El estallido del escándalo de los papeles de Bárcenas que reflejan la contabilidad del PP, los últimos episodios del caso Urdangarin, la sentencia del caso Malaya o el caso de los ERE, que pone bajo sospecha la gestión del sindicato UGT en Andalucía, entre otros muchos asuntos, tienen un gran impacto en la percepción de la corrupción en España. Según el ranking global que publica la ONG Transparencia Internacional, España ha caído 10 puestos (de la posición 30 a la 40 en tan solo un año), por detrás de Brunei y Polonia, y justo delante de Cabo Verde. En este indicador, realizado a partir de una macroencuesta realizada a expertos, España cede seis puntos con respecto al año pasado, de los 65 (sobre un máximo de 100) a los 59.
Se trata de la peor calificación en el Índice sobre Percepciones de la Corrupción en 15 años. Desde 1997, España no bajaba de los 60 puntos, y se convierte en el segundo país que pierde más puntos, junto a Gambia, Malí, Guinea y Libia. Solo Siria, envuelta desde hace más de dos años en una cruenta guerra civil, ha perdido más puntos.
En la Unión Europea, Grecia se mantiene como el país con un mayor nivel de percepción de corrupción, aunque ha ganado cuatro puntos respecto al año anterior y ha subido al puesto 80 frente al 94 que ocupó en 2012. En el listado de la organización, Dinamarca y Nueva Zelanda comparten el primer puesto, seguidos de cerca por Finlandia. En cambio, Somalia, Corea del Norte y Afganistán cierran la tabla, al igual que en 2012.
En la presentación del informe, los portavoces de la organización han distinguido la corrupción política de la administrativa, que consideran prácticamente inexistente. "En España a nadie se le ocurre sobornar a un policía, porque sabe que le denuncia", ha aseverado la catedrática de derecho penal Silvina Bacigalupo, quien ha apuntado a dos ámbitos "muy localizados" que explican la avalancha de escándalos: la financiación municipal y de los partidos políticos. Según Bacigalupo, la Ley del suelo aprobada en el año 1998 y el crédito fácil que impulsó la burbuja inmobiliaria derivaron en una "situación de alegalidad" que favoreció la corrupción política y urbanística. "¿Por qué España no castiga la corrupción con los resultados electorales?", se ha preguntado.
"Los expertos consultados ven que España se desliza por la pendiente de la corrupción", ha declarado Manuel Villoria, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, quien ha asegurado que "no se persigue suficientemente la corrupción". "En Polonia -situado un puesto por encima que España en el indicador- hubo 3.000 sentencias por corrupción el año pasado. Aquí hubo unas 90. Hay impunidad". Villoria ha explicado que la percepción de la corrupción en España es más notoria ahora por la magnitud de los escándalos. "El partido en el Gobierno está atrapado por el caso Gürtel y el caso Bárcenas", ha opinado.
Jesús Sánchez Lambás, abogado y vicepresidente segundo de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón, ha alertado de las consecuencias de la percepción de la corrupción en España para la recuperación económica y la inversión extranjera. "Los países que presentan mayores índices de corrupción representan mayor riesgo país". Sánchez Lambás también ha criticado que la tras la aprobación de la Ley de Transparencia no se hayan puesto en marcha "acciones de formación y capacitación a funcionarios", quienes deberán incorporar la ley a sus funciones, y ha parafraseado al Conde de Romanones para mostrar su desconfianza hacia el desarrollo administrativo de la Ley de Transparencia: "Haga usted la ley, que yo hago el reglamento".
Sobre esta norma, Villoria ha destacado que el Consejo de Transparencia que contempla no es un órgano independiente. Sin embargo, el presidente de Transparencia Internacional en España, Jesús Lizcano, ha pedido "explotar" la ley "pidiendo información" y ha sido optimista dado que "ahora tenemos jueces más beligerantes" con la corrupción y el trabajo de la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal).
"En España, todos los sectores, incluyendo los partidos políticos, la Familia Real y las empresas, estaban implicados en casos de corrupción en un momento en el que el país está sufriendo", explica Anne Kock, directora para Europa y Asia Central de Transparencia Internacional. "Lo que la crisis económica ha hecho es permitir un mayor debate público sobre la corrupción. La situación está más expuesta y eso afecta a las percepciones".
En el ranking global, Dinamarca y Nueva Zelanda comparten el primer lugar, con 91 puntos. Las últimas posiciones corresponden a Afganistán, Corea del Norte y Somalia.
Javier García Pedraz
Fuente: www.elpais.com
