Un nuevo escándalo sacude a la Iglesia española. En esta ocasión no se trata de abusos financieros o sexuales a menores, sino de una "relación impropia" que vincula al obispo de Mallorca, Javier Salinas, con una mujer casada y cuya relación podría haber provocado su divorcio. El prelado, en la cuerda floja, fue llamado a consultas la pasada semana al Vaticano, donde dio explicaciones durante cuatro días. Su expulsión de la diócesis parece inminente.
La denuncia surgió por parte del exmarido, perteneciente a una familia mallorquina de rancio abolengo, y alto funcionario del Consell mallorquín. La querella, que llegó a Roma a través de Nunciatura, habla de actuaciones "contrarias a la doctrina católica", y dejan entrever una relación sexual consentida entre el obispo y la mujer.
Ella, activa militante del Partido Popular, trabajó durante algunos meses como secretaria particular adjunta para asuntos institucionales del obispo Salinas. Al estallar el escándalo en la esfera diocesana, la mujer abandonó su trabajo. Pero, al parecer, la relación continuó.
Así, en la denuncia se adjuntan mensajes de teléfono con cierto contenido amoroso, y fotografías captadas de las entradas y salidas de ambos en horario no laboral. En la elaboración de la misma se adjunta un informe de una agencia de detectives privados. Y se complementa con una declaración personal del círculo de los afectados, donde se formula una acusación rotunda contra el obispo. La primera consecuencia fue la ruptura definitiva del matrimonio. La segunda, la llamada a consultas del obispo Salinas a Roma.
Medidas ejemplarizantes
Según distintas fuentes, la Santa Sede va a tomar medidas ejemplarizantes, que no se quedarían en un mero traslado de destino del obispo, y que podría acarrear su suspensión del sacerdocio, o su retirada a un convento. En todo caso, parece que los días de monseñor Salinas como obispo están contados.
Ayer, la diócesis salió al paso del escándalo con un breve comunicado, en el que confirma que el obispo acudió a Roma la pasada semana, aunque para tratar de "temas patrimoniales", que el prelado "no tiene conciencia de haber actuado en contra de la Doctrina de la Iglesia católica" pero que, en todo caso, "está siempre a disposición de la Santa Sede por el bien de la Iglesia".
Jesús Bastante | eldiario.es