Hace ahora 75 años. El 9 de febrero de 1939, cuando se aproximaba “la total liberación de España”, Franco firmó en Burgos la Ley de Responsabilidades Políticas. Los republicanos eran los culpables y tenían que pagar por ello. Unos años después, cuando los nazis y fascistas fueron derrotados en Europa, decenas de miles de ellos fueron también víctimas de la violencia retributiva y vengadora de los vencedores. La comparación entre esas dos posguerras aporta notables enseñanzas sobre la represión, la colaboración, la resistencia o las memorias que quedaron de todo ese pasado de violencia.
Los vencedores de la guerra civil española decidieron durante años la suerte de los vencidos. Un paso esencial de esa violencia vengadora sobre la que se asentó el franquismo fue la Ley de Responsabilidades Políticas, de 9 de febrero de 1939. En ella se declaraba “la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas”, que, con efectos retroactivos, desde el 1 de octubre de 1934, “contribuyeron a crear o agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España” y que a partir del 18 de julio de 1936 se hubieron opuesto al “Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave”. Todos los partidos y “agrupaciones políticas y sociales” que habían integrado el Frente Popular, sus “aliados, las organizaciones separatistas”, quedaban “fuera de la Ley” y sufrirían “la pérdida absoluta de los derechos de toda clase y la pérdida total de todos sus bienes”, que pasarían “íntegramente a ser propiedad del Estado”.
La puesta en marcha de ese engranaje represivo y confiscador causó estragos entre los vencidos, abriendo la veda a una persecución arbitraria y extrajudicial que en la vida cotidiana desembocó muy a menudo en el saqueo y en el pillaje. Los odios, las venganzas y el rencor alimentaron el afán de rapiña sobre los miles de puestos que los asesinados y represaliados habían dejado libres en la administración del Estado, en los ayuntamientos e instituciones provinciales y locales.
Quienes habían provocado con la sublevación militar la guerra, la habían ganado y gestionaron desde el nuevo Estado la victoria, asentaron la idea, imposible de contestar, de que los republicanos eran los responsables de todos los desastres y crímenes que habían ocurrido en España desde 1931. Proyectar la culpa exclusivamente sobre los republicanos vencidos libraba a los vencedores de la más mínima sospecha. El supuesto sufrimiento colectivo dejaba paso al castigo de solo una parte. Franco, el máximo responsable de la represión, lo recordaba con el lenguaje religioso que le servía en bandeja la Iglesia católica: “No es un capricho el sufrimiento de una nación en un punto de su historia; es el castigo espiritual, castigo que Dios impone a una vida torcida, a una historia no limpia”.
Cargar la responsabilidad sobre los vencidos es algo que también se hizo en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Y aunque hubo un acuerdo general en concentrar en los alemanes la culpa, el castigo y la violencia vengadora contra quienes habían luchado o colaborado con los nazis, causó estragos y no fue nada ejemplar, aunque se intentara saldarlo para el recuerdo posterior con los juicios de Nuremberg. En realidad, como señala Isván Deák, “en los anales de la historia nunca ha habido tanta gente implicada en el proceso de colaboración, resistencia y castigo a los culpables como en Europa durante y después de la Segunda Guerra Mundial”. En España se perseguía con saña a la izquierda y en otros países eran los fascistas, nazis y colaboracionistas el blanco de las iras como devolución al sufrimiento que ellos habían causado.
Cientos de miles de personas fueron víctimas de esa violencia retributiva y vengadora, con un amplio catálogo de sistemas de persecución: desde linchamientos, especialmente en los últimos meses de la guerra, a sentencias de muerte, prisión o trabajos forzados. En Francia, casi diez mil colaboracionistas, o acusados de serlo, fueron linchados en los últimos instantes de la guerra y en el momento de la liberación. En Austria, los tribunales iniciaron procedimientos contra cerca de 137.000 personas, aparte de los cientos de miles de funcionarios destituidos de sus puestos.
Un caso paradigmático de violencia antifascista fue Hungría. Entre febrero de 1945 y abril de 1950, casi 60.000 personas pasaron por esos tribunales; 27.000 fueron declarados culpables, de los cuales 10.000 fueron sentenciadas a penas de prisión y 477 condenadas a muerte, aunque sólo 189 fueron ejecutadas. Según László Karsai, unos 300.000 ciudadanos húngaros, alrededor del 3 por ciento de la población, “sufrieron algún tipo de castigo durante las purgas de la inmediata posguerra”. Al contrario de lo que ocurrió en otros países, en Hungría no hubo linchamientos de supuestos colaboradores o criminales de guerra.
Hubo, sin embargo, castigos ejemplares, que salieron de los catorce grandes juicios políticos que tuvieron lugar entre 1945 y 1946. Cuatro ex presidentes de Gobierno, varios ministros y altos oficiales del ejército fueron ejecutados. Ése fue el destino, en el juicio más esperado, de Ferenç Szálasi, principal instigador del paraíso nacionalsocialista, convertido en pesadilla de cientos de miles de húngaros, ejecutado el 12 de marzo de 1946. Un año antes, un decreto del 17 de marzo de 1945 había ordenado la expropiación de las tierras y de las propiedades de los miembros de la Cruz Flechada y de los principales criminales de guerra.
La mayoría de los actos de castigo “retributivo” a los fascistas, como señala Tony Judt, fueron llevados a cabo antes de que se constituyeran formalmente los tribunales establecidos para que pasaran por un juicio. De las aproximadamente diez mil ejecuciones sumarias que tuvieron lugar en Francia en la transición desde Vichy a la Cuarta República, alrededor de un tercio ocurrieron antes del día D, 6 de junio de 1944, la fecha del inicio del desembarco de Normandía, y un 30% más durante los combates de las siguientes semanas. Algo parecido sucedió en los países del este y en Italia, donde la mayoría de las 15.000 personas asesinadas por fascistas o colaboracionistas encontraron ese fatal destino antes o durante los días de la liberación por las tropas aliadas.
Además, como ocurrió con la Ley de Responsabilidades Políticas, la “legislación retroactiva” fue una práctica general en Europa durante ese tiempo de odios. Los legisladores húngaros, por ejemplo, establecieron en 1945 que los criminales de guerra podrían ser procesados “incluso si en el momento que cometieron sus crímenes, esos hechos no estaban sujetos a persecución de acuerdo con las leyes entonces en vigor”.
Como puede observarse, la violencia directa, dirigida en el momento final de la guerra en España contra los republicanos y en Europa contra los fascistas, y los procedimientos judiciales que siguieron, adoptaron una considerable variedad de formas, perfectamente comparables. En muchos casos, antes de que se montaran los tribunales o las instituciones “legítimas”, ya se había hecho justicia. La diferencia esencial fue la duración de esas posguerras y de la violencia contra los vencidos.
En Europa, tras los dos primeros años de posguerra, las sentencias decrecieron y pronto llegaron las amnistías, un proceso acelerado por la Guerra Fría, que devolvieron el pleno derecho de ciudadanos a cientos de miles de ex nazis, sobre todo en Austria y Alemania. En el este, fascistas de bajo origen social fueron perdonados e incorporados a las filas comunistas y se pasó de perseguir a fascistas a “enemigos del comunismo”, que a menudo eran izquierdistas, mientras que en Occidente, donde las coaliciones de izquierdas se cayeron a plazos en 1947, la tendencia fuer perdonar a todo el mundo. La identificación y el castigo de los nazis había acabado en 1948 y era un tema olvidado a comienzos de los años cincuenta.
En España, sin embargo, la posguerra fue larga y sangrienta, con la negación del perdón y la reconciliación, y con Franco, los militares y la Iglesia católica mostrando un compromiso firme y persistente con la venganza. Las leyes que siguieron a la de Responsabilidades Políticas, la de Represión de Masonería y el Comunismo de primero de marzo de 1940, la de Seguridad y del Estado de 29 de marzo de 1941 y la que cerró ese círculo de represión legal, la de Orden Público de 30 de junio de 1959, fueron concebidas para seguir castigando, para mantener en las cárceles a miles de presos, para torturarlos y humillarlos hasta la muerte.
Hacia 1950, todos los países del este de Europa estaban en el campo de las “democracias populares”, pero en la década anterior a la consolidación del dominio comunista la experiencia de cada uno de esos países, durante la Segunda Guerra Mundial y en la inmediata posguerra, había sido muy distinta. Los partidos comunistas, bajo el amparo del ejército rojo soviético, neutralizaron y reprimieron a todos los demás partidos antifascistas que habían formado coaliciones nada más derrotar a las potencias del Eje. El comunismo, como hicieron algunas democracias y el franquismo en España, reinventó la historia y durante años negó a la población cualquier posibilidad de un conocimiento crítico sobre ese pasado reciente.
En la posguerra, el “pacto de silencio” se convirtió en una estrategia de la política europea y fue ampliamente adoptada durante el período de guerra fría, cuando muchas cosas tenían que olvidarse para consolidar la nueva alianza militar frente al bloque comunista. El término fue utilizado en 1983 por Hermann Lübbe, en una descripción retrospectiva, para mostrar que mantener silencio fue una “estrategia pragmática necesaria” adoptada en la posguerra en Alemania, y apoyada por los aliados, para facilitar la reconstrucción y la integración de los antiguos nazis.
Tras un período en el que la guerra y sus terrores parecían hundirse en el olvido, generaciones más jóvenes comenzaron a preguntarse en Alemania, Francia o Italia, desde mediados de los años sesenta, qué había pasado durante la guerra y la posguerra. “El cambio paradigmático del modelo del “olvido” a una reorientación hacia el “recuerdo” ocurrió con la vuelta de la memoria del Holocausto, tras un período de estado latente”. Desde las imágenes del juicio a Adolfo Eichmann en Jerusalén en 1961 al reconocimiento posterior en Alemania de su pasado como verdugos, el recuerdo, “recordar para nunca olvidar”, se convirtió en la única respuesta adecuada para esa experiencia tan destructiva y devastadora y se rechazó el modelo, que había estado vigente hasta ese momento, de sellar el pasado traumático y mirar al futuro.
Desde 1989, la apertura de archivos en Europa del este desafió también algunas de las construcciones de la memoria y al recuerdo del Holocausto se sumó el del sufrimiento bajo el comunismo. Cómo adaptar las memorias a la historia y la gestión pública del pasado se convirtieron en asuntos relevantes en la última década del siglo XX y en la primera del XXI, cuando se asistió en muchos países a una reorientación general desde el olvido al recuerdo. Una reorientación que también se ha producido en España y en ello estamos, en medio de debates entre historiadores, manipulaciones políticas e indiferencia de una buena parte de la sociedad hacia las víctimas de la dictadura. Pero no somos tan diferentes, como demuestra esa historia y las tensiones que su recuerdo provoca en el presente.
Julián Casanova
Fuente: www.elpais.com
