Semana de alto voltaje antifranquista en Barcelona. El 40º aniversario de la muerte del dictador no ha pasado inadvertido por el consistorio de la capital catalana, que además de sumarse a los actos de condena por los hechos que tuvieron lugar durante la Guerra Civil y la dictadura, ha tomado cartas en el asunto. El gobierno de la alcaldesa Ada Colau se ha involucrado en dos procesos jurídicos; uno persigue a los pilotos italianos que bombardearon Barcelona, y el otro busca condenar al Estado como “continuador legítimo” del régimen franquista.
En esta última querella, instruida en el juzgado número 1 de Buenos Aires por la jueza María Servini, se señala directamente a Felipe VI y Juan Carlos I e incluso a Mariano Rajoy, en tanto que representantes del Estado. En la otra querella, presentada por la asociación AltraItàlia, el Ayuntamiento se persona como parte perjudicada. Entre el 13 de febrero de 1937 y 1939 se lanzaron un millón de kilos de bombas sobre la ciudad, que tuvieron consecuencias devastadoras: cerca de 5.000 muertos y 1.800 edificios destruidos en Barcelona.
Una de las zonas más icónicas de esa masacre es la plaza de Sant Felip Neri, hoy uno de los rincones más íntimos y mágicos de Barcelona y, sin ninguna duda, el que mayor dolor alberga entre sus paredes. Todavía en la fachada de la Iglesia se pueden observar los restos de uno de los bombardeos más brutales que dejó la Guerra Civil en el territorio español y que acabaría arrasando toda la zona, incluyendo una guardería infantil. En ese ataque, perpetrado a las 9 de la mañana de un 30 de enero de 1938, los historiadores contabilizan 153 muertos, la mayoría de ellos niños.
“Estamos en tiempo de bombardeos y también hemos de recordar los de Barcelona. El tiempo no borra la responsabilidad de quien lo ha cometido", dijo el teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia, Jaume Asens, ideólogo de la iniciativa. De hecho, Asens, ya antes de sumarse a Barcelona en Comú y siendo impulsor de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del Colegio de la Abogacía de Barcelona, había instruido múltiples procesos en pro de la memoria antifranquista.
Representantes de ERC y la CUP acompañaron a Asens en la rueda de prensa, mostrando su apoyo a la iniciativa. Un día más tarde, en la Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación y Seguridad y Prevención, todos los grupos a excepción del PP, que protagonizó un encontronazo con los ediles de BComú, condenaron la dictadura franquista en una declaración institucional.
Jordi Molina | eldiario.es