La Vocalía de Movimientos de Sociales de Alternativa Republicana ha elaborado este informe en estrecha colaboración con las personas directamente afectadas por la situación de la tutelas de personas adultas en la Comunidad de Madrid.
Alternativa Republicana, a través del Vocal de Movimientos Sociales de la Comisión Ejecutiva Enós Tomás Pastrana, ha tenido noticias de la situación en que se hallan las personas adultas tuteladas por orden judicial por la Comunidad de Madrid, tanto a través de la Agencia Madrileña de Tutelas de Adultos (AMTA), como de entidades privadas con las que el AMTA tiene acuerdos.
Ante ello, la Alternativa Republicana quiere demostrar su apoyo y respeto a todas las personas que están viviendo esta situación, así como a los familiares de las mismas.
Exigimos que el AMTA rinda cuenta detallada de toda su gestión en los últimos 18 años hasta el último céntimo, que se detalle tutelado a tutelado, la gestión que, de sus bienes muebles e inmuebles, se haya hecho, que se realice una auditoría externa que saque a la luz todos los posibles casos de corrupción que hayan podido suceder en estos años, que sus cuentas sean públicas, y que se depuren hasta sus últimas consecuencias los casos de presunta corrupción, con el reintegro a sus legítimos titulares de todas las cantidades defraudadas y devolución de los bienes, muebles o inmuebles, que hayan podido ser ilegítimamente defraudadas,y la destitución inmediata de todos los responsables tanto del AMTA como del Sistema Judicial de Tutelas de Adultos, y su posible connivencia en estos casos durante estos años.
INFORME
En la Comunidad de Madrid, las personas adultas que, por algún motivo, necesitan ser tuteladas, suelen estar adscritas a la Agencia Madrileña de Tutelas de Adultos (AMTA), organismo dependiente de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, y cuya sede se encuentra en la Calle de Guzmán el Bueno 24, 28015 Madrid, y cuyos fines declarados son:
Los fines de la Agencia Madrileña para la tutela de Adultos (AMTA) son:
a) El ejercicio inexcusable de la Tutela y Curatela de las personas mayores de edad incapacitadas legalmente, residentes en la Comunidad de Madrid, en los términos fijados por el Código Civil, cuando así lo determine la autoridad judicial competente.
b) La asunción, en su caso, de la Defensa Judicial de los residentes en la Comunidad de Madrid sobre los que se haya iniciado un proceso de incapacitación, así como el ejercicio de cuantas funciones determine la autoridad judicial en medidas provisionales de defensa y protección personal y patrimonial de presuntos incapaces en situación de desamparo.
c) El fomento y realización de acciones encaminadas a la integración y normalización de los tutelados por la Agencia, facilitando recursos sociales, la atención personal del incapacitado, su cuidado, rehabilitación o recuperación y el afecto necesario.
d) La administración de los bienes del tutelado, actuando en su beneficio, bajo los principios de prudencia, conservación y mejora de aquéllos, con arreglo a las previsiones contenidas en el Código Civil al respecto.
Dichos principios, de todo punto loables, se ven tergiversados y manipulados de manera escandalosa por una gestión completamente opaca, que no ha dado cuentas de su gestión en cerca de 20 años a ninguna organismo público que lo deba supervisar, ni siquiera a la Asamblea de Madrid. Este organismo se encarga de todas aquellas personas adultas que, por orden judicial, han sido incapacitadas por orden judicial y puestas bajo la tutela del AMTA o de entidades privadas.
Una de las consecuencias de la tutela de adultos es que los mismos pierden el derecho al voto, y que no se les informa de lo que el AMTA hace con sus bienes, perdiendo todo derecho a esa información. No decimos ya a disponer de ellos: ni siquiera a saber si sus bienes se enajenan y por cuanto, ni el destino de dichas cantidades, así como la falta de personal suficientemente cualificados para atenderles. Otra de las consecuencias es que, algunas entidades privadas, se arrogan el derecho a la libertad de circulación de los adultos tutelados.
El sistema judicial que debería cuidar de estas personas (los tribunales y fiscales de tutelas de adultos), por los datos que nos transmiten, no sólo no cumplen con su función tutelar de cuidar de estas personas y sus bienes, sino que, en buena medida, se encuentran directamente involucrados en dichos manejos, con sospechas de haberse visto beneficiados en la gestión de los bienes de esas personas, con muertes accidentales sospechosas incluidas.
Reseñar que los partidos que, en la actualidad, componen los grupos parlamentarios presentes en la Asamblea de Madrid, son conscientes de la opacidad en la gestión de los asuntos del AMTA y de las personas tuteladas por dicho organismo, y que, a pesar de las peticiones de información realizadas por los partidos de la oposición parlamentaria (con más o menos ganas de sacar a la luz la verdad de todo lo que está sucediendo, todo hay que decirlo), en todo este tiempo (unos 18 años) el AMTA no ha rendido informes a nadie de la gestión de los bienes de los tutelados, manteniendo una actitud que hace pensar que algo se oculta, pues no parece que exista siquiera un inventario de los bienes muebles e inmuebles de los tutelados al hacerse cargo el AMTA de ellos, ni de la gestión que se hace de cada uno, ni parece que el sistema judicial de tutelas de adultos haya mostrado el menor interés en aclarar estos temas.
Se han dado casos de dar, a esas personas, dos o tres euros diarios para sus gastos, sin preocuparse siquiera de buscarles un alojamiento a aquellos que no se encuentran internados en ningún centro, por lo que se ven obligados a mendigar y dormir en las calles, o de ir a comer a Comedores Sociales.
Estas personas nos piden que les brindemos la mayor difusión posible a la situación que están pasando, dándola a conocer al público con todos los medios a nuestro alcance.
ENLACES DE INTERÉS: