El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº21 de Madrid ha aceptado el recurso impuesto por los coordinadores de las Marchas de la Dignidad contra la sanción de 3.000 euros que la Delegación del Gobierno de Madrid, entonces dirigida por Cristina Cifuentes, impuso a los organizadores de la multitudinaria manifestación del 22M de 2014.
Cifuentes consideraba responsables de los incidentes ocurridos al final a los organizadores de la misma, pero el juez ha fallado a favor de las Marchas de la Dignidad y será la Delegación del Gobierno la que deberá hacer frente a las costas judiciales, que ascienden a 8.000 euros.
Según explicó en marzo del pasado año, la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid impuso la sanción acogiéndose al artículo 4.2 de la Ley Reguladora del Derecho de Reunión, que establece que "del buen orden de las reuniones y manifestaciones serán responsables sus organizadores, quienes deberán adoptar las medidas para el adecuado desarrollo de las mismas". La Ley de Seguridad Ciudadana de 1992 (ahora derogada y sustituida por la llamada 'Ley Mordaza') establece que aquellos que lo incumplan incurrirán en falta grave.
Sin embargo, el juez considera que el expediente sancionador es contrario a Derecho y esgrime como motivos "la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva y la vulneración del derecho de reunión".
Las Marchas de la Dignidad, que llenaron las calles del centro de Madrid contra la austeridad, la política de recortes y la troika, siempre aseguraron que ni los convocantes ni los asistentes "cometieron ningún delito" aquel día porque "no tienen nada que ver con los incidentes" y se manifestaron "pacíficamente".
Marta Borraz | eldiario.es