Destrozado el mercado, los derechos laborales, los sociales, la sanidad, la justicia gratuita, la protección de los dependientes ahora el Tribunal de cuentas nos informa que a 31.12.201 había 221.384 expedientes laborales sin resolver, un 67% más que un año antes y un 295% sobre la cifra de 2007. Claro que ahorramos en plantilla laboral que sólo aumentó un 0,07 % pero con una pérdida de productividad al tardar 201,52 días en resolver un expediente en vez de 185,47 con Barcelona en la cabeza de la ineficacia (395 días), seguida de Madrid (379 días) y Valencia (354 días) debido al aumento de empresas que han desaparecido algo que no previó el FOGASA por lo que el Ministerio de Empleo le echa la culpa al anterior Ejecutivo socialista porque aumentaron las solicitudes un 1.631,31% entre 2007 y 2011.
La falta de personal implica un grave riesgo de extravío de documentación, aumento de defectos y demoras que incluyen pago prestaciones fraudulentas sin control. Como el número de letrados es "insuficiente y en vez de un procedimiento homogéneo para decidir a qué juicios asisten cada uno lo decide discrecionalmente la asistencia a juicios indirectos apenas llegó al 30% entre 2012 y 2013 --en Badajoz, Castellón, Jaén o Tarragona ni siquiera al 2%-- aunque el 56% de los casos en que se personaron las sentencias fueron favorables. ¿El resultado?: abono de prestaciones a trabajadores no dados de alta en la SS --1.117 reconocimientos en 2013 por valor de 5,55 millones--, fraude, que haya una empresa ficticia --caso de 65 trabajadores que recibieron 413.596 euros del Fondo--, etc., etc.
118.863 expedientes, 75 % de los aprobados en 2013 al superar el plazo máximo legal permitido, permitirían una demanda; en 7.409 casos se denegó la prestación aunque debería haberse aplicado el silencio administrativo positivo. Los fundamentos de hechos y derecho son "escasas y genéricas", lo que "podría devenir en una falta de motivación" de la actuación administrativa, con la consecuente presentación de demanda por parte del trabajador.
La incomunicación del Fogasa con el Servicio Público de Empleo Estatal permitió que haya trabajadores cobrando prestaciones por duplicado; que no se remitan las deudas por subrogación a la Agencia Tributaria (AEAT) por importe de 7 millones de euros de los 174.804 empresarios deudores por subrogación aunque el índice de cobro de esas deudas sólo aumentó el 1,5% (el 0,2% para personas físicas). Tampoco los cobros por vía ejecutiva fueron efectivos y hubo 11,11 millones de deuda sin cobrar de once deudores.
El Proyecto GRETA encomienda la gestión a la empresa pública Tragsatec por 3,27 millones de euros, pero el Tribunal de Cuentas cree que este contrato "no debió aceptarse por no respetar la legalidad vigente". Tragsa está especializada en actividades medioambientales agrícolas o, ganaderas. Aunque sólo tramiten expedientes habría "indicios de extralimitación de dichas funciones" vulnerando, entre otras, de la Ley de Protección de Datos y además no tienen competencia legal por lo que la denegación de las prestaciones podrían anularse. La inexperiencia de los empleados, su falta de acceso a información sobre empresas ficticias o la falta de garantías en estos expedientes, visados por funcionarios del Fondo en un "mero trámite formal" por el volumen de trabajo que soportan auguran más demoras. Además hasta desde el punto de vista económico ha sido un dislate: la media mensual de expedientes aprobados en 2013 sin la colaboración de Tragsatec fue un 22% superior a la media de expedientes aprobados en los primeros meses de 2014. Su coste fue un 1.077% sin contar que el precio final de la encomienda de gestión excederá los 3,27 millones al tener en cuenta costes indirectos (tiempo en formación, asesoramiento, selección de expedientes a tramitar por Tragsa) y aun sólo con los directos. De haberlo hecho funcionarios habría costado apenas 274.281 euros, un 91,6% menos. Y todo este despilfarro parar una solución temporal porque no solucionará el "colapso" del Fogasa: los expedientes sin resolver aumentaron ya un 11%.
En Empleo dicen que en 2014 resolvieron 300.000 expedientes frente a los 166.788 del ejercicio anterior, "duplicándose" el ritmo de resolución y "eliminando el atasco". En noviembre se autorizó un suplemento de crédito de 940,6 millones para pagar salarios e indemnizaciones atrasados. Pero el Tribunal de Cuentas ve que el Fogasa es inviable dada la "insuficiente dotación" de los últimos ejercicios. La mayor parte de sus ingresos venían de la venta de títulos de deuda pública, que se habrán liquidado en su totalidad en 2014.
¡Toma empresa privada. ¡Toma Estado de Derecho! ¡Toma políticos competentes! Se necesita una ALTERNATIVA y ésa es REPUBLICANA: una función pública profesional y competente.
Alfonso J. Vázquez
Eco Republicano