La Segunda República Española y el Valor de las Mujeres

De todos los logros conseguidos a comienzos de la década de los años 30, destaco con especial admiración y nostalgia los aportados al proceso de liberalización de la mujer que acababa, en parte, con el pasivo y discriminado papel del que era víctima hasta ese momento y que estaba sólidamente instaurado por la monarquía y la Iglesia, al considerar a la mujer sólo como esposa obediente y madre ejemplar. La española que, hasta ese momento, dependía de su marido hasta para poder hacer valer sus más básicos derechos, vivía por entonces anulada y relegada a la más profunda ignorancia impregnada en la educación que recibía ya en la escuela desde temprana edad, lo que conllevaba al hecho de ser incapaz de valerse por sí misma. Era la forma de evitar cualquier mínima idea de rebelación contra el sistema arcaico y patriarcal del momento. En 1930 había unos 6 millones de familias de las cuales el 85% eran familias obreras y campesinas. En cinco millones de éstas, las mujeres realizaban las tareas del hogar única y exclusivamente. La incorporación de la mujer al mundo laboral estaba jalonada de dificultades debido tanto a su alta tasa de analfabetismo y a la falta de medios estructurales que facilitase la incorporación al trabajo a las mujeres con hijos, así como a la existencia de leyes que lo dificultaban. La burguesía fomentaba, además, esta situación, en la medida que le interesaba mantener a la mujer en el hogar con el fin de que cumpliera su misión natural de reproducción de la especie. La población activa femenina a comienzos de los años 30 era del 24%, del cual, el 80% eran mujeres solteras y viudas. Al no haber ningún tipo de pensión de viudedad, las mujeres se veían obligadas a trabajar tras la muerte del marido para sacar a sus familias adelante. Las casadas, para poder trabajar, necesitaban el permiso del marido, no podían disponer libremente de su salario pudiendo el marido optar a él, incluso en los casos de separación judicial entre ambos cónyuges. Con la aparición de la 2ª República, y debido a su carácter claramente anticlerical, esta situación cambió en gran parte al iniciarse entonces importantes reformas sociales y jurídicas reflejadas en la Constitución republicana de 1931 y en otras leyes aprobadas posteriormente.

Así, no sólo se eliminaron privilegios reconocidos hasta ese momento exclusivamente a los varones, sino que se reguló el acceso de las mujeres a cargos públicos, se concedió el derecho de voto a las españolas y a ser elegibles como Diputadas, se mejoraron los derechos de la mujer en la familia y en el matrimonio (se reconoció el matrimonio civil, se suprimió el delito de adulterio aplicado sólo a la mujer y se permitió legalmente el divorcio por mutuo acuerdo), se obligó al Estado a regular el trabajo femenino y a proteger la maternidad (se prohibieron las cláusulas de despido por contraer matrimonio o por maternidad, se estableció el Seguro Obligatorio de Maternidad y se aprobó la equiparación salarial par ambos sexos), y se reconoció el divorcio por mutuo acuerdo así como el derecho de las mujeres a tener la patria potestad de los hijos (se permitió la investigación de la paternidad y el reconocimiento de los hijos naturales). En el ámbito de la educación, se permitieron las escuelas mixtas y la coeducación, se abolieron las asignaturas domésticas y religiosas y se crearon escuelas nocturnas para trabajadoras. En Cataluña, incluso, se llegó más lejos, en donde se permitió la dispensación de anticonceptivos, se despenalizó y legalizó el aborto, se decretó la abolición de la prostitución reglamentada y se prohibió contratar a mujeres en trabajos considerados como peligrosos o duros.

Claves en este proceso de liberalización de la mujer española fueron mujeres activas en el escenario político del momento y diputadas en el Congreso, como Margarita Nelken, Victoria Kent o Clara Campoamor, miembro, ésta última, de la comisión encargada de redactar el proyecto de Constitución del 31, quien hizo del sufragio femenino y de su inclusión en el mencionado texto legal su labor más destacada, defendiéndola ardientemente y en solitario con auténtica maestría. En 1933 se celebraron las primeras elecciones en las que participaron las españolas aunque, paradójicamente, ese año tanto Clara Campoamor como Victoria Kent perdieron su escaño.

A ellas se sumaría en el Parlamento, en 1936, como diputada del Partido Comunista, “La Pasionaria”, Dolores Ibárruri, siempre entrañable y acérrima defensora de los derechos de la mujer, incluso desde el exilio al que fue castigada por sus ideas políticas. En el ámbito político y ocupando cargos públicos de importancia destacaron Francisca Bohigas, María Lejárraga, Matilde de la Torre, Federica Montseny, primera ministra de nuestra historia en el ámbito de la sanidad y la asistencia social, o Mercedes Maestre como Subsecretaria de Sanidad, quienes reivindicaron también su papel en la historia.

La 2ª República se perfila ahora, y en la nostálgica lejanía, como un conjunto de valores imprescindibles, un modelo de dignificación del papel de la mujer, un desafío original al orden histórico establecido, así como un compromiso de futuro y un ejemplo de libertad y legitimidad democráticas.

Y es que han pasado ya casi 83 años, pero el espíritu del 31 está ahora más presente y vivo que nunca, ya que la II República se perfila como un ejemplo moral de la política entendida como el compromiso de guiar a un pueblo hacia su futuro. En una época de ferviente globalización y de carencia de valores y principios, deberíamos basarnos todos en el ejemplo de este breve periodo republicano de los años 30 para conseguir hacer de España un país mejor.