El alcalde retira una muestra sobre el general franquista tras un informe de sus servicios jurídicos
El alcalde de Burgos, Javier Lacalle (PP), recula por segunda vez en lo que va de año. Primero tuvo que hacerlo ante los cinco días de protestas de vecinos de Gamonal opuestos a unas obras para construir un aparcamiento. Ahora se ve obligado a revocar la muestra Un hombre y el resurgir de Burgos: Yagüe, una exposición sobre las bondades del general Juan Yagüe, conocido como “el carnicero de Badajoz”.
Un informe de los servicios jurídicos de su propio Ayuntamiento ha determinado que “la contribución” del consistorio “mediante la cesión de un local o espacio público” resulta “contraria” a la Ley de la Memoria Histórica, “por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura”.
Al general Yagüe el apelativo de “carnicero de Badajoz” le llegó como consecuencia de la represión en la ciudad extremeña tras su toma a manos de tropas franquistas, dejando una cantidad de víctimas que algunas fuentes sitúan en 4.000. Lejos de negarlo, el legionario, amigo de José Antonio Primo de Rivera, declaró en una entrevista en el periódico New York Herald Tribune: “Claro que los fusilamos. ¿Qué esperaba? ¿Suponía que iba a llevar 4.000 rojos conmigo mientras mi columna avanzaba contrarreloj? ¿Suponía que iba a dejarles sueltos a mi espalda y dejar que volvieran a edificar una Badajoz roja?”.
La hija del general y organizadora de la muestra, María Eugenia, de 74 años, ha asegurado que acudirá a los tribunales para que esta siga adelante. Yagüe asegura que demandará al Ayuntamiento por “una clara discriminación por razón de ideología”. Esta exmilitante del PP —en posesión del carné número 1005 del partido hasta que lo devolvió en 2009— y miembro del gabinete de dos presidentes de la Junta de Castilla y León —Juan José Lucas y Juan Vicente Herrera— considera que la anulación de la muestra supone una “violación flagrante de los principios más elementales del derecho administrativo”. Pero el informe de los servicios jurídicos municipales es claro: la cesión del monasterio de San Juan para la exposición “supone una ayuda para su celebración, sin que la misma tenga que ser en metálico”.
María Eugenia Yagüe había planteado la muestra, promovida por la Fundación Yagüe con el beneplácito del Ayuntamiento de Burgos, como una exaltación de la figura del capitán general. En su presentación en enero anunció la exhibición de documentos “fundamentales” en su trayectoria militar, material cartográfico, objetos personales, uniformes y 300 fotos. Todo aquello que demostrara “la impronta” que había dejado el militar en Burgos. La hija de Yagüe asegura que este “no era un sanguinario” e insiste en que hay cartas que atestiguan su bonhomía y su contribución al desarrollo de la ciudad, donde se estableció en 1943 cuando Franco lo situó al frente de la capitanía general de la VI Región Militar.
Pese a que desde principios de año el Ayuntamiento ya conocía el contenido de la exposición, fue el presidente del Instituto Municipal de Cultura, Fernando Gómez, quien solicitó hace unas semanas un informe de los servicios jurídicos. Previamente más de 11.000 firmas se habían recogido contra la muestra por medio de una página web.
La marcha atrás ha molestado a determinados sectores del PP burgalés. El vicealcalde de la ciudad, Ángel Ibáñez, cree que el archivo del general atesora un gran “interés”. “Tiene un importante tamaño y documentos históricos que afectan a la ciudad”, declaró tras conocer la noticia de que la muestra era revocada.
De materializarse las amenazas legales de la hija de Yagüe, esta no sería la primera vez que recurriese a esa vía para deshacer un conflicto en torno al legado paterno. Ya pleiteó contra sus cinco hermanos para conseguir mantener íntegro su archivo, y desde hace un año ha anunciado varias veces que daba vueltas a la fórmula para acudir a la Justicia —parece ser que finalmente será a través del sindicato ultraderechista Manos Limpias— contra la Junta de Castilla y León por “secuestrar” el archivo, que donó en 2009 al Gobierno regional con la condición de que se ubicara en Burgos o Soria. La Junta, sin embargo, anunció su intención de entregarlo al viejo Archivo de la Guerra Civil, hoy Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca. En dos meses, Javier Lacalle no solo revocado dos decisiones que presentó como firmes. También se ha enfrentado a una agria polémica por supuestas obras ilegales en el ático donde reside. La terraza de su vivienda fue cerrada y no solicitó la obligatoria licencia municipal.
Justino Sachon
Fuente: www.elpais.com
