"Se trata de construir el Estado de abajo a arriba y no de arriba a abajo". Pi y Margall
Se rumorea, con cierto desconocimiento, sobre una cierta condición federal de la España autonómica: se argumenta en pro de la amplitud de competencias de las Comunidades actuales; se condena la asimetría que implica el reparto territorial de nuestros días; y se mezclan, al fin y al cabo, decepción y sorpresa con la presencia de reivindicaciones nacionalistas en Cataluña.
¡Pero la solución dista de las políticas unitarias, siempre contrarias a la continuidad de la convergencia comunitaria! El método de solvento se esconde en el ámbito de la democracia, núcleo de la participación y fundamento del federalismo.
No son pocos quienes defienden la centralización del Estado, articulando su defensa en torno a la flexibilidad de las Comunidades: “España es federal porque las regiones tienen competencias casi mayores a las del gobierno central”. Y en efecto, es un hecho innegable: competencias en materia sanitaria, directrices aplicadas al programa educativo, métodos de gestión favorables a la identidad cultural y lingüística de la región… ¿Cuál es entonces el sentido de los nacionalismos en el marco del modelo autonómico? La respuesta es concisa: el país ha sido configurado sin la acción participativa de las comunidades conformantes. España no es federal, es unitaria, descentralizada, pero aún así unitaria… ¡Y las medidas de unidad han sido siempre el detonante de la divergencia y la separación política!
De cara a la configuración de un proyecto nacional, tal como el enfocado en 1978 por los actores de mayor relevancia del momento, se ha de elegir entre dos métodos de articulación enfrentados: uno basado en la colaboración de las regiones para un nuevo Estado, siendo partícipes, y por tanto parte, de la identidad adquirida; y otro regido por la concesión arbitraria de las funciones en el plano regional. En el primero de los casos, hablamos de federalismo, pues el marco de organización se entiende como un vínculo común de la participación entre comunidades; en el segundo, nos referimos al unitarismo de hoy en día, basado en un modelo territorial diseñado desde la centralidad del gobierno… ¡Y poco importan las competencias legales de concesión posterior si no se ha concedido voz ni voto a los territorios conformantes!
No piensen así en el federalismo como un sinónimo de amplitud de competencias, sino como un instrumento de participación territorial en la construcción del sistema. Ya lo decía Pi y Margall: se trata de construir el Estado de abajo a arriba y no de arriba a abajo. El concepto va más allá de la auto-gestión educativa o la reivindicación cultural en comunidades concretas… ¡Se trata de un método de configuración del sistema, basado en el consenso regional para la formación del ámbito nacional, y nunca al revés!
El federalismo, únicamente aplicable en el ámbito de un modelo republicano (pues la única monarquía federal ha sido el fracasado Reino de Libia, encabezado por Idris I), sería una solución pragmática a las reivindicaciones nacionalistas de la Península. Supondría ceder una plena participación a las Comunidades de cara a la formación de un nuevo Estado, dando voz y voto a los territorios responsables de la multiculturalidad española y haciéndolos sentir, al fin y al cabo, partícipes de un único proyecto en común… ¡Pues recuerden que, pese a la amplitud de competencias de algunas Comunidades, las bases del sistema se han dibujado sin su consulta previa, siempre de arriba a abajo, y nunca de abajo a arriba!
Vean si no los símbolos de identidad nacional adoptados por el régimen constitucional: ¿acaso ha participado una delegación catalana, o de cualquier otro territorio, en la elección de las enseñas del Estado? ¿Se han dado lugar a propuestas más allá del consenso entre partidos de ámbito general? ¡En absoluto! Luego no es de extrañar la desvinculación de varios territorios con la simbología adquirida entre actores políticos ajenos a la voz de las regiones.
La transición hacia un modelo federal implica así una renovación democrática del marco estructural de nuestro país: no se trata de ceder un mayor o menor número de competencias, sino de inclinarse hacia el diálogo y consenso entre los conformantes del sistema, independientemente de la amplitud de gestión que, en pro de la convergencia y la participación territorial, decidan adoptar entre todos.
Pues a día de hoy, unos y otros parecen olvidar que los nacionalismos han sido siempre la primera causa de destrucción organizada.
Javier González Sabín
Secretario General de la Federación de Madrid de Alternativa Republicana