El debate sobre monarquía o república en España se ha intensificado en los últimos años como consecuencia de varios factores, principalmente por los escándalos en los que se ha visto inmersa la Corona y, secundariamente, por la crisis económica y política que ha transmitido, creo yo, la sensación de gasto superfluo que conlleva la monarquía parlamentaria como institución cuando ésta se revela incapaz -por mandato constitucional- de intervenir de manera más efectiva y autónoma en su función arbitral y moderadora entre poderes e instituciones.
Que una república parlamentaria es más económica que una monarquía parlamentaria no tiene discusión, a pesar de los intentos de determinados partidos y medios de comunicación en edulcorar los datos contables para transmitir la idea de que la monarquía española es de las más económicas de Europa o, como mucho, igual de costosa que una República. Pero, a poco que se conozcan las funciones de un monarca parlamentario o de un presidente de República, la diferencia económica salta a la vista. En España, además de la dotación presupuestaria que cada año el Congreso -a iniciativa del Gobierno- aprueba para la Corona (presupuesto de libre disposición), hay que añadir los gastos que el Gobierno sufraga directamente a la Familia Real: seguridad, viajes oficiales, parque móvil y aéreo, residencias oficiales, etc. Para decirlo de una vez, a nadie se le escapa que en una República parlamentaria dichos gastos quedan limitados al Jefe del Estado y su cónyuge, que son quienes participan en actos representativos de Estado, públicos o privados, quedando excluidos los hijos o hermanos de quien ocupa la Jefatura del Estado.
Ahora bien, el argumento principal que se esgrime a favor de una República es acabar con el anacronismo de la sucesión hereditaria al frente de la Jefatura del Estado, reclamando el derecho a elegir democráticamente al titular de dicha institución. Si bien en esto algunos tendrían que aclarar si, cuando defienden una República por este motivo, están pensando en una República presidencialista como la estadounidense o semi-presidencialista como la francesa o la portuguesa, en las que efectivamente los ciudadanos eligen en las urnas al Jefe del Estado, tenga éste plenas competencias ejecutivas (EE UU) o no (Francia o Portugal, donde el presidente de la República se reserva algunos poderes, cediendo la mayoría al primer ministro de su Gobierno). Porque si la República en la que se piensa es la parlamentaria, en ésta a los presidentes no los elige directamente el pueblo a través de elecciones sino que son elegidos indirectamente por el pueblo a través de sus representantes políticos (Parlamento y, en su caso, representantes regionales) que, reunidos en asamblea, proponen y eligen al Jefe del Estado. La elección entre República presidencialista o parlamentaria es importante, pues en aquélla la división de poderes es estricta y en ésta, no tanto, de lo que se deducen importantes consecuencias a la hora de resolver conflictos entre poderes, que pueden provocar un colapso institucional. Cada una de esas formas republicanas aporta soluciones distintas para resolver dichas situaciones y, por tanto, creo que hay que tener en cuenta estas diferencias para decantarse por un tipo u otro de República en un sistema democrático.
Además de la razón económica, a muchos nos resulta más útil una República parlamentaria pues en ella el Jefe del Estado tiene más autonomía para ejercer las funciones constitucionales que tiene asignadas, siendo las más relevantes las de integrar políticamente, arbitrar y moderar entre poderes e instituciones. En una monarquía parlamentaria todos los actos políticos del Rey son irresponsables y deben ser refrendados por el Gobierno de turno, lo que significa que toda su iniciativa personal en el arbitrio y moderación entre poderes, cuando exista un conflicto entre los mismos, tiene que ser autorizada y controlada por dicho Gobierno, lo cual limita sobremanera esa importante función constitucional asignada a la Jefatura del Estado en un sistema parlamentario de Gobierno. En una República parlamentaria, sin embargo, el Jefe del Estado puede desplegar toda su iniciativa personal para ejercer de árbitro y moderador entre poderes e instituciones cuando la situación lo requiera. Lo estamos viendo de manera continua en Italia, por ejemplo, donde el presidente Giorgio Napolitano ha logrado reconducir muchas situaciones conflictivas en los últimos años. Y aquí en España, por lo menos en dos ocasiones (guerra de Irak, soberanismo catalán), la mayoría de los ciudadanos hemos echado de menos alguna institución efectiva que pudiera superponerse con autoridad (no con poder) entre instituciones ante determinados conflictos. Se dirá que el Rey ejerce esas funciones con discreción, en la intimidad, pero vuelvo a repetir, el Rey en una monarquía parlamentaria no puede ir más allá de lo que le marca el Gobierno y, por tanto, dependiendo de cómo sea ese Gobierno así será la iniciativa del monarca. La pregunta es sencilla: ¿para qué queremos una institución que arbitra y modera entre poderes e instituciones si quien, efectivamente, arbitra y modera es, en última instancia, el propio Gobierno?
En una República parlamentaria (Italia, Alemania…) es una asamblea de representantes políticos quien elige al Presidente y esto se hace así para que represente de verdad a todos los ciudadanos y no tenga la legitimación directa de una parte de los mismos en unas elecciones. Desconozco si en la actualidad esos candidatos se dan de baja en los partidos en que militan, una vez son elegidos presidentes de República. Si no es así, debiera ser así, aunque mucho mejor sería proponer a candidatos ajenos a la política (que no apolíticos), que integraran a una inmensa mayoría de ciudadanos sobre otros valores que no fueran estrictamente los ideológicos o partidistas. En todos los países hay académicos, científicos, intelectuales, escritores, artistas, periodistas, empresarios, etc., que concitan una identificación mayoritaria de la sociedad y esos serían buenos candidatos a presidir una República parlamentaria en la que, además, se establecería un puente entre políticos y ciudadanos que, ahora mismo, se echa mucho de menos. En cualquier caso, ésta es una idea personal, claro está, ajena al debate entre monarquía o república.
Al final, el debate entre estas dos formas de Jefatura de Estado, monarquía o república, para un sistema parlamentario de gobierno se reduce, prácticamente, a la elección de su titular por transmisión hereditaria o por designación popular directa o indirecta -que ya es suficiente debate- y al período de tiempo que ejercerá dicho cargo, vitalicio o temporal. No es una decisión banal pues el Jefe del Estado simboliza, además de la unidad estatal y la integración política, la permanencia del Estado en el tiempo, más allá de gobiernos temporales. Por eso, la representación simbólica de la permanencia del Estado en la figura de un presidente se suele circunscribir a mandatos largos (7 ó 5 años) que superen los mandatos convencionales de las legislaturas parlamentarias. Y aquí, a muchos, nos asalta otra pregunta: si los tiempos cambian, si las sociedades cambian, ¿es democrático que no cambie la familia que representa al Estado?
Francí Xavier Muñoz, Diplomado en Humanidades y en Gestión Empresarial
Fuente: www.nuevatribuna.es