Más de cuarenta organizaciones de Memoria Histórica y Democrática y contra la impunidad del franquismo, se dieron cita el día 4 del presente, en el Ateneo Científico y Literario de Madrid, para debatir y sacar conclusiones, de los informes de la ONU, que instan al Gobierno del PP, a reconocer las víctimas del franquismo y hacer justicia con las desapariciones forzadas
Los reunidos, recordaron que, el próximo 31 de octubre, vence el plazo dado por la ONU al Estado Español, en relación con algunos objetivos inmediatos de la aplicación del derecho internacional a las desapariciones forzadas que tuvieron lugar durante la guerra civil española, la dictadura franquista y aun en la etapa posterior.
En un borrador de documento que ha de ser cosensuado en los próximos días, se recoge que “dicho emplazamiento público e internacional, promovido por el informe del relator de la ONU, debería haber movilizado por sí mismo a todos los resortes políticos y jurídicos del Estado, a todos los partidos que se reclaman de la democracia, a fin de poner término a una larguísima situación histórica de olvido programado, de injusticia, discriminación e impunidad”. El documento propuesto sigue diciendo, “Ninguna institución del Estado, ni central, ni autonómica ni local, ha promovido iniciativa alguna para dar cumplida respuesta a las demandas de Naciones Unidas, tomando decisiones políticas y jurídicas que la situación exige. Y todas ellas están comprometidas por ley en la defensa de los derechos humanos”.
Estas organizaciones de Memoria Histórica y Democrática y republicana y contra la impunidad del franquismo, insisten en “volver a reclamar con más fuerza, si cabe, que se ponga término al silencio oficial y no se permita la prolongación sine die de la más absoluta impunidad establecida en todas y cada una de las instancias del Estado, desde la misma Jefatura del Estado”.
Los reunidos, acuerdan “exigir al Gobierno y las Cortes Generales, mediante delegación representativa, que se tomen en consideración las recomendaciones ratificadas por el Consejo de Derechos Humanos del pasado mes de septiembre de 2014, y que en el plazo de tiempo establecido se dé cumplida respuesta a la aplicación de sus recomendaciones. Así mismo –sigue-, demandamos que el pleno de las Cortes venga a reconocer mediante moción expresa que existen, como consecuencia de la guerra civil, de la dictadura y del tiempo posterior, millones de personas contra las que se cometieron crímenes internacionales calificados como crímenes contra la humanidad por el derecho internacional establecidos en los juicios de Nuremberg y Tokio, crímenes que no prescriben y que deben ser investigados, juzgados y reparados. Ha de ponerse fin, así, a cualquier obstáculo legal del derecho interno o de sentencias de los tribunales que pudieran interponerse como impedimento contra los derechos de las víctimas y/o sus familias”.
Los reunidos, señalaron que “las demandas internacionales interpuestas por las víctimas y/o sus familiares en diversos tribunales internacionales de Estrasburgo, Ginebra y Buenos Aires, deben ser tenidos en cuenta por los tribunales españoles, procediendo a establecer la necesaria colaboración en la investigación judicial, así como de las medidas cautelares, en los interrogatorios, en la aportación de pruebas y testigos, procediendo a la exigencia de apertura pública de todos los archivos que pudieran ser fuente de investigación”.
También se hizo un llamamiento a todas “las candidaturas políticas que pretenden presentar listas a las próximas elecciones que hagan suyas, explícitamente y en sus programas electorales, la demanda histórica y democrática del reconocimiento político y jurídico de las víctimas del franquismo”.
Entre las propuestas hechas por los asistentes, se recoge en realizar una serie de ruedas de prensa internacionales, en la que se pedirá al PP mayor implicación en el reconocimiento de las víctimas de la dictadura franquista. Crear una fiscalía especial anti impunidad. Y promover manifestaciones masivas en todos el Estado español para que todas estas reivindicaciones expresadas, sean una realidad. Destacar los valores de la II República y los valores de la III República.
Asímismo se denunció la complicidad de la monarquía, su no implicación en reconocer a las víctimas de la dictadura y las desapariciones forzadas.
¡Acabemos con la impunidad!
Reunidos en Madrid representantes de diversos colectivos de víctimas del franquismo y que se reclaman de la memoria democrática y republicana, a instancia de la propuesta realizada a tal efecto por personas de diversas procedencias, y habiendo debatido la situación por la que pasan las demandas de nuestro movimiento, entre todos venimos a acordar en defensa del reconocimiento de las víctimas del frnaquismo y de sus derechos, las determinaciones siguientes:
Introducción
El próximo 31 de Octubre vence el plazo de 90 días dado por la ONU al ESTADO ESPAÑOL en relación con algunos objetivos inmediatos de la aplicación del derecho internacional a las desapariciones forzadas que tuvieron lugar durante la guerra, la dictadura y aún en la etapa posterior.
Vivimos un tiempo político nuevo caracterizado por un amplio despertar de las aspiraciones sociales de la mayoría, y constatamos que las exigencias históricas y democráticas de las víctimas del franquismo figuran entre las principales demandas a cumplimentar.
Dicho emplazamiento público e internacional, promovido por el informe del relator de la ONU, debiera haber movilizado por sí mismo a todos los resortes políticos y jurídicos del Estado, a todos los partidos que se reclaman de la democracia, a fin de poner término a una larguísima situación histórica de olvido programado, de injusticia, discriminación e impunidad.
Ninguna institución del Estado, ni central, ni autonómica ni local ha promovido iniciativa alguna para dar cumplida respuesta a las demandas de Naciones Unidas, tomando las decisiones políticas y jurídicas que la situación exige. Y todas ellas están comprometidas por ley en la defensa de los derechos humanos.
Nos corresponde, de nuevo, a las asociaciones y colectivos defensores de la memoria histórica democrática y republicana volver a reclamar con más fuerza, si cabe, que se ponga término al silencio oficial y no se permita la prolongación sine die de la más absoluta impunidad establecida en todas y cada una de las instancias del Estado, desde la misma Jefatura del Estado.
Los obstáculos interpuestos por el Estado español en la vía de la verdad, la justicia ,la reparación y no repetición, como reclama el derecho internacional y humanitario, son de sobra conocidos. Se trata de la utilización maniquea de las leyes de Amnistía y de la Memoria como leyes de punto final, tendencia reforzada por la misma sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2010, que en sustancia vienen a negar la existencia de crímenes internacionales cometidos en España por el franquismo desde la guerra 36-39 y que, por tanto niega, de forma obscena y cínica la existencia de millones de víctimas del franquismo.
Determinaciones
Por ello, en el plazo de tiempo instado por la ONU al Estado español, acordamos promover, con la más amplia participación de asociaciones, colectivos, víctimas y familiares, las siguientes determinaciones:
A) Exigir al Gobierno y a las Cortes Generales, mediante delegación representativa, que se tomen en consideración las recomendaciones ratificadas por el Consejo de Derechos Humanos del pasado mes de Septiembre de 2014, y que en el plazo de tiempo establecido se dé cumplida respuesta a la aplicación de sus recomendaciones. Demandamos que el pleno de las Cortes venga a reconocer mediante moción expresa que existen, como consecuencia de la guerra civil, de la dictadura y del tiempo posterior, millones de personas contra las que se cometieron crímenes internacionales calificados como crímenes contra la humanidad por el derecho internacional establecido en los juicios de Núremberg y Tokio, crímenes que no prescriben y que deben ser investigados, juzgados y reparados. Ha de ponerse fin, así, a cualquier obstáculo legal del derecho interno o de sentencias de los tribunales que pudiera interponerse como impedimento contra los derechos de las víctimas y/o sus familias.
B) Las Cortes Generales deben acordar promover en su seno y bajo su responsabilidad una Comisión de Investigación de los Crímenes Franquistas o Comisión de la Verdad, contando para ello con las víctimas, sus familiares y las asociaciones que se personen, procediendo a la anulación de toda ley y/o sentencias contrarias a los principios que emergen de las obligaciones internacionales del Estado español.
Constatamos, a tal efecto, que la legislación penal internacional, que fue suscrita por el Estado español en 1985 y recogida en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así lo establece.
C) Demandamos por todo ello el pleno reconocimiento, como sujeto político y jurídico de las víctimas del franquismo, como personas que sufrieron daños por culpa ajena, lo que implica, de acuerdo con la legislación, la total nulidad de toda discriminación o desigualdad respecto a los derechos civiles de otras víctimas.
D) Las demandas internacionales interpuestas por las víctimas y/ o sus familiares en diversos tribunales internacionales de Estrasburgo, Ginebra y Buenos Aires deben ser tenidas en cuenta por los tribunales españoles, procediendo a establecer la necesaria colaboración en la investigación judicial, así como en la aplicación de las medidas cautelares, en los interrogatorios, en la aportación de pruebas y testigos, procediendo a la exigencia de apertura pública de todos los archivos que pudieran ser fuente de investigación. Señalamos la necesaria colaboración que los Juzgados y Tribunales españoles deben prestar a las autoridades judiciales extranjeras en aplicación del artículo 277 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de Julio del Poder Judicial.
E) Instamos a los tribunales españoles a que no se archiven las justas demandas de las víctimas del franquismo y/o sus familiares, a que se tengan en consideración sus demandas y alegaciones, prestando, en cualquier caso, el necesario auxilio judicial que se les niega después de 76 años.
F) Hacemos envío de esta declaración pública y de las reclamaciones que contiene a todos los podres públicos, que puedan estar interesados o comprometidos en la aplicación del derecho internacional y humanitario, a todos los partidos y sindicatos, a todos los entes defensores de los derechos humanos.
Llamamos a todas las candidaturas políticas que pretenden presentar listas a las próximas elecciones que hagan suyas, explícitamente y en sus programas electorales, la demanda histórica y democrática del reconocimiento político y jurídico de las víctimas del franquismo.
G) Desde hoy y para los próximos meses, promovemos con todos los defensores de los derechos de las víctimas delegaciones a la Comisión de Justicia e Interior de las Cortes Generales, para que se establezca una moción democrática, a presentar al pleno del Congreso, sobre las víctimas del franquismo y la memoria democrática y republicana, acompañada en su momento por una gran manifestación ciudadana dirigida a exigir a las Cortes Generales y al Gobierno el pleno reconocimiento de las víctimas del franquismo y de sus derechos.
Ángel Pasero, periodista.
Fuente: www.cronicapopular.es