Cuando han transcurrido 35 años de la aprobación de la Constitución y 37 desde el final de la dictadura, siguen vigentes los títulos de nobleza que otorgó Franco a sus colaboradores en la matanza y persecución de demócratas, y el rey Juan Carlos a los herederos del dictador. Sería impensable un Marquesado de Mussolini, un Señorío deHitler o un Ducado de Petaín en los países vecinos, pero aquí ni la ley de Memoria Histórica, de cuya aprobación se cumplirán seis años el próximo 26 de diciembre, ha permitido abolir esa arbitrariedad.
Distintas formaciones políticas, desde Izquierda Unida (IU) hasta los diputados ERC en el Congreso, pasando por el el PNV, el BNG y algunos diputados socialistas, vienen solicitando desde hace tiempo la anulación de esos títulos nobiliarios. El último ha sido el parlamentario del grupo mixto Jon Iñarritu. Una interpretación generosa del artículo 15 de la Ley de la Memoria Histórica, sobre la supresión de los símbolos del franquismo, permitiría anular los títulos.
Sin embargo, eso no se ha hecho porque, según los legisladores consultados no se ha querido revocar la decisión del rey Juan Carlos de Borbón de otorgar a los herederos del dictador los títulos del Señorío de Meiras con Grandeza de España (a la viuda), del Ducado de Franco (a la hija) y, entre otros, del Marquesado de Arias Navarro con Grandeza de España al último jefe de Gobierno de la dictadura, también conocido como “el carnicero de Málaga” por las matanzas de “rojos” que ordenó en esa provincia.
Además, dado que el artículo 62 de la Constitución atribuye al Rey el derecho a “conceder honores y distinciones”, la interpretación extensiva de la Ley de la Memoria Histórica, solicitada también por el Foro de la Memoria y por otras asociaciones de víctimas del franquismo, podría resultar inconstitucional. Ni siquiera el penúltimo ministro de Justicia de Rodríguez Zapatero y fiscal de carrera, Mariano Fernández Bermejo, se abstuvo de firmar la orden ministerial con la “real carta de sucesión” del título de Duque de Mola a favor de Emilio Mola Pérez de Laborda, nieto del “intelectual” golpista, conocido como “el director”. El actual ministro, Alberto Ruiz Gallardón, culminó el trámite, desbloqueando de hecho la sucesión de los nobles de Franco.
De este modo, según el registro del Ministerio de Justicia, mantienen su vigencia los títulos de Duque de Carrero Blanco (a los herederos del almirante y jefe de gobierno Luis Carrero Blanco), Duque de Mola (a los herederos del general Emilio Mola), Marqués de Dávila (al general y ministro del Ejército, Fidel Dávila Arredondo), Marqués de Kindelán (al jefe de la fuerza aérea franquista), Marqués de Queipo de Llano (al general golpista del mismo apellido, Gonzalo), Marqués de Saliquet (al también general sublevado Andrés Saliquet), Marqués de Varela de San Fernando (al militar golpista gaditano Enrique Varela), Marqués de San Leonardo de Yagüe (al general rebelde José Yagüe), Conde del Alcázar de Toledo (al general José Moscardó, a la sazón presidente del Comité Olímpico Español), Conde del Jarama (al aviador franquista Joaquín García Morato).
Junto a esos diez militares, el dictador concedió otros 29 títulos a distintos personajes del régimen, desde el carlista Estaban Bilbao, que presidió las Cortes franquistas a José Antonio Primo de Rivera, pasando por su hermana, Pilar, jefa de la Sección Femenina del Movimiento Nacional, a la que nombró Condesa del Castillo de La Mota, o por Ramiro de Maeztu, al que otorgó el título de conde, de igual modo que a Juan de la Cierva. El dictador no olvidó al nuncio del Vaticano e hizo recaer el título del Marqués de Santa María de la Almudena sobre el enviado de turno, a la sazón monseñor Tedeschini. Quizá su mayor felonía fue nombrar marqués, a título póstumo, al científico Santiago Ramón y Cajal.
Luis Díez
