El juez Elpidio Silva afirmó este jueves en una conferencia celebrada en el Ateneo de Madrid bajo el título “¿Existe corrupción en el sector eléctrico?” que al ser la electricidad un bien perteneciente a un ámbito regulado, “el precio lo imponen un conjunto de entidades que forman un bloque: es el Ibex, que es como la Inmaculada respecto a la democracia: no está tocada. Salvo 2 empresas, todo lo que hay en el Ibex es franquismo. Y esto puede hacer pensar que la democracia no incentiva la creación de empresas que puedan llegar al Ibex, para lo cual necesitamos más protocolos, formación, incentivos…” De ahí que, para crear riqueza en España, sugiriera analizar de forma independiente “si existen pool, holding, entramados de empresas, como funciona el principio de competencia, la posición de mercado y la posición real de esas empresas“.
Elpidio Silva aplaudió la implicación de los ciudadanos en los asuntos públicos porque las cuestiones energéticas son complejas “pero se cargan sobre nosotros en tiempos de crisis” y aludió así a los 8 técnicos de distintas asociaciones de la sociedad civil que llenaron el salón de actos del Ateneo para reclamar una auditoría del déficit de tarifa eléctrica: Asociación Española para la Calidad de la Edificación (ASECE), el experto Javier García Breva (Coalición Empresarial para un Nuevo Modelo de Negocio Energético), el ingeniero y director general de GeoAtlanter, Jorge Morales de Labra, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Juan Castro), la Asociación Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética(Francisco Valverde), Greenpeace (J. L. Ortega), la Confederación de Consumidores y Usuarios (Ana Etxenique) y Adrián Sánchez, presidente de ASECE.
“Imponer los precios es algo de carácter autoritario y supone un cierto sesgo de totalitarismo e imposición de servilismo a los ciudadanos, no se puede liberar el sector y, al paso de los años, aceptar un rescate por la deuda que al final se asume por el Estado y adquieren los bancos. Después nos dirán que hay que hacer como el banco “malo” (Sareb), pero nadie puede aceptar algo así”, indicó.
El juez vaticinó que “con la crisis vamos a ver muchos sectores” que intentarán un rescate como el bancario o el eléctrico y mencionó la confidencia de un alto cargo amigo que le confesó: “¿por qué te centras en la energía?, el sector farmacéutico es mucho peor, y el sanitario también es peor“. De ahí que sugiriera la vía judicial como presión ciudadana: “Todas estas órdenes ministeriales están redactadas por un personal altamente cualificado, no las redactan las corporaciones, el equilibrio no funciona así. Y esos altos funcionarios están viendo pasar estas barbaridades, y como tienen mucha experiencia, ven que está ocurriendo lo mismo en otros sectores“.
Elpidio Silva está convencido de que el “circo” en que las eléctricas y los gestores políticos han convertido el sector acabará mal y en manos de los tribunales: aunque el Estado fuera obligado a asumir una responsabilidad patrimonial administrativa por culpa de sus gestores, “no deberían pagar todos por igual, es demencial que pague lo mismo quien gana 5.000 euros al año que quien obtiene 5 millones, porque esa aberración que se ha engendrado se debe soportar según la capacidad contributiva de cada cual“.
“La obligación de pago que se nos pide es desorbitante y exagerada, y obliga a requerir administrativa y judicialmente a cada empresa eléctrica para que la justifique. Las que digan que no, soportarán una grave carga de déficit de valor reputacional porque al final tendrán que hacerlo de todas formas. Y es que deben fundamentar unos presupuestos de hecho para haber llegado a esta situación de déficit. Yo sugiero crear una comisión ciudadana que organice una comunidad interesada en reclamarlo. Si de los casi 50 millones de españoles, la respaldan 10 millones, tiene su encaje: al empleado público que registre la petición le va a parecer interesante, lo va a comentar al director general, seguramente ese mismo día lo sepa el secretario de Estado, puede que hasta el ministro… Esto último no estoy seguro porque tendrá una agenda complicada, pero al día siguiente seguro porque le pasan la nota de prensa”, agregó entre las carcajadas del público asistente.
“Se incoará un expediente administrativo, alguien dictará que en el plazo máximo de un mes, bajo el delito de desobediencia, los miembros de consejos de administración de cada eléctrica, citados por su nombre, y los administradores civiles del Estado, también mencionados por su nombre, tendrán que documentar la procedencia de la deuda, con traslado a las siguientes personas: los 10 millones de españoles firmantes”. Y no hacen falta 500 folios: “No, con más folios no se hace más caso, eso solo ocurre en España. La denuncia de la Fiscalía de Nueva York al presidente del FMI ocupaba 8 líneas: “Ahí vas como acusado por un delito de agresión sexual“. Cuando alguien se tiene que enrollar, ya sabemos a dónde va: no quiere contestar”.
“Hay ya hasta 7 alertas para ir al juzgado, y las empresas tendrán que decir al juez que pasa aquí. No pueden falsear los datos, tendrán que aportar la documentación, pues en muchos casos se ha producido una privación de bienes a ciudadanos, con lo que eso conlleva. Y en poco tiempo se producirá una vía de petición: posiblemente el déficit esté mal calculado y en realidad haya que devolver 4000 o 5000 euros a todos los ciudadanos“.
Por último animó a la ciudadanía: “Tenemos que acostumbrarnos a actuar, la desesperación viene porque no actuamos. La clave es actuar a través de colectivos ciudadanos, el Estado no va a reparar nada. Cuando la sociedad no presiona al Estado, el Estado no se mueve. Al Estado le importa un pimiento una lógica medioambiental, como se esgrime con las eléctricas y su contaminación. El Estado no se crea por motivos ambientales: cuando Federico II crea el Estado en Europa solo lo modifica cuando la sociedad civil presiona, el juego es entre la sociedad civil y el Estado, ningún ministro o funcionario va a cambiar por motivos de conciencia. El Estado tiene una lógica terrible y una tremenda actividad diaria y no se preocupa por otras cosas”.
Sin embargo, manifestó su optimismo con respecto a España: “cualquier pueblo que hubiera soportado las condiciones que hemos padecido en los últimos 1000 años estaría igual que nosotros, no creamos que todo se debe a nuestra manera de ser. Y vamos a ser los primeros que superen una forma de Estado de 1000 años de antigüedad. En cuanto se ponga en marcha la iniciativa ciudadana se solucionará todo, pero hay que creer en ello“, concluyó entre una larga salva de aplausos.
Fuente: www.espiaenelcongreso.com