El equipo del "Caso Mauthausen" no renuncia a juzgar a nazis

“La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no acaba con la justicia universal en España, ya que nunca existió, sino que es la última humillación del sistema legal franquista a las víctimas españolas de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil”. De esta forma empezó la rueda de prensa en Madrid el pasado 4 de abril del Equipo Nizkor, a través de su presidente Gregorio Dionis, en la que también intervinieron Antonio Segura, abogado en el Caso Mauthaussen y colaborador del Equipo Nizkor; la presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo, Ana Viéitez, y Dolores Cabra, Secretaria General de la Asociación para la creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español.

El equipo de juristas que representa a supervivientes y familiares de víctimas españolas de la Segunda Guerra Mundial presentó el 19 de junio de 2008 una querella contra cinco exdirigentes nazis pertenecientes a las SS alemanas, se abría así el llamado “Caso Mauthaussen” Los juristas pretendían de esta forma conseguir una sentencia favorable que permitiera abrir una puerta que acabase con el entramado legal franquista que se perpetuó con la Ley de Amnistía de 1977 y la aprobación de la Constitución de 1978. De hecho, España sigue siendo el único país europeo que no ha tomado ninguna medida para resarcir a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que entre las victimas del terror nazi, en el campo de exterminio de Sachsenhausen, se encuentra un expresidente de gobierno español, Francisco Largo Caballero.

El Estado español tampoco ha reconocido a los presos españoles que estuvieron en los campos nazis de exterminio, aún más, la mayoría han sido desnacionalizados y tienen nacionalidades de otros países. Los presos españoles en campos de concentración fueron más de 12.000, y se calcula que 7.300 murieron en ellos. Estos prisioneros eran principalmente combatientes que defendieron Francia de la invasión de alemana o refugiados de la guerra civil que estaban en el exilio en Francia y tras la ocupación nazi quedaron bajo la zona de influencia alemana. La mayoría fueron enviados a Mauthaussen, un campo de presos políticos que estaba clasificado como uno de los campos en los que se buscaba el exterminio final. En este campo se fabricaron aviones y misiles, incluso había fábricas subterráneas. No se sabe cuánta gente murió en Mauthaussen, pero las víctimas procedían de más de 100 países.

Los ponentes del Equipo Nizkor afirman que ya la ley de Memoria Histórica de 2007 acabó con la posibilidad de juzgar crímenes cometidos por españoles en el extranjero y sólo permitía los casos en los que hubiera víctimas españolas. Por lo tanto la actual reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no puede acabar con la justicia universal en España ya que no existe sino que “acaba con la tutela judicial efectiva, es decir, si hoy un grupo de españoles fueran asesinados, torturados o secuestrados por cualquier régimen, no se podría juzgar. Se perfecciona el sistema de impunidad español”.

La querella presentada en 2008 se basaba en la doctrina del Tribunal Militar Internacional Nuremberg, que España tuvo que acatar tras entrar en la ONU en 1955. Esta querella tuvo que ser aceptada pues contenía pruebas que se basaban en el tribunal de Nuremberg y ya habían sido aceptadas por la justicia de terceros países. Después de Nuremberg hubo 26 juicios especializados en los crímenes nazis. Algunos sentaron las bases de la jurisdicción de diferentes países europeos, como el caso de la jurisdicción antimafia de Italia. Los juicios de Nuremberg duraron varios años y al entrar en el contexto de la guerra fría las condenas se fueron atenuando, no así en la zona soviética, donde se dictaron unas 5.000 sentencias. En cambio en Europa Occidental se tejió un sistema dispar, Francia por ejemplo tiene una cláusula especial por la cual los nazis y sus colaboradores fueron juzgados por la justicia civil francesa.

La querella denunciaba los crímenes cometidos contra españoles en los campos de exterminio nazis de Mauthaussen, Sachsenhausen (al norte de Berlín) y Flossenbürg (cerca de Weidem también en Alemania). La prueba más importante es el Tottenbuch o “Libro de los Muertos”, donde quedaron registrados los nombres de los prisioneros y el día de su ejecución, muchos de estos libros se quemaron, pero en otros casos como el de Mauthaussen se salvaron.Es la primera querella en Europa que se basa en la sentencia del Tribunal Internacional Militar de Nuremberg de 1945, en lugar de en el derecho penal interno, pero ahora la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para limitar la jurisdicción de los tribunales españoles puede suponer el archivo de una causa que es a día de hoy “la única en condiciones procesales de llegar a un juicio oral y a una sentencia, situación que no se ha concretado todavía por la decisión deliberada de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y del juez del caso, Ismael Moreno, titular del Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional. Pues desde hace aproximadamente un año se dan las condiciones procesales para tener a uno de los procesados en suelo español y a disposición de la justicia española”. Sin embargo hay una alternativa para que no se archive la denuncia y es que el Constitucional invalide la reforma y para ello “cualquier juez puede apelar al Tribunal Constitucional y preguntarle si una ley es constitucional y dada la edad de las víctimas y victimarios habría que hacerlo deprisa”.

Desmontados los casos de Leprich, Tittjung, Demjanjunk y Kumpf, la Audiencia Nacional, el Ministerio de Exteriores y la embajada española en Estados Unidos daban por desmontada la querella, pero el equipo Nizkor se había guardado un as en la manga porque preveía que podía ocurrir esto. El 10 de noviembre de 2011 presentaron el nuevo caso que ocasionó la apertura del procedimiento para la detención de Theodor Szehinskyj, acusado de crímenes de guerra durante su participación en elbatallón Totenkopf de la SS y en los campos de concentración de Alemania, Polonia y Ucrania.

El 23 de febrero de 2013 el juez Ismael Moreno dictó orden de detención internacional contra Szehinskyj, pero de la búsqueda se excluye Estados Unidos, donde reside, ello debido a la eliminación del título de viaje en España en 2013 estos títulos sólo se pueden emitir desde entonces por casos humanitarios y no por crímenes graves. La embajada de Estados Unidos en España informó que en cuanto recibieran el título de viaje el acusado podía ser deportado, pero este aún no ha llegado. El título de viaje es un instrumento jurídico soberano que se usa para facilitar el viaje a personas indocumentadas, apátridas o con problemas de nacionalización. “Estas son las argucias jurídicas y conspiraciones diplomáticas a las que están dispuestos a llegar el Ministerio de Exteriores y la embajada española en Estados Unidos”, dice el Equipo Nizkor.

Por lo tanto para los familiares de las víctimas de los campos de exterminio nazis queda una vez más demostrado que “el verdadero motivo de la reforma de la LOPJ era archivar este caso porque si llegase a haber una sentencia firme se sentaría un precedente que no permitiría que se juzgase a responsables nazis en otros países y a responsables españoles dentro o fuera de España en los crímenes cometidos por los nazis”.

Los acusados en un primer momento fueron Johann Leprich, Antón Tittjung, Iwan Demjanjunk y Josias Kumpf, todos habían sido desnacionalizados en Estados Unidos.

Iwan o John Demjanjunk fue guardia de campo de las SS en Flossenbürg. Estados Unidos lo deportó en el año 2008 y juzgado y condenado en Alemania por complicidad en asesinato. Israel pidió su extradición. Ha muerto hace pocos meses.

Josias Kumpf, expulsado de Austria en 2009, la fiscalía antinazi estadounidense dice que está muerto, pero nunca se ha presentado el acta de defunción. Fue miembro de las SS del campo de Sachsenhausen, especializado en evitar que los prisioneros escaparan. Fue deportado de Estados Unidos en el año 2007.

Johann Leprich y Anton Tittjung, fueron guardias de las SS Totenkopf de Mathausen. Ambos participaron en la persecución de judíos, gitanos y prisioneros políticos europeos, entre los que se encontraban los españoles. En estos dos casos intervino la embajada española en Estados Unidos, la embajada habló con la defensa de los acusados y les pidió que les entregase un certificado médico que dijera que no estaban aptos para ser juzgados. La defensa alegó que tenían demencia senil.

Fuente: www.diagonalperiodico.net