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La conflictividad social en el primer Bienio de la II República

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La Segunda República llegó de forma pacífica. Se trató de una verdadera excepción en la historia contemporánea española, ya que los cambios bruscos de situación política se habían producido con una mayor o menor carga de violencia. Así se puede comprobar en el bienio 1835-1837 cuando se consiguió que la Corona se inclinase definitivamente hacia la construcción de un Estado liberal para superar el régimen del Estatuto Real, en 1854 con la Vicalvarada que terminó con el monopolio moderado en el poder y abrió el Bienio Progresista, o con la Revolución de 1868 que derribó el régimen isabelino y trajo la intensa etapa del Sexenio Democrático. Las casusa que pueden explicar esta paz social y que aquellos días de abril de 1931 fueran los de una fiesta popular deben encontrarse en la confluencia de diversos sectores políticos y sociales a favor del cambio, superando momentáneamente sus diferencias (republicanos de distintas tendencias, socialistas y nacionalistas catalanes) o dejando hacer (anarcosindicalistas), junto con la presión popular en la calle que sorprendió a partidos y sindicatos. Por otro lado, tiene que tenerse en cuenta que el desbordamiento de los acontecimientos dejó sin una clara capacidad de respuesta a las fuerzas conservadoras y dinásticas, sin olvidar que era muy difícil seguir defendiendo con energía la causa monárquica, completamente desprestigiada al vincularse con una dictadura que había liquidado el régimen constitucional liberal.







Pero la paz social no duró mucho más tiempo. Los conflictos laborales reaparecieron y surgió otro motivo de conflicto. La política laboral y social seguida por Francisco Largo Caballero en el gobierno suscitó tanto la oposición de la patronal agraria e industrial como de la CNT. Sin entrar en el debate sobre el carácter de esta legislación, es evidente que suponía la mayor apuesta hasta el momento para establecer cambios importantes en las relaciones sociales de producción, aunque desde los planteamientos del sindicalismo socialista representado por la UGT. Se pretendía que este sindicato adquiriese la preponderancia en el ámbito laboral y que fuera el interlocutor de la clase obrera con la patronal, frente al modelo anarcosindicalista de conflicto permanente. Esa preponderancia debía establecerse a la hora de las negociaciones de los contratos de trabajo y, aunque solamente quedaría en el papel, terminar por asumir el control sindical sobre la gestión de las industrias. Aunque la patronal pudiera ver con mejores ojos los planteamientos sindicales de la UGT que los de la CNT no estaba dispuesta a aceptar la intervención del Estado en materia laboral, especialmente en el campo y, mucho menos, que los obreros pasaran a gestionar las empresas. La CNT, por su parte, consideraba que Largo Caballero pretendía arrinconar al sindicalismo anarquista, además de que no podía aceptar las políticas emprendidas o planteadas por no considerarlas verdaderamente revolucionarias. El modelo sindical socialista buscaba la negociación ante todo, siendo la huelga el último recurso, siempre con moderación y con mucha prevención porque podía volverse contra los obreros. La UGT se sentía cómoda dentro de organismos paritarios con la patronal para negociar. Por eso, al principio había colaborado con el organigrama laboral –comités paritarios- de la Dictadura de Primo de Rivera, y ahora en la República con los jurados mixtos. La CNT defendía la movilización en masa y la acción directa. Estaríamos ante un capítulo fundamental de la complicada relación entre socialistas y anarcosindicalistas, que venía de lejos y que ahora se agudizaría al máximo.

Estallaron las primeras huelgas, destacando la de la Telefónica en Madrid. La CNT rechazaba a través de las huelgas la política laboral del gobierno pero, además, se sentía claramente la influencia de la FAI, que defendía una revolución que no podía dilatarse más tiempo.

El enfrentamiento entre la UGT y la CNT fue muy evidente en Madrid, ya que la central anarcosindicalista optó por intentar hacerse con la hegemonía en el mundo laboral de la capital de España donde desde tradicionalmente había imperado la UGT. Los anarcosindicalistas pusieron sus miras en el trabajador poco cualificado, especialmente en el ámbito de la construcción y de la hostelería porque sabían que eran sectores que estaban creciendo y porque le era más difícil penetrar en los ámbitos obreros que necesitaban mayor cualificación y que eran eminentemente socialistas. La tensión social creció y se produjeron más huelgas hasta el culmen del bienio 1933-1934. La UGT participó en ellas obligada, ya que temía que si se enfrentaba a las mismas podía perder su preponderancia sindical madrileña. Pero también hay que destacar la evolución de la estrategia sindical ugetista a partir de 1932 y, sobre todo, a raíz de la derrota de la izquierda en las elecciones de 1933. La UGT giró hacia una mayor radicalización, y eso fue un factor determinante para que aumentase el número de huelgas en Madrid.

En el resto de España la conflictividad social subió hasta 1933 aunque en el año 1934 antes de la Revolución de Octubre bajó significativamente. Las principales huelgas generales fueron inspiradas por la CNT y, en cierta medida, por los incipientes sindicatos de raíz comunista. 

La mayor tensión en los años iniciales de la República se produjo con las insurrecciones promovidas por la CNT e impulsadas por la FAI, especialmente cuando en la CNT dejaron de estar los denominados “trentistas”, es decir los moderados enfrentados a la estrategia impuesta por la FAI. Habría que destacar la sublevación en enero de 1932 en el Alto Llobregat, la del mismo mes pero de 1933 en pueblos levantinos, y de Cádiz y Sevilla, destacando el caso de Casas Viejas, ferozmente reprimido y que fue uno de los factores que explican la caída del gobierno de Azaña. En diciembre, ante la victoria en el mes anterior del centro-derecha, se repitió la insurrección. Se produjeron graves enfrentamientos en Barcelona y Zaragoza, y se llegó a proclamar el comunismo libertario en diversas localidades de Aragón y La Rioja. Todas estas insurrecciones fueron duramente reprimidas con centenares de muertos y detenidos.

Eduardo Montagut
Twitter: @Montagut5






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