Extracto de entrevista realizada a Mirta Núñez Diaz-Balart con ocasión del aniversario de la sublevación militar de 1936.
Para Mirta Nuñez, directora de la Cátedra de Memoria Histórica del Siglo XX de la Universidad Complutense de Madrid, el aniversario del alzamiento militar que provocó una Guerra Civil también es el símbolo de la resistencia y de la lucha del pueblo “que no se entregó a aquellos que utilizaron la violencia y que pretendieron imponerse mediante las armas”. “Es importante recordar que a partir de aquel 18 de julio, España se convirtió en el primer país que le plantó cara al fascismo internacional y consiguió frenarlo durante tres años con un contexto internacional hostil a la primera experiencia democrática española”, señala Mirta Núñez.
A la pregunta de qué fue y qué significó la II República contestó Antonio Machado, como nadie más ha sabido hacer, en un texto publicado el 14 de abril de 1937: “Unos cuantos hombres honrados, que llegaban al poder sin haberlo deseado, acaso sin haberlo esperado siquiera, pero obedientes a la voluntad progresiva de la nación, tuvieron la insólita y genial ocurrencia de legislar atenidos a normas estrictamente morales, de gobernar en el sentido esencial de la historia, que es el del porvenir. Para estos hombres eran sagradas las más justas y legítimas aspiraciones del pueblo; contra ellas no se podía gobernar, porque el satisfacerlas era precisamente la más honda razón de ser de todo gobierno. Y estos hombres, nada revolucionarios, llenos de respeto, mesura y tolerancia, ni atropellaron ningún derecho ni desertaron de ninguno de sus deberes”.
La apuesta de la II República por una Educación laica, pública y sin discriminaciones puede considerarse como su “proyecto estrella”, apunta la historia Mirta Núñez. A través del Patronato de Misiones Pedagógicas, el Estado republicano mostró su voluntad de fomentar la cultura y extender la enseñanza a todos los rincones del país en un momento histórico en el que más de un tercio de la población española era analfabeta.
En términos monetarios, se puede calcular la importancia de la educación para los gobiernos de centro-izquierda de la República si se compara los 20 millones de pesetas que el Estado republicano invirtió en Educación en 1937, en plena Guerra Civil, con los escasos ocho millones que había invertido el último Gobierno monárquico en las escuelas de toda España.
El Gobierno provisional declaró en mayo de 1931 su voluntad de acometer una reforma agraria integral que facilitara la transformación social, política e industrial de España y la “posibilidad de una democracia aldeana”. Una reforma que se antojaba fundamental si se tiene en cuenta que casi el 50% de la población activa española se dedicaba a trabajar la tierra. El objetivo marcado, por tanto, no era colectivizar la tierra, sino expropiar los latifundios y asentar campesinos en ella según ciertas normas, evaluando las diferentes causas por las que las tierras estaban sin explotar, o deficientemente cultivadas, y compensando económicamente al terrateniente expropiado.
Azaña pronunció un discurso dentro del cual soltó la famosa frase: “España ha dejado de ser católica”. En él defendió que la nueva Constitución tenía que ser laica por definición. Así, la República decretó la disolución de la Compañía de Jesús, la regulación de las demás congregaciones por medio de una ley y la prohibición de ejercer la enseñanza a toda orden religiosa.
La Iglesia respondió con una declaración conjunta de los obispos rechazando la Constitución. La aprobación de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas en junio de 1933, cuya principal consecuencia fue regular la prohibición de ejercer la enseñanza a los religiosos, supuso la ruptura definitiva del diálogo entre el poder religioso y el gobierno del primer bienio y la condena de Pio XI del régimen republicano.
El Gobierno reformista republicano-socialista dictaminó un amplio conjunto de leyes que amparaba los derechos políticos y civiles de las mujeres y su incorporación en la vida política. Entre ellas, sufragio universal y el principio de igualdad de género. Por primera vez, las mujeres españolas eran ciudadanas de pleno derecho. “La República empujó a la mujer a tener y a buscar una presencia autónoma y no subordinada en la esfera pública. La llevó a buscar y a lograr un trabajo asalariado con el que poder subsistir autónomamente y trató de inculcar la igualdad desde la educación”, analiza la historiadora Mirta Núñez.
Esta voluntad igualitaria de la II República se reflejó en numerosas reformas legales en los ámbitos de la maternidad, la familia, el trabajo y la educación que consolidaron los derechos de las mujeres. Un dato estadístico que habla de esta decidida apuesta de los gobiernos de centro-izquierda de la República es la afiliación de 741.771 trabajadoras al Seguro Obligatorio de Maternidad que introdujo un servicio estatal de atención sanitaria, de descanso maternal y de subsidios a las madres trabajadoras entre 1931 y 1935, según aporta Mary Nash, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona.
Además, la Constitución recogía que “el matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos”. De esta manera, la Carta Magna introducía el nuevo principio de la igualdad en la familia. También cabe destacar que se reguló la igualdad de trato entre hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio y se otorgó el derecho a la investigación de la paternidad. Por último, la Ley del Divorcio de 1932 fue otra medida significativa al admitir la disolución del matrimonio por mutuo acuerdo y asentarse en el principio de la igualdad entre los cónyuges.
Fuente: David versus Goliat
