El independentismo en Cataluña se encontraba aletargado, anestesiado y profundamente dormido hace una década, situándose la mayoría del arco parlamentario catalán dentro de posiciones nacionalistas o federalistas, pero en ningún caso había un deseo especial de ruptura con España. Sin embargo, sí que existía un anhelo de reforma de un estatuto de autonomía que se había quedado obsoleto para las necesidades de la nación catalana en pleno siglo XXI. Su tramitación fue todo un ejemplo de madurez democrática por parte del Parlamento de Cataluña, que logró tras meses de intensos y productivos debates la elaboración de un texto que fue ratificado por más del 90% de los diputados en el año 2006. Sin embargo, las autoridades españolas en lugar de aceptar el texto (tal como lo había prometido el propio presidente José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE), iniciaron una feroz campaña propagandística, institucional e incluso jurídica, para recortar ciertos párrafos de dicho estatuto, ya que el gobierno socialista, acobardado y superado por las circunstancias, terminaba plegándose a las tesis anticatalanistas del PP (en ese momento en la oposición) y renegando de su promesa electoral.
Las Cortes Generales lo votaron entonces favorablemente y el pueblo catalán lo ratificó en referéndum, pero a pesar de ello, la derecha reaccionaria española no aceptó el resultado, acusó de todos los males a Cataluña, llamó a un boicot de sus productos, y recurrió lo votado ante el Tribunal Constitucional, el cual terminó plegándose a las tesis de los populares y recortó aún más si cabe el estatuto, siendo particularmente significativo el suprimir del preámbulo el reconocimiento jurídico de Cataluña como nación. Ello fue considerado como una humillación por una gran parte de los catalanes, lo que puede considerarse como la chispa que prendió la mecha.
Este creciente y justificado malestar en el seno de la sociedad catalana terminó eclosionando un tiempo después en la Diada de 2012 (la fiesta nacional catalana que tiene lugar cada 11 de septiembre), cuando más de un millón de ciudadanos salieron a la calle para pedir la independencia entre un mar de banderas esteladas. Ante esta situación, el presidente autonómico catalán, Artur Mas, decidió ponerse al frente del movimiento y convocó nuevas elecciones autonómicas, presentándose a ellas con un programa mucho más nacionalista para tratar de adaptarse al sentir de esa mayoría de ciudadanos catalanes. Aunque su partido perdió algunos escaños en dichos comicios, el presidente catalán resultó igualmente vencedor, e inmeditamente conformó un nuevo gobierno con el apoyo de los independentistas de ERC para tratar de negociar con Moncloa en una posición de mayor fortaleza, pero siempre también tendiendo una mano para lograr un acuerdo razonable que permitiese una salida consensuada entre Barcelona y Madrid. Sin embargo, el ejecutivo español (en esta ocasión ya presidido por Mariano Rajoy, del PP) hizo oídos sordos a las peticiones de esa mayoría de catalanes (aproximadamente un 80% de la población pedía el derecho a votar para decidir su futuro) e inició entonces de nuevo una feroz campaña anticatalana, demonizando a su presidente electo, condenando todos los actos independentistas y llegando a incitar tal odio en el resto de España que la sede de la Generalitat en Madrid terminó siendo asaltada violentamente por unos ultraderechistas.
Esta rotunda hostilidad de las autoridades españolas del PP hacia la voluntad de los catalanes, con los socialistas como mera comparsa seguidista de los dictados de Moncloa y sin plantear ninguna alternativa, provocó que en la Diada de 2013 aún más personas salieran a la calle, en una gigantesca cadena humana (desde los Pirineos hasta Castellón) para pedir de nuevo un referéndum con el que decidir su propio futuro, pero el gobierno de Madrid no movió ficha para adaptarse a la realidad de dicha gran movilización, sino que por el contrario, decidió emprender acciones jurídicas contra las autoridades autonómicas catalanas. Sin embargo, el presidente Artur Mas no claudicó a pesar de dichas amenazas, y decidió convocar una consulta en 2014 para que el pueblo catalán ejerciese de alguna forma dicho derecho a decidir, saliendo vencedora en dicha consulta la opción independentista por una amplia mayoría de casi dos millones de votos. Pero el gobierno central, de nuevo ignorando la voluntad de los catalanes, declaró la consulta ilegal, la ridiculizó mediáticamente e incluso utilizó los órganos jurídicos para impugnarla y demandar a los responsables de haberla convocada, contando de nuevo para dicho cometido con el apoyo tácito del PSOE.
Así, colmada la paciencia de una gran parte del pueblo catalán y agotadas todas las vías de negociación debido a la sistemática negativa del gobierno español de llegar a algún tipo de acuerdo que permitiese encontrar una solución para el encaje de Cataluña dentro de España, el presidente Artur Mas decidió jugar su última baza: convocar unas nuevas elecciones autonómicas para septiembre de 2015, pero en esta ocasión con carácter plebiscitario, planteando abiertamente declarar la independencia de forma unilateral en el caso de que las candidaturas independentistas obtuviesen la mayoría absoluta. Para ello, se han formado finalmente dos listas partidarias de proclamar dicha república catalana: Junts Pel Sí (que agrupa a CDC, ERC y asociaciones independentistas) y la CUP (formación que aglutina a la izquierda alternativa y a los movimientos sociales). Las luces rojas entonces han saltado de verdad en la sede del gobierno español, pero en lugar de corregir la nefasta política que nos había llevado a esta situación de crispación y proponer una campaña respetuosa e inclusiva que tienda puentes hacia el pueblo catalán y prometa respetar su veredicto (siguiendo el ejemplo de la acertada actuación llevada a cabo por el primer ministro británico David Cameron cuando los escoceses solicitaron celebrar un referéndum sobre la independencia), el PP ha decidido optar por la reacción visceral del “¿Queréis guerra? ¡Pues tendréis guerra!”, organizando una brutal campaña del miedo contra el independentismo catalán y no dudando en utilizar todos los medios económicos e institucionales a su alcance para lograr tal cometido. Además, el resto de partidos nacionales españoles (PSOE, Ciudadanos e incluso Podemos) también han decidido unirse a esta campaña del miedo, y aunque cada uno lo haga a su manera y emplee sus propios argumentos y matizaciones, al final todas están coincidiendo en esa linea común de demonización del independentismo.
Y en este contexto llegamos a estas dos semanas de intensa campaña electoral que estamos viviendo en la actualidad. Los cuatro partidos nacionales españoles, los medios de comunicación en castellano e incluso las instituciones estatales, están realizando una brutal campaña propagandística (probablemente la mayor que se haya visto en la historia reciente de nuestro país) contra el independentismo. Mariano Rajoy amenaza constantemente con emprender acciones legales contra el presidente catalán (incluyendo el artículo 155 de la Constitución), la diplomacia española mendiga palabras de condena de la secesión a varios líderes internacionales (Merkel, Cameron y Obama), el líder socialista Pedro Sánchez se une a la fiesta y demoniza a la candidatura unitaria independentista acusándola de corrupta y radical, Albert Rivera se llena la boca de amenazantes palabras sustentadas en base a los polémicos artículos de una Carta Magna ya obsoleta, y finalmente, Pablo Iglesias llega incluso a chantajear a los catalanes castellanoparlantes con un discurso bochornosamente etnicista. Para añadir más leña al fuego, personalidades de la política, la economía, y la intelectualidad española no cesan de realizar declaraciones y de publicar artículos en los que dibujan un futuro dantesco bajo una supuesta Cataluña independiente, y encima para ponerle la guinda al pastel, la periodista de televisión Ana Pastor realiza una entrevista absolutamente partidista, deshonesta y maleducada a Artur Mas. Sin embargo, tal abusiva campaña parece estar generando justamente el efecto contrario al deseado, al provocar el enfado de gran parte de los ciudadanos catalanes (hartos ya de que desde el resto de España se les diga lo que tienen que hacer), y prueba de ello es que en los sondeos se observa una tendencia al alza del voto independentista, ya que tanto Junts Pel Sí como la CUP no dejan de crecer (en los últimos estudios demoscópicos, estando ya solamente a unos días de los cruciales comicios, las dos candidaturas independentistas obtendrían una holgada mayoría absoluta de entre 75 y 80 diputados, y ya estarían rozando incluso el umbral del 50% de los votos). Es la campaña de la ilusión frente a la campaña del miedo, y en situaciones de crisis política, la ilusión suele generar mas adhesiones que el miedo.
En resumen, el león independentista catalán dormía plácidamente en su sabana sin molestar a nadie, pero durante diez largos años la clase política española (con una desastrosa actitud cortoplacista repleta de agresividad, prepotencia y torpeza) no ha hecho más que pisarle el rabo una y otra vez, y claro, obviamente el león al final ha terminado por despertarse con un cabreo muy considerable, sumándose además a su enfado el hambre voraz que ya de por si le había dejado la crisis. Por ello, si el 27 de septiembre el león independentista catalán se merienda a la España unionista de un bocado en las urnas, los españoles no tendremos ningún derecho a quejarnos, ya que nos lo hemos ganado a pulso durante todos estos años por no haber sabido percibir el inmenso movimiento popular que se estaba gestando en Cataluña y entender los legítimos sentimientos de sus ciudadanos.
Miguel Candelas, politólogo. Autor del libro "Cómo gritar Viva España desde la izquierda". Twitter: @MikiCandelas