Como es conocido, el gobierno reformó, en solitario, la Ley Orgánica del Poder Judicial, para limitar la justicia universal, promovida a través de una proposición de ley, que se tramitó por urgencia y en lectura única —casi a traición y sin debate—, por lo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no tuvo ocasión de pronunciarse, como es preceptivo. Todo parece que la reforma vino por la presión de la China popular. Es la tendencia, incluso la política urbanística de Madrid es china.
Abundando más en el despropósito, el pasado día 29, el PP rechazó en el Congreso de los Diputados, las propuestas del PSOE y de CiU, para que el CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, emitiera un informe de valoración sobre la reforma, la cual está siendo cuestionada y criticada duramente por jueces y fiscales, que han abierto la vía para llevar la nueva norma al Tribunal Constitucional. Por su parte Jueces para la Democracia, censura que el gobierno renuncie a la defensa de los Derechos Humanos, dejando indefensos a los españoles, por intereses políticos. «Quienes ganan especialmente con estas reformas legales son los genocidas y los autores de graves crímenes contra la humanidad, que verán aumentar la impunidad de sus delitos».
Decía el ministro de asuntos exteriores Margallo, en el programa Espejo Público hace unos días, entre risas generalizadas de los contertulios: «España no puede convertirse en una especie de gendarme internacional; es decir, el pensar que España, puede juzgar lo que pasó en el Tibet hace quince o veinte años, con los medios que tenemos es ilusorio y nos crea unos conflictos tremendos». A la pregunta de una periodista sobre si llamó China para pedir esta reforma, el diplomático, como zorro viejo, contestó con más risas: «eso forma parte del secreto del sumario». Lo que hace entender que hubo llamada.
El detonante para que el gobierno reformara la ley de justicia universal, fue el auto del juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, en el que pedía la detención e ingreso en prisión incondicional y sin fianza, por presuntos delitos de «genocidio, tortura y lesa humanidad» por el genocidio en el Tibet, para el ex-presidente chino Jiang Zemin —1993 y 2003—, para Li Peng, es-primer ministro chino y de otros dirigente del Partido Comunista de China. Según todas las fuentes, el gobierno habría recibido presiones económicas de China para paralizar este proceso. Teniendo en cuenta de que China posee el 20% de la deuda española, no cabe añadir más palabras.
La eliminación de la justicia universal en España, tiene otras consecuencias, no solo relacionadas con la República Popular China, sino contra la persecución de los delitos de crímenes de guerra, de lesa humanidad o narcotráfico. De hecho, hasta ahora y en aplicación de la ley, han sido puestos en libertad no menos de 43 narcotraficantes internacionales. Mientras la corrupción, los criminales genocidas y delincuentes internacionales pueden campear a sus anchas por España, el gobierno persigue y encarcela a quienes ejercen el derecho a protestar en calles y plazas contra las políticas antisociales o manifestándose en Twitter o Facebook. Hasta cien fiscales trabajan en España para valorar los delitos en las redes sociales.
La Fundación Baltasar Garzón ha celebrado un congreso sobre «La justicia universal del siglo XXI», en el que se ha analizado la reciente reforma, que como hemos visto, limita la persecución de los delitos de lesa humanidad cometidos por extranjeros fuera de nuestras fronteras, lo que origina que los jueces y fiscales se vean en la obligación, aplicando la ley, de liberar a narcotraficantes o impedir la captura y enjuiciamiento de delincuentes relacionados con el crimen organizado. «En un sistema como el nuestro de división de poderes, el Parlamento aprueba las leyes, el Gobierno tiene la obligación de cumplirlas y hacerlas cumplir, y los jueces de aplicarlas», recordaba Sáenz de Santamaría, cuando lo cierto es que en España, la división de poderes es una entelequia.
El Congreso emplaza a perseguir, bajo el principio de justicia universal, los graves delitos contra la naturaleza, crímenes económicos, o los fraudes alimentarios; la especulación de precios sobre productos de primera necesidad de los que dependa la supervivencia o la salud de las personas; la explotación laboral ilegal de menores; o la explotación ilícita de recursos naturales. En relación con el principio de «comunidad de intereses», por el que es permisible la aplicación de la legislación nacional a ciertas acciones delictivas que atentan contra valores jurídicamente protegidos y de interés para la comunidad internacional, entendieron que debe ser aplicable al tráfico ilícito de armas a zonas de conflicto o con la prohibición expresa de exportación por Naciones Unidas o la destrucción «irreversible» de ecosistemas.
Las conclusiones piden que los Estados donde se cometieron los hechos, no puedan alegar prescripción, amnistía, indultos u otras medidas similares para exonerar de responsabilidad a los presuntos criminales. En este sentido, sugieren que el país donde se encuentre el sospechoso, inicie una investigación y acuerde las medidas cautelares personales y patrimoniales convenientes para asegurar su presencia, con independencia de que exista una previa petición de extradición. Para los expertos, los tribunales internos deben complementar a la Corte Penal Internacional en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos que sean competencia de este órgano, garantizando los derechos de las víctimas y de sus familiares directos.
España, pionera en la lucha internacional contra los crímenes «que tienen a la humanidad como sujeto pasivo», ahora retrocede, afirmaban desde Jueces para la Democracia. Con esta reforma, Rajoy y los suyos quedan retratados. «Es un paso atrás en la lucha contra la impunidad». Está abocando al archivo de numerosas causas que está investigando la Audiencia Nacional, no solo el genocidio en el Tíbet, sino la muerte de José Couso, los genocidios en Guatemala, Ruanda o Sáhara, o el asesinato de Ignacio Ellacurría en El Salvador. La reforma supone una interferencia más del ámbito político en el judicial, desvirtuando la división de poderes a la que con tanto énfasis se refería la vicepresidenta, callando ahora vergonzantemente, ante la injerencia del Fondo Monetario Internacional, cuando reprocha a los jueces españoles, que estén perjudicando la reforma laboral con una «interpretación restrictiva sobre los despidos».
El principio de justicia universal no puede desaparecer por intereses comerciales, diplomáticos, estratégicos y mucho menos por intereses ideológicos y partidistas del PP. El gobierno defiende a los corruptos, porque son suyos; dejando impunes horrorosos crímenes contra la humanidad; mostrando falta de sensibilidad y desprecio hacia las víctimas, que son nuestras. Frente a esto, el gobierno reprime sin escrúpulos a quienes protestan o participan en piquetes informativos pacíficos, desprotegiendo a la ciudadanía frente a la barbarie criminal. Contra la impunidad #YoTuiteoNoSaqueo
Víctor Arrogante
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