El equipo jurídico de las Marchas de la Dignidad ha querido manifestar hoy su apoyo a Miguel, el joven que permanece detenido en la prisión de Alcalá Meco por presunto delito de lesiones que se habría producido el pasado sábado, durante las cargas policiales en la madrileña plaza de Colón. Además, han denunciado ante los medios de comunicación malos tratos y vejaciones a los detenidos el 22 de marzo, y han dejado patente su sospecha de que las actuaciones policiales de esa noche respondan a una estrategia de descrédito y criminalización de las manifestaciones. De esta forma, se pretenden justificar, a su juicio, "las reformas legislativas recientemente anunciadas", han dicho, en referencia a la Ley de Seguridad Ciudadana y al Código penal.
Según Jesús Calpe, abogado del detenido, esto es muestra de "un preocupante deterioro democrático" y de la falta de independencia del poder judicial. Calpe ha anunciado esta mañana “la interposición de un recurso de reforma ante el juzgado ha decretado el ingreso de Miguel en prisión preventiva”, tras aclarar que “no hay pruebas” del delito por el que su defendido está en prisión preventiva.El equipo jurídico ha exigido la investigación en sede judicial “de los malos tratos recibidos por los detenidos en las dependencias policiales, por sus familiares y por alguno de los abogados defensores actuantes”. Según han expresado, varios de los detenidos “lo fueron en el acceso al metro y fueron trasladadas esposadas en transporte público, a la vista de los pasajeros, lo que significa trato humillante y vejatorio”. Otros, han dicho, fueron “obligados a correr, a modo de castigo, mientras permanecían esposados”.
Según los abogados, la mayor parte de los hombres han denunciado “haber sido obligados a permanecer hasta siete horas de pie con los brazos en alto, haber sufrido cambios de temperatura bruscos e intencionados y haber sido privados de comida y agua, así como de la posibilidad de acudir al baño durante las primeras 24 horas”. A las mujeres, han dicho, “se les negó el acceso a medicamentos y material higiénico necesario”, lo que valoran como “una práctica no sólo degradante sino también discriminatoria”.
Por su parte, Rafael Escudero, representante de la comisión de coordinación estatal de las Marchas de la Dignidad, ha insistido en la necesidad "de hacer también una valoración política". A su juicio, las escenas de violencia que se vivieron el sábado son "un montaje basado en uno de los principios de Goebbels –ministro de Propaganda de la Alemania nacionalsocialista– que consiste en inventar de una noticia cuando no puedes negar la verdadera". Los informativos, argumenta Escudero, "no podían abrir diciendo que más de dos millones de personas inundaron las calles de Madrid de forma pacífica" para pedir "pan, techo y trabajo para todos".
Según Escudero, es importante señalar que “el inicio de las cargas sucede cuando tres personas, que portaban una bandera negra grandísima que no había estado en la manifestación en ningún momento, aparecen de repente por la calle Marqués de la Ensenada, llegan al cordón policial de la calle Génova y a partir de ese momento seis furgonetas de la policía, que estaban en Bárbara de Braganza, bajan corriendo y no van a cargar contra los que han lanzado los petardos sino que van a cargar indiscriminadamente contra la gente que estábamos pacíficamente en la plaza de Colón”. Ante la insistencia de la pregunta de una periodista, Escudero aclara “¿que si hay policías entre los que provocaron los disturbios? Pues no lo sabemos, claro, es difícil de saber. Pero que huele mal, pues sí, para qué vamos a decir otra cosa”. En este sentido, el abogado Jesús Calpe ha recordado “la frase famosa del 25S ‘que soy compañero coño’", con la que, según su valoración, "queda clarísimo de dónde vienen parte de los infiltrados”.
Ismael Sánchez, otro de los abogados, ha expresado que les sorprende “que tres personas salieran de unas calles tan blindadas –por la presencia de edificios oficiales en la zona– encapuchadas, con actitud violenta, y que la policía les dejara pasar”. Y así se lo han manifestado, según ha dicho, a los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que estuvieron presentes el sábado y que están realizando un informe sobre las actuaciones policiales en España.
El representante de la Coordinadora 22M ha condenado la violencia “sin paliativos”, pero ha querido especificar que se condena toda la violencia: “También la policial, también la del que prende la mecha y la del que desahucia”. Ha asegurado que “lo que empezó el 22M de forma pacífica, seguirá siendo pacífico” pero que las movilizaciones van a continuar “para hacerle frente a este gobierno, y a los gobiernos de la troika”.
Alba González, vecina de Carabanchel, ha informado de la reciente creación, en el barrio, de una asamblea contra la represión que “surge de manera espontánea ante las deliberadas detenciones sucedidas el 22M”. Esta asamblea "se hará cargo de la financiación del proceso jurídico y de su difusión, ya que prima la injusticia y la tergiversación del mismo". Se ha quejado además del hecho de que "los medios de comunicación ya hayan emitido su veredicto -sobre el caso de Miguel- sin poner en duda su culpabilidad".
La coordinadora del 22M no ha recibido, por el momento, la notificación correspondiente a los expedientes que la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes ha anunciado que interpondrá a los organizadores de las marchas.
Fuente: www.diagonalperiodico.net
