Es ingeniero industrial, trabajó durante cuatro años en la filial española de Landis & Gyr, primer fabricante mundial de contadores de la luz, y conoce desde dentro cómo funciona el sistema. Su negativa a participar en un grupo clandestino creado para “estafar a los usuarios”, le valió el despido mediante una “denuncia falsa” que destruyó su reputación profesional y su solvencia económica. Esto es lo que, en una entrevista valiente y muy reveladora, cuenta Antonio Moreno, en lucha desde 1994 para rehabilitar “su buen nombre” y denunciar “la gigantesca estafa en los precios de alquiler de los contadores de la luz, cometida por el Gobierno, las compañías eléctricas y los fabricantes”.
P: Lleva 20 años en lucha contra las eléctricas, ¿por qué?
Por dos motivos: Rehabilitar mi buen nombre profesional y poner fin a los graves perjuicios ocasionados a los usuarios por dicha mafia, formada por los dos principales partidos políticos, las grandes compañías eléctricas y las multinacionales fabricantes de contadores de la luz.
P: ¿Qué motivó el principio su cruzada?
La rehabilitación de mi buen nombre profesional. En 1994 fui despedido de Landis & Gyr Española, mediante una denuncia falsa de su entonces director comercial, Félix Rivas Perales, en represalia por negarme a colaborar con el grupo Contact.
P: ¿Qué es el grupo Contact?
Un grupo clandestino integrado por directivos de las empresas fabricantes de contadores de la luz. Sus principales finalidades son repartirse consensuadamente el mercado, imponer precios superiores a los que resultarían de la libre competencia y facilitar al Ministerio de Industria datos falsos sobre los precios medios de mercado de esos aparatos.
P: ¿Cuáles son sus denuncias?
La imposición de restricciones a la libre competencia en el mercado de los contadores de la luz, el cobro por las compañías eléctricas de un servicio inexistente y la estafa en los precios de alquiler.
P: ¿Cómo explica esas “restricciones a la libre competencia” por parte de Contact?
Primero, repartiendo consensuadamente el mercado entre las empresas integrantes del grupo, y, después, obligando a los distribuidores aplicar unos precios de venta que hacen antieconómica la compra del contador, forzando así al usuario a alquilarlo a la compañía eléctrica.
La existencia de restricciones a la libre competencia ha sido reconocida por la propia Comisión Nacional de Energía, que en el Informe solicitado por el Ministerio de Economía y la Junta de Andalucía, en relación con el escrito de denuncia formulada por mí, emitido el 20.09.2001, expone en su décima y última conclusión: “Aunque la regulación ha permitido históricamente que los consumidores adquiriesen en propiedad los diferentes equipos de medida y control, la realidad demuestra que la inmensa mayoría de ellos lo son en régimen de alquiler a las empresas distribuidoras.
La principal razón no es otra que los precios de venta a los que los consumidores pueden optar son sensiblemente superiores a los de las empresas distribuidoras. Se observa que los mecanismos de fijación de precios en el mercado de contadores pudieran ser discriminatorios para los diferentes tipos de compradores, lo cual corresponde legalmente examinar a los órganos competentes en materia de competencia".
A pesar de haber transcurrido casi 13 años desde que la CNE emitió su informe, “los órganos competentes en materia de la competencia” no han hecho absolutamente nada para poner fin a las restricciones, lo cual ha tenido como consecuencia que el 43% del mercado de contadores telegestionables esté monopolizado por Enel, empresa pública italiana, que no permite que en la red de distribución de Endesa (cuya propietaria es Enel) sea instalado un contador telegestionable que no haya sido fabricado por Enel.
Debido a ello, todos los usuarios conectados a la red de distribución de Endesa (11,55 millones, a 31.12.2013) están obligados no sólo a aceptar el contador de Enel, sino a elegir la opción de alquiler, ya que los precios de venta impuestos por Enel a su distribuidor en España hacen antieconómica la opción de compra
P: ¿Cuál es el servicio inexistente cobrado por las compañías eléctricas?
La verificación periódica de los contadores domésticos electromecánicos, de los que había 25,8 millones el 01.01.2007, fecha a partir de la cual dejaron de instalarse. Desde 1984, los usuarios llevamos pagados más de 11.000 millones de euros, que se incrementan cada día en 600.000, por una verificación que no es posible porque el Gobierno aún no ha publicado la normativa que define cómo realizarla.
P: ¿Afirma que el Gobierno lleva 30 años provocando premeditadamente un vacío legal que nos lleva costados más de 11.000 millones de euros?
Sí. Además, no sólo lo provoca premeditadamente, sino que lo reconoció en 2006 en un escrito al Congreso, en el que mintió. Esto da una idea de la profundidad de la impunidad de la corrupción institucional que sufrimos.
El 21.03.2006, la diputada Isaura Navarro hizo por escrito la siguiente pregunta al Gobierno: “¿Cuando tiene previsto el Gobierno publicar en el BOE la normativa oficial sobre verificación periódica de contadores de la luz?”.
La respuesta del Gobierno, mediante escrito de 21.07.2006, fue: “El Gobierno es consciente de la necesidad de elaborar una reglamentación que elimine el vacío legal actual y garantice los derechos de los consumidores. El Gobierno estima que la Orden Ministerial requerirá al menos un año más para su publicación”.
A día de hoy, en que han transcurrido 29 años desde la entrada en vigor de la Ley 3/1985, de Metrología, y 8 años desde que el Gobierno prometiera que la publicación de la normativa sobre verificación periódica de los contadores electromecánicos de la luz tardaría al menos un año, dicha normativa aún no ha sido (ni será) publicada.
P: Parece increíble… ¿Ha habido alguna reacción por parte de los partidos políticos o de la Administración de Justicia?
Absolutamente ninguna. A pesar de mis numerosos escritos a los grupos políticos del Congreso y del Parlamento de Andalucía, a la Fiscalía General del Estado, a la Fiscalía Anticorrupción y al Consejo General del Poder Judicial.
P: ¿En qué consiste la supuesta estafa que denuncia en los precios de alquiler de los contadores?
El criterio de cálculo del precio de alquiler de los contadores de la luz es definido en la condición general 16 del Anexo II del Real Decreto 1725/1984, que establece que “para los contadores no especiales de hasta 63 Amperios, el Ministerio de Industria y Energía fijará las cantidades concretas máximas que se puedan aplicar por su alquiler, en base al 1,25% del precio medio de mercado del aparato”.
En la primera etapa, de 1984 a 1987, planificada por el Gobierno (PSOE), las compañías eléctricas y los fabricantes de contadores, éstos facilitan al Ministerio de Industria precios medios de mercado falsos, con objeto de que los precios de alquiler publicados en el BOE, que son calculados aplicando el 1,25%, sean muy superiores a los que resultarían si fueran los reales.
La estafa es reconocida por los propios fabricantes en un escrito requisado durante los registros efectuados en mayo de 1998 por siete inspectores de la Comisión Europea en las sedes de Landis & Gyr Española (Sevilla), Siemens (Madrid) y Sclumberger (Barcelona), y en las oficinas de los principales distribuidores de dichos fabricantes.
En el escrito, denominado “Notas de la reunión de 23.11.1995 de los fabricantes de contadores con UNESA”, el portavoz de los fabricantes y redactor del documento, Gustavo Eisenberg, afirma lo siguiente:
"Si estas publicaciones [en referencia a los artículos publicados los días 21 y 23.11.1995 por el diario El País, el primero de los cuales informaba sobre el grupo clandestino Contact y su modo de operar] no respondieran a un hecho casual y continuaran alimentadas por alguien que conoce bien estos temas, podría aparecer en cualquier momento el peligroso tema de los alquileres de los contadores. En 1.984 se dictó una disposición por el Ministerio de Industria y Energía, autorizando el cobro mensual al consumidor del 1.25% del precio del contador. Este factor se aplica sobre los precios de lista, cuando debería hacerse sobre los reales, los cuales son inferiores en un 50% o más (…) Si este asunto saliera a la luz pública, podría producirse un escándalo de imprevisibles consecuencias para todos (…) El Sr. Rivero [Pedro Rivero Torre, entonces vicepresidente de UNESA, patronal de las cinco grandes compañías eléctricas] conoce bien este problema".
P: ¿Qué pasó en las siguientes etapas?
En la segunda, de 1987 a 2001, planificada por el Gobierno (PSOE) y las compañías eléctricas, el precio de alquiler de los contadores no es calculado aplicando el 1.25% al precio medio de mercado, que es lo establecido legalmente, sino en función de la tarifa eléctrica (precio del kWh), lo cual provoca un aumento espectacular del precio de alquiler.
En la tercera etapa, de 2002 hasta hoy, el precio de alquiler de los contadores no es calculado aplicando el 1.25% al precio medio de mercado, que es lo establecido legalmente, sino siguiendo al pie de la letra la directriz marcada al Gobierno (PP) por José María Amusátegui, presidente de UNESA y Unión Fenosa, y copresidente, con Emilio Botín, del Banco de Santander.
En las tres etapas, la estafa es cometida a través del Boletín Oficial del Estado y, en catorce ocasiones (reales decretos de actualización de la tarifa eléctrica 2204/1995 a 871/2007), utilizando la firma del jefe del Estado, el cual fue advertido por mí en doce ocasiones de que el Gobierno lo estaba utilizando como marioneta para encubrir la estafa, sin que ninguna de las doce advertencias fuera tenida en cuenta.
P: ¿A quienes afecta y a cuánto asciende la estafa?
La estafa afecta directamente a todos los usuarios que hayan tenido o tengan en alquiler un contador electromecánico. El 01.01.2007, el número de afectados era superior a 23 millones.
A 31 de diciembre de 2013, la cantidad estafada superaba los 5.400 millones de euros, que se incrementan cada día en 350.000.
P: ¿Quién cree que es el principal responsable de la estafa?
Sin ninguna duda, el Gobierno, que es quien controla el Boletín Oficial del Estado, el instrumento a través del cual es cometida la estafa, que aún continúa. Esto implica que los principales responsables son el PSOE, que planificó en el Gobierno las dos primeras etapas de la estafa, y el PP, que planificó la tercera etapa.
P: ¿Qué apoyos tiene en su lucha?
Salvo la colaboración puntual de algún diputado, como ahora, José Luis Centella, y antes Antonio Romero e Isaura Navarro, no sólo no tengo ningún apoyo institucional, sino que soy tratado como un enemigo por la Junta de Andalucía, el Ministerio de Industria, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, que tienen la obligación constitucional de defender los legítimos intereses generales y actuar contra quienes perjudican dichos intereses.
Hay, afortunadamente, dos excepciones: el juez Manuel Pérez Echenique y la fiscal Consuelo Álvarez, del Juzgado de Primera Instancia nº 86 de Madrid, que desestimaron la demanda presentada contra mí en diciembre de 2011 por Endesa, en la que ésta solicitaba el cierre cautelar de www.estafaluz.com y una indemnización de 50.000 € (+ 21% de IVA) “por intromisión ilegítima en el derecho al honor de esta compañía”. En su sentencia, el citado tribunal desestima la demanda porque “el derecho de expresión es prioritario sobre el derecho al honor cuando la información es veraz y de interés general”.
P: ¿Hasta cuándo piensa continuar luchando?
Hasta que consiga verdad, justicia y reparación.
P: ¿Y qué hace falta para esto?
Que Landis & Gyr Española me entregue un documento notarial en el que reconozca que los motivos alegados para despedirme, la denuncia presentada contra mí el 07.11.1994 en la comisaría de Nervión (Sevilla) y el testigo utilizado para apoyar dicha denuncia son falsos. Que un tribunal de lo Social admita el documento notarial y sentencie que mi despido de Landis & Gyr Española fue improcedente. Que la Audiencia Nacional investigue con objetividad, eficacia e independencia los delitos denunciados en mi querella de 27.09.2000, cuyo procedimiento penal fue suspendido fraudulentamente para proteger a los responsables de dichos delitos, sin que ni una sola de las diligencias propuestas por mí hubiera sido practicada (la única diligencia practicada en los 18,6 meses transcurridos entre la orden de apertura del procedimiento y el auto de archivo fue la toma de declaración a los imputados). Y además que Landis & Gyr Española repare el daño causado con su falsa acusación.
Fuente: www.canariascnnews.com