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| Milicianas en Madrid |
La sublevación miliar liberó en el seno de la República todas las divergencias y tensiones entre los distintos partidos, sindicatos y fuerzas integrantes del Frente Popular. Los primeros días fueron de desconcierto. Las organizaciones obreras reclamaron la entrega de las armas para defender la República, pero Santiago Casares Quiroga se negó a ello porque eso supondría traspasar de hecho el poder del Estado a los sindicatos y a los partidos obreros. Pero la República carecía de fuerzas suficientes y de control sobre ellas para organizar el orden público, a excepción de la guardia de asalto.
Un nuevo gobierno, constituido el 19 de julio y presidido por José Giral, ordenó la distribución de armas entre los obreros. En realidad, se estaba legalizando una situación de hecho, pues las organizaciones obreras se habían ya armado por diversos medios.
La sublevación provocó la desarticulación del Estado republicano, que perdió el control de la situación y generó un vacío de poder. En la zona republicana fueron las organizaciones obreras las que ejercieron el poder en el verano de 1936, con comités y consejos cuyas fórmulas variaban de unos sitios a otros. En el País Vasco, el PNV logró establecer un gobierno autónomo. En Cataluña había dos centros de poder. El primero era la Generalitat con un gobierno de Esquerra, comunistas y anarquistas, y un Comité Central de Milicias Antifascistas dirigido por anarquistas de la CNT y de la FAI, que controlaba las fábricas, los servicios y las milicias armadas.
Las derrotas sufridas, la constatación de que se estaba en una guerra que podía durar y esfumado el entusiasmo revolucionario del primer momento evidenciaron la necesidad de reorganizar el Estado republicano para hacer frente a la dura situación y a un enemigo implacable. En septiembre se constituyó un nuevo gobierno presidido por Francisco Largo Caballero, en el que además de vertebrarse con ministros socialistas, entraron a formar parte del mismo republicanos de izquierda, comunistas, la Esquerra y el PNV. En el segundo gobierno de Largo (noviembre) llegaron a ingresar ministros anarquistas, que rompían con su tradicional rechazo a las instituciones políticas, pero aceptaron la responsabilidad, no sin polémica, duradera en el tiempo, por consideraron que la situación era excepcional.
El gobierno de Largo Caballero se propuso dos objetivos fundamentales. En primer lugar, crear un ejército con un mando unificado. Y, en segundo lugar,restablecer la autoridad del Estado, lo que exigía la disolución de los poderes locales de carácter revolucionario.
Ante el avance sobre Madrid el gobierno republicano decidió trasladarse a Valencia el 6 de noviembre de 1936, mientras que en Madrid quedaba constituida una Junta de Defensa a cargo del general Miaja.
En Cataluña, la Generalitat había intentado restablecer su autoridad frente al Comité de Milicias Antifascistas, pero había provocado la insurrección de mayo de 1937 de los anarquistas y del POUM. La mediación de la CNT, comprometida con el gobierno de Madrid y con el de la Generalitat, permitió dominar la insurrección y acabar con los poderes paralelos. Pero Largo Caballero se vio obligado a dimitir por su negativa a ilegalizar al POUM, como le exigían los comunistas, que acusaban a este partido de estar al servicio del fascismo.
La caída de Largo Caballero y la formación de un gobierno presidido por el socialista Juan Negrín supuso un giro considerable en la estrategia política de la República, que concedería la máxima prioridad a la guerra. Esto requería un control absoluto de todas las decisiones por parte del gobierno y la necesidad de garantizar los envíos de armamento soviético. Negrín se apoyó en los comunistas por el papel preponderante de la ayuda soviética y porque era el grupo mejor organizado y más disciplinado en la República, además de su firme decisión de luchar hasta el final, supeditando todo, como cualquier cambio revolucionario, a la victoria sobre los sublevados. Los comunistas ocuparon los puestos clave del ejército popular. El único poder revolucionario que sobrevivía fuera del control gubernamental era el Consejo de Aragón, que fue disuelto de forma contundente en el verano de 1937 por el ejército.
El desarrollo de las operaciones militares en el año 1938 no era muy positivo, por lo que se plantearon dos posibles estrategias ante la guerra. Estaba la postura defendida por Negrín y los comunistas, que propugnaba la continuación de la lucha con la esperanza de que estallara la guerra en Europa entre las democracias y las potencias fascistas, lo que podría cambiar el curso de la guerra en España al integrarse en un conflicto internacional. Pero, por otro lado, estaba la posición de los que se inclinaban a favor de una negociación de paz con el enemigo, dada la precaria situación militar de la República. Esta postura tenía variados defensores, siendo el más importante de todos ellos el propio ministro de Defensa, el socialista Indalecio Prieto. Al final, se impusieron las tesis de Negrín y de los comunistas. Prieto abandonó el gobierno en abril de 1938. Pero la evolución de la guerra era muy negativa para la causa de la República. Tampoco las noticias internacionales eran muy alentadoras: en septiembre de 1938 el fantasma de la guerra se había esfumado por los resultados de la Conferencia de Múnich.
Finalmente, el coronel Casado, jefe del ejército del centro, precipitó el final de la guerra al sublevarse contra el gobierno en marzo de 1939, con la intención de negociar la paz con Franco. Pero este solamente aceptaba una rendición incondicional. Este golpe ha generado una intensa polémica tanto en lo político como entre la historiografía. El 28 de marzo las tropas franquistas entraban en la capital de España, y el 1 de abril terminaba la guerra.
Eduardo Montagut
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