El próximo 22 de marzo, Madrid será la capital de la dignidad, una fecha y un lugar que serán, sin duda, ejemplo de poder ciudadano, de exigencia ante un gobierno despreciable, y de respuesta contundente ante quienes pretenden pisotear lo más preciado de las personas: su dignidad.
Estamos pasando del “¡Indignaos!” al “¡Comprometeos!”, (de Stéphane Hessel), mientras se “Reacciona”, (de José Luis Sampedro y otros), marchando por el camino de la defensa de los derechos y las libertades.
La gente va tomando conciencia y se siente protagonista de la realidad que le están robando. Como si de una carrera de fondo se tratase, hasta conseguir la meta de la ruptura de las cadenas que de forma sistemática pretenden colocarnos los gobiernos títeres al servicio del capital, la ciudadanía se empodera y reacciona frente al empobrecimiento sistemático de la mayoría y el enriquecimiento de los poderosos.La ciudadanía abulense no puede quedarse al margen ni de la realidad que le aprisiona, ni de la necesidad de responder ante los despropósitos de un Partido Popular instalado en su trono de poderío despótico, mientras la situación de nuestra provincia se revela cada vez más dramática y más vacía de futuro.
Sobran las razones en Ávila para marchar sobre Madrid el 22 M, y gritar futuro y dignidad para una tierra castigada por el conformismo y la derecha más reaccionaria. Habría más, aunque de momento se me ocurren 22:
Casi 20.000 personas en paro, la tasa más alta de Castilla y León, sin perspectivas de futuro, sin esperanza y sin garantías económicas que les saque de la miseria.
El timo del centimazo sanitario, que recauda ilegalmente y deja unidades cerradas en el Hospital Provincial en Medicina Interna, Psquiatria y Desintoxicación, además de hacinamiento en urgencias y escasez de material sanitario, sin ninguna explicación de lo que ha pasado con el dinero recaudado a la luz de los evidentes recortes sanitarios, y sin hacer realidad el tan demandado Hospital Comarcal del Valle del Tietar.
Una población empobrecida entre la que cada vez hay más familias que sufren pobreza energética, no llegan a fin de mes o tienen a todos sus miembros en paro.
Un medio rural abandonado y envejecido, castigado por la despoblación y la eliminación de servicios, en el que nuestros pueblos se agotan, carecen de suficientes medios de transporte, y en los que además se pretende privatizar el agua, como en el Valle del Corneja; o se eliminan médicos de atención primaria como en el Valle Amblés.
Jóvenes exiliados con muy buena formación y sin garantías de futuro. Una generación a la que se le ha robado todo lo que se le prometió: una vida tranquila, estable, de calidad, cargada de color.
Personas dependientes empujadas a la beneficencia por la reducción de ayudas en la Ley de Dependencia, que ha dejado a numerosas familias al margen, condenándolas al sufrimiento y a una pésima calidad de vida para sus familiares más necesitados.
Una reforma de la administración local que deja a los pueblos de menos de 20.000 habitantes vacíos de democracia y absolutamente dependientes de una institución paternalista, la Diputación Provincial, encareciendo los servicios fundamentales y alejando a los vecinos de sus ayuntamientos
Familias que sufren la amenaza del desahucio, desde el despropósito de hacer valer los intereses económicos de los bancos, por encima del derecho fundamental a una vivienda digna, que reconoce la Constitución.
Inversiones innecesarias que dilapidan dinero público como en el Centro de Congresos y Exposiciones, o como en la pretendida ampliación de la Diputación Provincial, en lugar de dedicarlo a atender las necesidades de las personas.
Los ahorradores que confiaron en su “caja de toda la vida” hoy son víctimas de la estafa de las participaciones preferentes, sin que nadie haya asumido ninguna responsabilidad y sin que todos hayan recuperado su dinero.
Una política de la PAC que sigue premiando y enriqueciendo al propietario de la tierra en lugar de garantizar el mantenimiento del trabajo a los agricultores profesionales y a las explotaciones familiares.
Las infraestructuras de transporte son escasas, ilegales y llegan tarde: el ferrocarril está a punto de desaparecer, los peajes son un lastre para el desarrollo social y económico, la estación de autobuses acumula más de una década de retrasos a pesar de su reciente apertura.
La sede periférica del Museo del Prado sigue siendo una obra inacabada, un proyecto falto de ilusión y una pérdida de tiempo y oportunidades culturales y turísticas que acumula más de diez años de despropósitos.
Cada verano sufrimos la intranquilidad de los incendios forestales, sin que dispongamos de un Plan de Prevención y Extinción que permita profesionalizar el sector, crear empleo, mantener el monte limpio y aprovechar los residuos forestales para la producción de biomasa.
La Educación en nuestra provincia ha perdido profesores en los últimos años, y se han eliminado programas de conciliación de la vida familiar, escolar y laboral por la vía del repago.
El Plan de Empleo que nunca llega, que permita la industrialización y generación de puestos de trabajo, se ha convertido en la demanda que el PP nunca reivindicará porque no está por la labor de exigir a los suyos en Castilla y León y en Madrid, algo que suponga contradecir la política de ajuste duro y destrucción de empleo del gobierno mentiroso de Rajoy. Atrás quedó la falsa intención del PP de paliar la pérdida de Lear, mientras asistimos a la precarización y explotación laboral en la fábrica de ElGorriaga.
Pero habría una razón más para llevar el grito de Ávila a Madrid el 22 M, esa razón que todas las personas llevan dentro, algunas más despierta que otras, en función de la toma de conciencia que cada una tiene de la realidad que le rodea, de las consecuencias de la política que les afecta y de la capacidad de respuesta que su fuero interno considera necesario poner en marcha. Esa razón es LA DIGNIDAD.
Coordinador Provincial de IUCyL en Ávila