Jaque al rey, hacia la Tercera República

El 70% de los españoles no votamos la Monarquía. Nadie de entre los menores de 52-53 años tenía en 1978 la edad suficiente para acudir a las urnas cuando los españoles fueron llamados a votar ‘sí’ o ‘no’ a una pregunta, “¿Aprueba usted el Proyecto de Constitución?”, planteada como un ‘todo o nada’, un cheque en blanco hacia una democracia tutelada por Juan Carlos I o la continuidad de las leyes del franquismo. 35 años después, la valoración de la Corona entre los ciudadanos es la peor de su historia: en la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas correspondiente al mes de abril obtenía una puntuación de 3,68 sobre 10. ¿Por qué, entonces, continuar con ella? 

¿Porque es útil? “Que alguien pueda sostener que la Monarquía tiene alguna utilidad en la España actual me parece delirante. Dudo de que alguna vez haya sido útil, pero no cabe duda de que hoy se ha convertido en una parodia de sí misma”, contesta el historiador Josep Fontana, profesor emérito de la Universidad Pompeu Fabra. 

¿Porque en la actual situación de crisis y deterioro de las instituciones garantiza la estabilidad necesaria para salir adelante? “En las extraordinarias circunstancias actuales, de crisis económica e institucional, la Monarquía, y en concreto Juan Carlos, no pueden encabezar el movimiento de regeneración política, cultural y educativa que necesitamos”, afirma Julián Casanova, catedrático de Historia por la Universidad de Zaragoza. 

¿Porque sirve de paraguas a todos los españoles, sangrientamente enfrentados hace solo unas décadas? “Si el argumento es que ha permitido incorporar a un proyecto constitucional a los sectores conservadores, no soy partidario de una concesión tan importante, que no es necesaria, ni legítima, ni compatible con la idea de democracia”, responde Armando Fernández Steinko, profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. 

¿O quizás sea, simplemente, porque es un régimen tan válido como cualquier otro? “La Monarquía es un legado de los estados absolutistas, con una legitimidad dinástica y familiar, basada en privilegios. Es una institución no electa, que no tiene legitimación democrática. Frente a esa realidad, no valen argumentos coyunturales o tacticistas”, explica Jaime Pastor, profesor de Ciencia Política de la UNED. 

Volvemos, entonces, a la pregunta inicial. ¿Por qué seguir con ella? ¿No ha llegado ya el momento de abrir un proceso constituyente que desemboque en la proclamación de la Tercera República en España, de retomar la esencia de la Segunda República que derrocó el mismo dictador que, décadas después, nombró sucesor a Juan Carlos de Borbón? 

Es esa, quizás, una de las imágenes más deliberadamente arrinconadas por los monárquicos españoles, la que muestra al entonces príncipe Don Juan Carlos el 22 de julio de 1969 jurando antes las cortes franquistas “lealtad al jefe del Estado”, Francisco Franco, y “fidelidad a los principios del Movimiento Nacional”, para luego añadir, en su posterior discurso y entre los aplausos de los representantes del régimen: “Recibo de su excelencia, el jefe de Estado y Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936”, es decir, del levantamiento que inició la Guerra Civil. 

La sucesión planeada por el dictador se plasmó el 22 de noviembre de 1975, dos días después de su muerte, cuando Juan Carlos I de Borbón fue proclamado rey de España tras un juramento similar de “lealtad a los principios del Movimiento Nacional”. La Constitución, aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 con el 87,8% de los votos, no hizo por tanto más que consagrar la Monarquía ideada por Franco. De hecho, el rey no juró la Constitución, que solo contempla ese trámite para el momento de la proclamación del monarca, que ya se había producido. 

La Monarquía fue impuesta por Franco –recuerda el historiador Fontana- y la Constitución no incluía ninguna opción para debatir sobre su continuidad. Olvidamos que lo que realmente se nos ofreció a votar era si aceptábamos aquel texto constitucional, con Monarquía incluida, o queríamos seguir con la legislación de la dictadura”. 

Ahora, la Monarquía es un mastodonte que emplea a 353 personas y dispone de 45 coches oficiales y que cuenta este año con 7,9 millones de euros para pagar, entre otras cosas, los casi 300.000 euros que cobrará el monarca (ver detalles en el recuadro que acompaña este reportaje), los casi 150.000 del príncipe Felipe y los 260.000 que se reparte el resto de la familia en función de los actos a los que acude en representación de la Casa Real.

Aún así, no da para pagarlo todo: en esos casi 8 millones de euros no entra el coste de los viajes, que paga el Ministerio de Asuntos Exteriores; ni la seguridad, que asume Interior; ni los vehículos, que sufraga el Ministerio de Hacienda, ni el mantenimiento del Palacio de La Zarzuela y los Reales Sitios, de los que se encarga Patrimonio Nacional.

Y, de repente, ese mastodonte se tambalea. Por muchas razones. Influye, por supuesto, el ‘escándalo Nóos’, que arroja sospechas no solo sobre Iñaki Urdangarin y su mujer, la infanta Cristina, sino sobre todos los que en su entorno conocieron y prefirieron tapar. O las dudas sobre el patrimonio del propio rey, que recibió de su padre como herencia 375 millones de pesetas en una cuenta suiza, además de bienes inmuebles, y que nadie se ha sentido en la obligación de explicar.

También su comportamiento privado, que le lleva a cazar elefantes en Botsuana mientras el país se tambalea y ve impotente cómo comienzan a airearse con escasos tapujos las noticas sobre sus supuestas infidelidades.

Al rey se le protegió durante la Transición y las últimas décadas de democracia frente a las críticas y el debate público –explica el historiador Casanova-. No podía haber un debate libre sobre cómo organizar el Estado, lo cual no quiere decir que no hubiera un grupo amplio de la población que aceptara a la Monarquía (y más concretamente a Juan Carlos), al margen de los elogios y que había en torno a él.

Todo eso ha comenzado a cuestionarse en los últimos años, cuando los escándalos en torno a la Casa Real y la falta de transparencia y respuesta ante ellos, marcan un punto de inflexión para la legitimidad de la Monarquía”.

Pero, sobre todo, influye que ese comportamiento ‘poco ejemplar’ de la familia real se da en un país con seis millones de parados, azotado por la corrupción, que descubre cada día una nueva muestra de la desfachatez con que amplios sectores de la clase pública han manejado los recursos públicos y que clama a gritos por una regeneración democrática que, por primera vez tan mayoritariamente, no excluye a la Monarquía.

Y las barreras caen. La familia real recibe abucheos en cada aparición pública y revistas satíricas como El Jueves, que saca a portada una viñeta del príncipe y su mujer haciendo el amor y pensando en la posibilidad de cobrar el ‘cheque bebé’ de Zapatero, o Mongolia, que tiene que doblar edición ante el éxito de su “El rey podría violarte”–en referencia a la inimputabilidad que le concede la Constitución-, superan límites hasta ese momento impensables, a la vez que abren la veda para que otros medios de comunicación destierren de una vez, o al menos limiten, la autocensura con respecto a la Monarquía.

Los gestos posteriores por parte de la Casa Real –la inaudita petición de perdón del rey por la cacería de elefantes o su disposición a entrar en la Ley de Transparencia- llegan tarde. La siguiente pregunta es: ¿Es esta contestación ciudadana el anticipo del cambio hacia un sistema republicano?

Carlos Hermida, de la Federación Republicanos (RPS), cree que, efectivamente, ese cambio es “la verdadera alternativa” a una situación que califica de “catástrofe nacional”. No vale, dice, “alejarse de la política y de los partidos”, porque es una apuesta “absurda y peligrosa que abre la puerta al fascismo”; ni tampoco confiar en una regeneración democrática basada en una Constitución “que tiene en sí misma la huella política del franquismo” y que fue aprobada en el marco de una transición que, en realidad, fue “un fraude y una estafa al pueblo español”.

La única respuesta, insiste, es “romper con la Monarquía y proclamar la Tercera República”. El cambio de régimen no puede venir, precisamente, de quienes lo sustentan y definen. “Ruptura y República”, resume Juanjo Picó, de la Unión Cívica por la República.

Más allá de las coyunturas, Josep Fontana recurre a la lógica para explicar las bondades de la República frente a la Monarquía: “La posibilidad de cambiar a plazo fijo un jefe del Estado cuya actuación no haya resultado satisfactoria, en lugar de esperar a que muera y confiar en que su sucesor será mejor, me parece un argumento suficiente”.

Fernández Steinko afirma que “la República permite una mayor identidad del ciudadano con la cosa pública y abre la puerta a su participación política”, frente a la “normalización de zonas del Estado inaccesibles para el ciudadano” que entraña la Monarquía. Y Jaime Pastor destaca la “legitimidad racional y democrática” de la República y se remonta a la Revolución Francesa para recordar “la lucha contra los privilegios y la idea de soberanía popular”. Ahora, dice, esos valores implican “participación política y una visión de las libertades como virtud cívica”.

Pero, según los testimonios recogidos por Números Rojos, hay un elemento nuevo que hace este momento diferente. Y es el descontento con el rey, quizás interesado, quizás espurio, pero descontento al fin y al cabo, de quienes temen que el deterioro de la Monarquía que tan bien ha protegido sus intereses se les lleve también a ellos por delante. Lo explica el profesor de Ciencia Política Jaime Pastor: “Se optó por la Monarquía en la Transición porque garantizaba la estabilidad política y la continuidad del bloque de poder económico y social que había bajo el franquismo.

Pero ahora, en algunos sectores de ese bloque de poder dominante empiezan a dudar de su funcionalidad, al menos bajo el mandato de Juan Carlos”. Coincide en la idea el ex coordinador general de Izquierda Unida Julio Anguita, quien, al presentar en Madrid el libro “Conversaciones sobre la III República”, afirmaba que, “en estos momentos, el poder ya no confía ni le sirve la Monarquía juancarlista, y por eso se está pensando en el relevo”.

Pero Anguita advirtió, a la vez, del “peligro” de que se trate de un relevo teledirigido que traiga una “republiquita” al servicio, “no del pueblo español, sino del juego de poderes”. De ahí, dice, y en eso coinciden los expertos consultados por Números Rojos, la importancia de dotarla de contenido, lo que Carlos Hermida llama ponerle apellidos: “federal”, “laica”, “participativa”, “solidaria”…“Implantar un régimen republicano no es más que un comienzo –afirma el historiador Fontana-. Luego hay que darle un contenido de democracia participativa”.

Que sea presidencialista, al estilo de EE. UU., donde el presidente de la República es elegido directamente por los ciudadanos y es el jefe del Gobierno; parlamentaria, como Alemania, donde su elección recae en las Cámaras y dispone de funciones apenas testimoniales, o semipresidencialista, como Francia (también hay otros modelos, como Suiza, donde el presidente rota), no preocupa en este momento a los movimientos republicanos.

Porque, dicen, lo importante es la unión de todas las fuerzas de izquierda en torno a un proyecto republicano. Lo que desemboca en una nueva pregunta: ¿Y cómo llegará esa Tercera República, cuál será el proceso que desencadene el cambio?

Fernández Steinko se atreve a elucubrar con la posibilidad de que la “sorpresa” venga en unas elecciones municipales, “donde las votaciones son más autónomas y menos controlables”, y dibujen un mapa nacional dominado por unas fuerzas que hayan priorizado el mensaje republicano en su presentación. Como ocurrió en 1931, cuando las municipales del 12 de abril demostraron la implantación de los partidos republicanos y abrieron una crisis institucional que, en apenas dos días, se saldó con la marcha del país de Alfonso XIII (abuelo de Don Juan Carlos) y la proclamación de la Segunda República.

Jaime Pastor aventura “un proceso desigual de cuestionamiento de la Monarquía”, es decir: “Si realmente no se da un proceso de refundación democrática desde el Estado central, es posible que haya movimientos a favor de la República más fuertes en territorios como Cataluña o el País Vasco” y que, al final, acaben concluyendo en una “unión libre de repúblicas”.

Juanjo Picó, de Unión Cívica por la República, apunta una variedad de detonantes: movilización social, una alternativa electoral, una determinada combinación de fuerzas en el Parlamento… Y desgrana algunos de los elementos en los que, al margen de cuál fuera ese detonante, debieran darse en ese “proceso constituyente” hacia la República. A su juicio, es necesario contar con “un referente político y social claro”, aunque no necesariamente electoral.

La Junta Estatal Republicana, por ejemplo. Se trata de un “espacio de convergencia plural republicana”, impulsado en enero de 2012, cuyos componentes han aparcado sus diferencias políticas en pro de la República. Entre sus más de 50 organizaciones participantes, el Partido Comunista de España, la Unión Cívica por la República, la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, Republicanos (RPS) o IU.

Esa Junta puede facilitar otro de los elementos que Picó considera claves en el proceso: la “visualización” del cambio. ¿Cómo? Con un gran acto público en la plaza de toros de Las Ventas por ejemplo, o, por qué no, con el nombramiento a nivel estatal de los cargos públicos de esa Tercera República. Y, además, mantiene Picó, es necesaria una “hoja de ruta para ir golpeando poco a poco con hitos clave de gran impacto”. Pero sobre todo es fundamental una “pedagogía diaria”, la creación de “un tejido social republicano”, con juntas en barrios, municipios o provincias, y “la republicanización de las luchas ya en marcha, mareas incluidas”.

La oligarquía –dice Hermida- nos ha declarado la guerra como en el 36, ahora con el BOE como arma. Es imposible construir el país que queremos en un marco jurídico llamado Monarquía; solo la República nos devolverá la soberanía nacional”.

Esto no es más que un juego, en el que, sin embargo, no es descabellado entrar: ¿quién podría ser presidente de una Tercera República? Un juego que no hemos creado nosotros y que, de hecho, ya ha servido a medios de comunicación y comentaristas para poner sobre la mesa nombres como los de José María Aznar o Felipe González. No sería tan raro, por ejemplo, en un sistema de elección directa del presidente por parte de los ciudadanos: ¿acaso no apoyaría una mayoría de derechas a José María Aznar?, ¿o una de izquierdas a Felipe González o, por qué no, a Julio Anguita?

Aunque, si de lo que se trata es de buscar un hombre de consenso, alguien por encima de la batalla política diaria, hay quien evoca el nombre de Federico Mayor Zaragoza, exministro, exparlamentario europeo y ex director general de la UNESCO.

No, por favor; ninguna de estas viejas reliquias del pasado –contesta al respecto el historiador Josep Fontana-. Lo único que se requiere para una República constituyente, que ahí es donde está lo que realmente importa, es un mandatario provisional”. El profesor de Ciencia Política Jaime Pastor apunta la posibilidad de que fuera una mujer. Y hay quien, con un poco de nostalgia, recuerda la figura del escritor José Luis Sampedro.

Juan Luis Gallego

Fuente: www.publico.es