Con la legislatura conclusa, el Gobierno deja el polvorín de la Guardia Civil a rebosar de botes de gas lacrimógeno. El pasado 11 de diciembre quedó formalizada la adquisición de 54.000 unidades de este material antidisturbios a la empresa Falken por valor de 1,3 millones de euros. Falken, habitual suministrador del Ministerio del Interior, es la empresa de la familia de Ismael Bardisa Jordá, exdiputado del Partido Popular y candidato que cerraba la lista con la que Cristina Cifuentes concurrió a las últimas elecciones autonómicas.
El gas lacrimógeno es un material antidisturbios que no se utiliza desde 2003, con motivo de las protestas contra la guerra de Irak. El dato fue ofrecido por el Ministerio del Interior cuando desmintió que botes de ese tipo hubieran sido utilizados en los altercados de marzo de 2014, al término de las Marchas de la Dignidad.
A pesar de la afirmación, este Gobierno adquirió en 2013 una partida de 36.050 botes para ese año y los dos siguientes con destino a la Guardia Civil. Solo la caducidad de los botes de gas lacrimógeno ha podido, por tanto, vaciar las reservas de las unidades a las que va destinado. Sin embargo, en el pliego de condiciones del concurso, la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil asegura que los botes se hacen inútiles a los cinco años.
La adjudicación a Falken fue publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A los 1,3 millones para botes de gas lacrimógeno hay que sumar otros 508.200 euros para 21.000 “artificios fumígenos” o botes de humo. En total, 1.815.000 euros de contrato de despedida de la legislatura para la empresa de los Bardisa Jordá. El anuncio de licitación tiene fecha de 1 de agosto y el de formalización del contrato es del 11 de diciembre, nueve días antes de las elecciones generales.
Los 18.000 botes de gas lacrimógeno de los que dispondrá la Guardia Civil cada ejercicio, hasta 2018, empequeñecen la compra de 2.000 unidades que Interior viene adquiriendo cada año para la Policía Nacional. Cabe señalar que las principales manifestaciones con disturbios se desarrollan tradicionalmente en las grandes ciudades, donde la competencia es de la Policía, a excepción de las urbes de Cataluña y Euskadi. La UIP, los antidisturbios de la Policía Nacional, tampoco usa el gas lacrimógeno.
Incluso para la Guardia Civil, la última adqusición supone un incremento respecto de los tres ejercicios anteriores -de 2013 a 2015- para los que se compraron 36.050 botes. Y eso que el Ministerio del Interior admite un gran descenso en el número de altercados relacionados con las manifestaciones, protestas que ya de por sí se han reducido notablemente.
Tampoco parece acorde a las necesidades operativas la adquisición de 21.000 botes de humo. Este material antidisturbios sí es utilizado, pero no con frecuencia. La última vez que lo hizo la Guardia Civil fue el 5 de febrero de 2014 en la playa del Tarajal, en Ceuta.
Según la versión final del Ministerio del Interior, la Guardia Civil disparó aquel día 150 pelotas de goma y 5 botes de humo. Quince personas que intentaban llegar a nado hasta la playa de El Tarajal fallecieron ahogados mientras los agentes de los Grupos Rurales de Seguridad (GRS) empleaban el citado material. Dieciséis guardias civiles estuvieron imputados, pero una jueza de la ciudad autónoma archivó la causa el pasado octubre. Las organizaciones querellantes han recurrido ante la Audiencia Provincial.
En el pliego publicado en agosto, la Subdirección General de Apoyo dice que la “necesidad e idoneidad” del material adquirido es “mantener el orden público, garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger el libre ejercicio de sus derechos”. En este sentido, añade que es “necesario dotar a los componentes de la Guardia Civil del material necesario a las distintas unidades del Cuerpo que intervienen en esos actos del material antidisturbios eficaz, como son artificios lacrimógenos y fumígenos”.
Este último concurso ganado por Falken ha discurrido por tramitación ordinaria y procedimiento abierto. Como suele ocurrir cada vez que el Ministerio del Interior lanza este tipo de ofertas, Falken no ha tenido competidor. Conocedor de esta ausencia de concurrencia, los Bardisa Jordá presentaron una oferta por la cantidad máxima recogida en el pliego del Ministerio del Interior.
Falken no solo ha hecho negocio con Gobiernos del PP. Entre 2000 y 2013, la empresa obtuvo 7,68 millones de euros de la Administración, según datos recopilados por quienmanda.es. Los contratos adjudicados suelen ser abiertos, pero no siempre. En 2013, Falken obtuvo más de un millón de euros en un contrato negociado sin publicidad.
La familia Bardisa copa el Consejo de Administración de Falken. Solo uno de sus 10 miembros no lleva ese apellido. Todos los hermanos de Ismael Bardisa se sientan en la mesa, a excepción del expolítico, ahora ejerciendo como “abogado liberal”, según describe él mismo en su cuenta de Twitter. Ismael Bardisa fue diputado del PP tres legislaturas seguidas, hasta 2008. De ahí pasó al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, en calidad de consejero electivo, hasta que Ignacio González decidió dejar de contar con él.
Botes con fines “estratégicos”
Los antidisturbios de Policía y Guardia Civil utilizan los artificios fumígenos con fines “estratégicos”, como evitar que los manifestantes violentos puedan ver sus desplazamientos. Los botes de gas lacrimógeno son más agresivos y están destinados a que los atacantes dejen de lanzar objetos por el picor de ojos y garganta que produce.
El uso del material antidisturbios es legal y reglamentario, incluidas las pelotas de goma, aunque no existe un protocolo para su actuación. Es el jefe del operativo el que indica cuándo y cómo utilizarlo. El criterio, como en otras actuaciones policiales, es el uso proporcional de la fuerza según sea de grave la amenaza. Más frecuente es el uso de pelotas de goma: la decisión de su utilización se rige del mismo modo.
La adquisición de este material antidisturbios se produce en plena reivindicación de chalecos antibalas por parte de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que en noviembre lazó la campaña “Un guardia, un chaleco”.
El director general del instituto armado, Arsenio Fernández de Mesa, aseguró el pasado agosto en sede parlamentaria que el Cuerpo cuenta con 30.526 chalecos. Para el próximo ejercicio, el director anunció la compra de 2.950 unidades más, una cifra lejana a los 80.000 agentes que requieren chaleco, según la AUGC. Los chalecos adquiridos por Interior en 2013 costaban 324 euros la unidad. Con el dinero desembolsado en gas lacrimógeno que no se utilizará se podrían haber adquirido algo más de 4.000 chalecos antibalas.
Pedro Águeda | eldiario.es