Organizaciones sociales denuncian que la nueva norma ataca a los colectivos más desprotegidos.
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| Ana Botella |
Escupir en la calle: hasta 750 euros de multa; ir en monopatín en zonas no destinadas a ello: hasta 750 euros; ofrecer servicios de limpiaparabrisas a los conductores de vehículos: hasta 1.500 euros. El borrador de la nueva Ordenanza de Convivencia Ciudadana de Madrid ha añadido al catálogo de conductas sancionables un sinnúmero de acciones que hará más difícil salir a la calle y volver a casa sin una multa.
Entre las novedades de la norma municipal, que será aprobada previsiblemente a principios del próximo año, destaca el castigo a los clientes de trabajadoras del sexo, que podrán ser sancionados con hasta 750 euros de multa en situaciones generales y hasta 1.500 cuando sea en zonas sensibles, como en los alrededores de centros escolares.
Clandestinizar la prostitución
Organizaciones de apoyo a las trabajadoras del sexo, como Hetaira, han valorado la inclusión en la norma del castigo al cliente de prostitutas como muy negativa. “Las consecuencias que puede tener en las condiciones de trabajo de estas mujeres son nefastas”, advierte Elisa, trabajadora social y miembro de Hetaira, quien explica que “es en la negociación con el cliente donde está la fuerza de la trabajadora del sexo”, y que con la nueva norma el miedo a la multa va a provocar que esta negociación se clandestinice. “Y todo lo que se clandestiniza se vuelve más vulnerable”, señala Elisa.
La nueva infracción relacionada con la prostitución tiene como referente la ley sueca de penalización de clientes, una norma que, según Hetaira, ha empeorado las condiciones de vida de las trabajadoras del sexo. Esta asociación señala como objetivo de la infracción la privatización del espacio público. “Les interesa limpiar las calles de lo que no les gusta para hacer un modelo de ciudad de cara al turismo y al comercio”, advierte Elisa, que señala como consecuencia de esta medida el que las prostitutas sean abocadas a los clubes, en donde sus condiciones de trabajo están en manos de los propietarios.
A nivel práctico también surgen dudas sobre la aplicación de la medida. “¿Cómo se valora quién es cliente o no? ¿Acercarse a hablar con una trabajadora del sexo ya sería sancionable?”, se preguntan desde Hetaira. Aunque en el capítulo dedicado al régimen sancionador se estipulan las multas relacionadas que se aplicarán a los clientes de prostitutas, en un capítulo posterior, dedicado a “medidas cautelares”, se explicita que los agentes de Policía informarán previamente de que la práctica no está permitida y sólo si la persona persistiera en su actitud sería sancionada por desobediencia a la autoridad.
La mendicidad es otra de las actividades que pasan a ser sancionables. Al igual que en el caso de los clientes de las trabajadoras del sexo, los agentes de Policía estarán obligados a advertir de la prohibición antes de sancionar y sus multas serán de hasta 750 euros cuando se realice en la entrada de centros comerciales, colegios, hospitales o empresas en general, o hasta con 1.500 euros si es mendicidad organizada. Ofrecer bienes y servicios a los conductores de vehículos en los semáforos también será castigado con hasta 750 euros, menos en el caso de los limpiaparabrisas, que recibirán una multa de hasta 1.500 euros.
La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) se ha reunido con el Ayuntamiento para expresar su preocupación por la nueva normativa. “Nos preocupaba que pusiera el acento en la persecución de la mendicidad y en la venta en semáforos. Eso nos parece muy peligroso y muy negativo, y eso les hicimos saber. Esto está incluido en un epígrafe sobre dignidad de las personas, y lo que atenta contra la dignidad de las personas no es que lo hagan, sino las circunstancias que les empujan a ello”, explica Nacho Murgui, presidente de la federación, quien señala que la reunión con el Ayuntamiento no arrojó ninguna conclusión y que el próximo paso será presentar alegaciones al texto, antes de enero, a partir de las observaciones realizadas por todas las asociaciones federadas.
Otra de las actividades incluidas en la ordenanza es el transporte de drogodependientes a espacios de venta de drogas, las denominadas “cundas”, que pasarán a ser consideradas infracción muy grave. También se castigarán acciones más cotidianas, como tirar un chicle, salpicar con el agua de una fuente, escupir en la vía pública o sacudir el polvo de una alfombra, que supondrán una multa de hasta 750 euros.
Fuente: www.diagonalperiodico.net