con cargo a los presupuestos públicos, bien sean estos estatales o autonómicos.
Rogamos en particular a los municipios nuevamente elegidos el 24 de mayo de 2015 que se quite todo símbolo, placa o palabra glorificando al fascismo español, cumpliéndose así con la ley vigente.
7º.- Instamos al Gobierno de España a la retirada, a la mayor brevedad posible, de los restos de Francisco Franco y del fundador de La Falange, José Antonio Primo de Rivera, de la basílica del Valle de los Caídos. De igual modo, exigimos al Gobierno de España que facilite la identificación y posterior devolución de los restos de los republicanos enterrados en el Valle de los Caídos, tal y como durante años llevan reclamando sus familias. En el caso particular de Navarra, exigimos la retirada de los restos de los generales liberticidas Emilio Mola Vidal y José Sanjurjo Sacanell, así como los de los cinco requetés allí enterrados en representación de las merindades navarras, de la cripta del Monumento a los Caídos de Pamplona. En el caso de Andalucía, la retirada de los restos del general genocida Gonzalo Queipo de Llano de la basilica de La Macarena en Sevilla.
Instamos igualmente a las administraciones públicas a abordar la conversión del Fuerte de San Cristóbal (Pamplona) y del recinto del Valle de los Caídos (Madrid) como lugares de Memoria Histórica. Del mismo modo, hay que instar al Gobierno a constituir espacios o lugares públicos de memoria democrática en los distintos territorios del Estado.
8º Consideramos igualmente que, tanto el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como los distintos departamentos y consejerías de Educación de las distintas Comunidades Autónomas, deben potenciar, en sus respectivos currículos y temarios, los contenidos didácticos que permitan el estudio de lo que supuso la República, sus experiencias a nivel social y democrático, la Guerra civil, la dictadura franquista, el exilio y la deportación a los campos nazis en relación a la historia de España. Así mismo, estimamos fundamental la implicación de la juventud en el mantenimiento activo de la memoria histórica, como garantía de la transmisión de la misma a las futuras generaciones y las garantías de no repetición, como se formula en el Informe del relator especial de la ONU, Pablo de Greiff, sobre DDHH en España.
De igual modo, estimamos que se deben de apoyar y coordinar desde las diversas instancias educativas proyectos de cooperación transfronteriza que, como es el caso de Las Rutas de la Memoria y los espacios de Memoria existentes en Andalucía, están destinados a estudiantes de Enseñanza Secundaria y Bachillerato y que se están llevando a cabo con buena acogida por parte de alumnos y docentes tanto de Aragón y de Andalucía como del departamento francés de los Pyrénées Atlantiques que cuenta con el apoyo de las autoridades del Conseil Départemental, así como del Conseil Régional d ’Aquitaine y del Ayuntamiento de Oloron-Sainte-Marie.
Estimamos que el modelo propuesto por Las Rutas de la Memoria puede hacerse extensivo, con las adaptaciones necesarias, a los proyectos educativos de otras Comunidades Autónomas españolas y departamentos franceses que pudieran estar interesados en esta materia.
9° Apoyamos todas las iniciativas desarrolladas en Francia, España y Europa para promover la Memoria Histórica y reconocer los derechos de las víctimas del régimen franquista y de sus familias.
En este sentido, nos asociamos al llamamiento para un encuentro estatal de los colectivos de Memoria Histórica y de víctimas del franquismo, el 17 de octubre en Madrid y a la campaña organizada desde la Plataforma por una Comisión de la Verdad para España para la asunción de las recomendaciones de la ONU por parte de las opciones políticas que se presentarán a las elecciones generales del próximo 20 de diciembre.
10° También apoyamos las acciones de las asociaciones memoriales francesas para el reconocimiento de la contribución de los republicanos españoles en la lucha antifascista y la liberación de Francia.
Apoyamos sus acciones dedicadas a conservar y transmitir la memoria de la Retirada y del exilio republicano, de los campos de concentración y de las medidas represivas que padecieron los republicanos españoles, y para que sigan vivos los lugares que fueron testigos de tales hechos.
Con ellas subrayamos la pesada responsabilidad del gobierno francés de la III República en la política de no-intervención que dejó campo libre a las fuerzas fascistas.
Ese mismo gobierno que recibió a los refugiados sin humanidad en los campos de concentración en febrero 1939, llevando a la muerte miles de personas y organizando su trabajo forzado después de nombrar a Philippe Pétain embajador de Francia en Burgos, antes del final de la guerra civil.
Apoyamos las iniciativas de la coordinación nacional Caminar, para que una jornada nacional de homenaje sea dedicada al exilio republicano español, como lo hizo Argentina.
11° Nos comprometemos en luchar contra toda revisión falsificadora de la historia de la Segunda República Española y de la guerra civil en cualquier lugar que se manifeste.
Apoyamos la protesta de la coordinación nacional Caminar por la presencia del rey de España en la inauguración el 3 de Junio 2015 en París de un jardín homenajeando a los combatientes de la Nueve.
De forma más general, nos comprometemos en defender los valores universales de libertad, igualdad, laicidad y justicia social consubstanciales a la República Española así como el de la solidaridad que significó la lucha de los voluntarios de las Brigadas Internacionales en defensa de esos valores en España.
Reafirmamos nuestra convicción de que, como señalaba el eminente historiador Paul Preston en una conferencia pronunciada en Teruel el 19 de mayo de 2006, “la recuperación de la memoria es crucial”, no sólo por lo que supone de rehabilitación de las víctimas, sino, también, porque sirve para reafirmar los principios de nuestra democracia. Por todo ello, en recuerdo de las víctimas y presos tantos años olvidados, y también como justo homenaje a los valores republicanos que dieron razón de ser a su compromiso social y político, la memoria histórica es, y será, siempre, una memoria necesaria. Y esa es la labor y el compromiso que asumimos las asociaciones memorialistas que firmamos el presente Manifiesto.
Burdeos, 11 de octubre de 2015.