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La necesaria segunda Transición

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España está viendo el final de un periodo que se inició en la Transición de la dictadura a la democracia, que ocurrió después de la muerte del dictador General Franco. Este lideró una de las dictaduras más crueles que han existido en Europa durante el siglo XX. Nunca debería olvidarse que por cada asesinato político que cometió el régimen fascista liderado por Mussolini, el régimen fascista liderado por el General Franco cometió 10.000, tal como ha documentado el Profesor Malefakis, experto en fascismo europeo, de la Columbia University de Nueva York en EEUU. Esta dictadura se inició en 1939, cuando las fuerzas golpistas que se levantaron en el año 1936 contra un gobierno democráticamente elegido triunfaron con la ayuda del nazismo alemán y del fascismo italiano, que proveyeron el material militar utilizado por el Ejército golpista del que la República carecía.

La brutalidad de aquella dictadura era necesaria para mantener un régimen impopular, que representaba los intereses de una minoría frente a una mayoría -las clases populares de los distintos pueblos y naciones que constituían España-. Era una dictadura totalitaria –y no solo autoritaria- que intentó imponer una ideología totalizante (es decir, que invadía todas las áreas más íntimas del ser humano, incluyendo el sexo y el lenguaje) conocida como nacionalcatolicismo, que era una mezcla de un nacionalismo imperialista asfixiante, que no reconocía la plurinacionalidad de España, y un catolicismo sumamente reaccionario, promovido por una jerarquía eclesiástica que formaba parte de aquel Estado dictatorial (los sacerdotes eran pagados por el Estado y el dictador nombraba a los obispos). No es cierto, pues, que la Iglesia se limitara a apoyar al Estado fascista. No, la Iglesia estaba mucho más involucrada en aquel régimen de lo que ahora admite. En realidad, la Iglesia era parte de aquel Estado y contribuyó a la represión, tanto ideológica como física, de aquel régimen. Muchos tribunales de la dictadura, encargados de la represión, tenían sacerdotes en su seno.

Durante aquel régimen, enormemente represivo y responsable del enorme retraso económico y social de España (cuando el dictador murió, España tenía el gasto público social más bajo de Europa, con el mayor porcentaje de analfabetos en este continente). La resistencia a aquel régimen la lideró el movimiento obrero, convirtiendo a España -en los últimos años de la existencia de la dictadura- en el país europeo donde hubo más días laborales inactivos como consecuencia de huelgas, y más agitación social. Esta agitación político-social, ampliamente apoyada por las clases populares en España, fue determinante para que terminara aquel régimen dictatorial. Recordemos que, aun cuando Franco murió en la cama, la dictadura murió en la calle.

El objetivo de los movimientos progresistas
El objetivo de aquella resistencia contra la dictadura era crear una España justa (la dictadura creó uno de los países con mayores desigualdades sociales existentes en Europa), democrática y plurinacional, en la que los distintos pueblos y naciones que constituyen España pudieran convivir voluntariamente en solidaridad, en un sistema federal. Todos los partidos de izquierda en España, desde el PSOE al Partido Comunista (que lideró la resistencia antifascista), incluyendo otros partidos, tales como los partidos anarco-sindicalistas, compartían también esta visión. Todos ellos siempre había reconocido (y continuaron haciéndolo durante la clandestinidad) la necesidad de establecer un sistema democrático federal, en el que se incluía el derecho a decidir (que se llamaba, en sus documentos, “autodeterminación”) que tenía que tener cada nación en España (véase mi articulo “Por qué lo nacional está ocultando lo social”, en Pensamiento Crítico). Durante la dictadura, la lucha por la libertad, la democracia y la justicia social, y la lucha por la identidad y la autodeterminación nacional, fueron juntas, siendo las izquierdas las que lideraron estos movimientos.

El que estas movilizaciones determinaran el fin de aquel régimen no significó que hubiera una ruptura con aquel Estado que sostuvo e impuso la dictadura. Los partidos de izquierda eran muy débiles y justo salían de la clandestinidad. La ultraderecha (heredera del régimen fascista), en cambio, continuaba controlando el aparato del Estado bajo el liderazgo del Monarca (nombrado por el Dictador), gestionando para este Estado el proceso de Transición supervisado por el Ejército. De ahí que la democracia resultante de la Transición fuese extraordinariamente limitada y, como consecuencia, el Estado del Bienestar también permaneció muy subdesarrollado (ver mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias). Los grupos de poder económico y financiero (hegemonizados estos últimos por la banca) continuaron teniendo un enorme peso e influencia sobre el Estado, lo que explica tanto la pobreza de los recursos del Estado (tanto a nivel central como autonómico y local) como la enorme regresividad del sistema fiscal, que ha favorecido sistemáticamente a las rentas del capital (sobre las rentas del trabajo), a las clases sociales de renta superior, y a las grandes familias y grandes empresas que han configurado el espacio económico y financiero en España. Estos grupos y clases sociales, junto con la Iglesia y el Ejército y con la ayuda de los medios de información públicos o privados de mayor difusión (que controlan o sobre los que tienen mayor influencia), continuaron dominando la proyección ideológica del nacionalcatolicismo, negando, entre otras realidades, la plurinacionalidad de España y el derecho a decidir. En realidad, la democracia en España se limitaba a una democracia representativa, muy poco proporcional, orientada al bipartidismo, y que se reducía a votar cada cuatro años, dando gran protagonismo a las élites de los partidos mayoritarios y/o gobernantes, confundiendo la política con el politiqueo de las cúpulas de los partidos. La democracia directa –el poder de decidir-, como referéndums o consultas populares, no existía ni existe prácticamente en España (ni a nivel central, ni a nivel autonómico y local).

La Constitución supervisada por el Ejército
Es interesante resaltar que, en contra de lo que se ha publicado en este país, la Monarquía y el Ejército jugaron un papel clave en el diseño de la Constitución. Ahora, más de treinta y cinco años después, se ha podido saber y documentar lo que muchos habíamos denunciado. Es decir, ni la Transición fue modélica, ni la Constitución era un instrumento que pudiera facilitar el desarrollo del sistema democrático. El Ejército y la Monarquía (que lo lideraba) impusieron una visión nacionalista españolista, negando la plurinacionalidad del Estado español y la autodeterminación de los pueblos y naciones de España, asignando al Ejército la misión de garantizar que la visión derechista del Estado prevaleciera. Y las izquierdas, y muy en particular el PSOE (que había enfatizado en sus documentos la necesidad de conjugar la lucha por la justicia social con la reivindicación nacional y el derecho de autodeterminación), abandonaron por oportunismo el segundo objetivo, convirtiéndose en unos de los máximos promotores de la Constitución.

La irresolución de este problema, creado por la imposición del Ejército y la enorme intolerancia y rigidez de las derechas españolas (ayudadas por las izquierdas gobernantes en el Estado central español) hacia otra visión distinta de España que la actual, llevó, inevitablemente, a la situación actual de enorme enfrentamiento entre Catalunya y el Estado español.

Ni que decir tiene que las derechas catalanas también se beneficiaron de este enfrentamiento, pues permitió establecer una alianza multiclasista, erigiéndose, paradójicamente, en los defensores de la nación catalana. Y dijo “paradójicamente” porque han sido responsables de las políticas públicas que han estado dañando a las clases populares de Catalunya, que constituyen la mayoría del pueblo catalán. Los dos nacionalismos, el españolista y el catalanista, instrumentalizados por las derechas, se alimentan el uno al otro, escondiendo detrás del conflicto nacional una alianza de clases (que aparece en su apoyo a las posturas neoliberales que están dañando enormemente al pueblo español y al catalán).

El gran rechazo al Estado español en Catalunya (y en España)
Son estas políticas neoliberales realizadas por las élites gobernantes a ambos lados del Ebro las que han generado un movimiento de rechazo, cuestionando incluso la legitimidad del Estado, pues las élites gobernantes, tanto en España como en Catalunya, están llevando a cabo políticas públicas sin que tengan un mandato popular para realizarlas. Y todo ello lo hacen, consiguiendo lo que siempre han deseado (es decir, el desmantelamiento del Estado del Bienestar en Catalunya y en España, la reducción de los salarios y el debilitamiento del mundo del trabajo). Para alcanzar este objetivo, han tenido el inestimable apoyo de la Troika, que representa los intereses de la patronal financiera (banca y compañías de seguros) europea (y muy en especial la alemana).

Este rechazo ha generado el mayor número de movimientos sociales de protesta que haya existido en Catalunya y en España desde la reinstauración de la democracia. Es un síntoma del enorme hartazgo que, además de social, en Catalunya se traduce en un hartazgo nacional, es decir, un deseo de salirse de este Estado, independientemente de que el ciudadano censado en Catalunya sea independentista o no. En realidad, el dato de mayor relevancia hoy en Catalunya es el gran número de personas que se sienten españolas y que votarían, en cambio, a favor de la independencia. Este movimiento pro “derecho a decidir” está agitando Catalunya y España.

El movimiento Procés Constituent
Entre estos movimientos en Catalunya, ha surgido uno –que yo apoyo-, que se ha puesto al servicio de las clases populares, que desean un cambio profundo en Catalunya, en sus estructuras económicas, financieras, culturales, mediáticas y políticas, democratizándolas a todas ellas, lo cual quiere decir haciendo que estén al servicio de las necesidades de la mayoría de la población. Su programa, expuesto en su Manifiesto de diez puntos, refleja este compromiso, que es radical tanto en su contenido como en su forma. Y entiendo por radical el deseo de ir a la raíz de los problemas. Y un indicador de ello es el compromiso de democratizar Catalunya, hoy muy controlada por una élite (el famoso Félix Millet decía que eran 200 familias) que domina la vida económica, financiera, cultural, mediática y política del país. Es el 1% de la sociedad que el movimiento estadounidense Occupy Wall Street ha hecho famoso como eslogan, y que se ha promocionado para indicar gráficamente el nivel de control de la sociedad por una minoría, lo cual también ocurre en Catalunya (y en España) (ver mi artículo “El problema es mucho mayor que el 1%” en www.vnavarro.org).

Es un movimiento político-social, que no desea ser un partido político. Y se ha extendido en un periodo de tiempo muy reducido a lo largo del territorio catalán. Su estrategia es la de empoderar a las clases populares, hastiadas del Estado español y del establishment económico, financiero, político y mediático catalán que, en alianza con el establishment español, están dañando el bienestar y calidad de vida de las clases populares. Personas de todas las sensibilidades progresistas tienen en común su dedicación al desarrollo del Manifiesto, incluyendo el compromiso del derecho a decidir del pueblo catalán, al cual se le considera como nación, como depositario de la soberanía de Catalunya. Es el pueblo catalán el que tiene que decidir si quiere ser una comunidad autónoma o formar parte de un sistema federal, o ser un Estado independiente.

Y lo que caracteriza este movimiento no es un sentimiento anti España, pues se siente hermanado con las clases populares que hoy a lo largo del territorio español están luchando por otro Estado, extendiendo el derecho a decidir sobre los temas que la ciudadanía desee a lo largo de todo el territorio español. El objetivo del Procés Constituent es ayudar a establecer una gran alianza de movimientos sociales, partidos políticos, sindicatos, y otras fuerzas sociales y políticas que vaya incrementando su nivel de exigencia (es decir, su radicalismo) para alcanzar una transformación, en la práctica, revolucionaria, de Catalunya (con el rechazo más radical posible a cualquier forma de violencia, considerada como reaccionaria).

Todo ello queda reflejado en el libro Sin miedo. Conversación entre Teresa Forcades y Esther Vivas, que de una manera clara y sencilla explica lo que es el Procés Constituent desde dos sensibilidades distintas. Teresa Forcades, monja benedictina de Montserrat, es independentista debido a su deseo de reivindicar la comunidad más próxima a la población, y cree en la autogestión a todos los niveles, con autonomía y soberanía plena (ver mi artículo “No al sectarismo de izquierdas: en defensa de Teresa”. Público, 08.08.13 y “El sectarismo obstaculiza el debate, no lo facilita”, en www.vnavarro.org). Y Esther Vivas, periodista y socióloga, es y se siente española, pero votaría hoy por la independencia, como harían miles de personas en Catalunya, pues no cree que Catalunya pueda transformarse profundamente siendo parte del Estado español. Hay otras sensibilidades en el Procés Constituent que puede que todavía crean que pueda hacerse el cambio profundo en Catalunya junto con otras naciones y pueblos de España. Ahora bien, todas las sensibilidades apoyan la soberanía del pueblo catalán, punto en común de todos los miembros del Procés Constituent. Pero, independientemente de la sensibilidad de la que se proceda, hay un compromiso de cambiar y revolucionar Catalunya profundamente, democratizándola, lo cual implica una incompatibilidad con el orden económico establecido y con la limitadísima libertad política y mediática existente en Catalunya. Aconsejo la lectura del libro. Creo que sería muy positivo que movimientos semejantes se establecieran también en España. Para aquellos que estén predispuestos, el libro de Teresa y Esther es una referencia que les será útil y de gran valor.

Vicenç Navarro






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