Nuevo pucherazo a la Educación Pública No es suficiente con la LOMCE, con la suspensión y el recorte de becas, con el aumento considerable del número de alumnos por aula, con la falta de material, con la congelación de sueldos de los docentes...etc.
Parece que todo lo narrado anteriormente no culmina con la destrucción de la Educación Pública, que ha permitido al hijo del obrero poder cursar una carrera universitaria al igual que el hijo del empresario.
El último pucherazo de nuestro Ministro de Educación, Deporte y Cultura no ha sido otro que el famoso Decreto 3+2. Este decreto, como todas las reformas llevadas a cabo en Educación por este gobierno de incompetentes, no tiene sino como objetivo frenar la formación y la educación de la clase baja. Con este decreto se echan por tierra los cuatro años de grado y uno de máster y se establecen tres años de grado y por consiguiente, dos años de máster.
Desde el punto de vista de una familia humilde sí ya era un sacrificio y un esfuerzo costear las matrículas de la Universidad, los libros de texto y el año de máster, ahora, con el nuevo decreto se duplicarán los gastos, los cuales, miles de familias no podrán hacer frente. En estos tiempos, no basta con hacer los grados de la Universidad. Éstos serán papel mojado en el mercado laboral sin los dos años de máster.
Con este decreto se están condenando a miles de estudiantes al fracaso laboral, mientras que a los afortunados adinerados que puedan costearse los dos máster tendrán menos competencia a la hora de solicitar empleo. Una vez más, este Gobierno favorece a la clase adinerada y aplasta, aún más si se puede, a la clase trabajadora.
La Educación sufre uno de sus peores atentados a manos de quienes se creen sus propietarios. Este Gobierno no se da cuenta que se equivoca, pues no parece advertir lo que es evidente. La Educación, los colegios, los institutos, las universidades, los libros de texto, no son ni ofrendas ni presentes, son simplemente nuestros. El derecho a una Educación Pública es nuestro, por eso, es nuestro deber protegerlo y comprometernos a su cumplimiento.
Como en nuestro caso, cuando las Instituciones que deben hacerlo cumplir no lo llevan a cabo y por si fuera poco hacen justo lo contrario, automáticamente su cometido pasa a la ciudadanía, su legítima propietaria que siempre tiene el derecho y el deber de intervenir, de actuar y de luchar si se precisa de ello. No lo dudemos, la Educación Pública o lo que queda de ella reside en nuestras manos, nosotros somos sus legítimos propietarios.
Manuel Jiménez Freniche