Cualquier delincuente intenta borrar las huellas de su delito. Los actos criminales que cometen personas a título individual o representando a instituciones, igualmente son objeto de intentos de ocultación. No hay dictadura que cuando haya terminado no haya destruido documentos, incluso, como hemos visto hace poco en el propio Ayuntamiento de Madrid, instituciones democráticas intentan limpiar su historial cuando en el mismo se registran actuaciones delictivas o al menos poco presentables moralmente. Y aquí nos topamos inevitablemente con los archivos como depositarios de documentos que conforman un patrimonio documental cuya propiedad pertenece a la ciudadanía, dado que son sufragados con los impuestos de los ciudadanos.
Hace poco, leía un libro [2] que repasaba críticamente la historia de los derechos humanos y se refería a la connivencia de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos con el colonialismo. En un pasaje se comenta la depuración de archivos llevada a cabo por los británicos en el proceso de descolonización, lo que ha ayudado a obtener una imagen más suavizada del imperio británico, dado que miles de documentos que probaban políticas de barbarie y opresión fueron eliminados. Este tipo de prácticas (depuración o eliminación directa de archivos), llevadas a cabo por potencias durante el proceso de descolonización y por dictaduras anterior y posteriormente, permite a los defensores de imperios y de dictaduras atribuir a leyendas negras los argumentos y datos de sus críticos.
En nuestro país, como sabemos, han sido depurados cientos o miles de archivos, y eliminados totalmente alguno que otro, como es el caso de los archivos del Movimiento Nacional, que ordenó destruir el ex ministro Martín Villa.
Pero es muy difícil que regímenes totalitarios consigan borrar todas las huellas de sus crímenes y atrocidades. Hace unos años, el archivero Antonio González Quintana nos hablaba en unas jornadas dedicadas al papel de los archivos en los procesos transicionales, de cómo, aunque se habían destruido archivos y documentos de los campos de concentración del franquismo, muchos datos salieron del archivo del Tribunal de Cuentas, donde había justificantes de gastos de esos campos, así como de Batallones de Trabajadores. Los destructores de pruebas no habían caído en la cuenta de esta fuente de datos.
El papel que tienen los archivos en el ejercicio de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de violaciones graves y masivas de derechos humanos, ha sido reconocido por las Naciones Unidas en diversos documentos. Así, el Conjunto de Principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad (E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 de febrero de 2005), dedica un apartado (C, principios 14, 15, 16 y 17) a la Preservación y consulta de los archivos a fin de determinar las violaciones. En otro documento más reciente, de noviembre de 2013, sobre el derecho a la verdad (A/C.3/68/L.43/Rev.1), las Naciones Unidas destacan la importancia de la preservación de los archivos para documentar las violaciones de derechos humanos, facilitar la investigación de las denuncias y posibilitar el acceso de las víctimas a un recurso efectivo a la justicia. Este documento alienta a los Estados “a que establezcan una política archivística nacional que garantice la preservación y protección de todos los archivos que guarden relación con los derechos humanos”.
Principales obstáculos
En relación con la memoria histórica democrática en nuestro país, los principales obstáculos que se pueden detectar cuando hablamos con usuarios de archivos, ya sean simples ciudadanos, víctimas, periodistas o investigadores, son los siguientes:
Destrucción intencionada. El caso de los archivos del Movimiento o de la Falange, pero más directamente con el ámbito que nos ocupa, el caso que hemos conocido por Francisco González de Tena del incendio en 2014 de una casa cuna en Canarias en la que se habían localizado decenas de cajas con expedientes comprometedores.
Depuración de archivos. Documentos que se expurgan por tener datos comprometedores o incómodos. En octubre de 2009 el diario Publico.es publicaba un artículo sobre la poliomielitis en los años cincuenta, debida a una negligencia que el régimen franquista quiso ocultar, y recogía el testimonio del médico Juan Antonio Rodríguez, que publicó un libro sobre este escándalo, y afirmaba que la ocultación del régimen franquista no se quedó en los años sesenta, ya que él investigó en el Archivo General de la Administración y denunciaba que los documentos de las compras de las vacunas desaparecieron de este archivo porque alguien mandó destruir esa parte de la historia previa a 1964, cuando se implantó la vacunación.
Pérdida de documentos por deterioro al no haber las necesarias condiciones de conservación, en ocasiones por desinterés de las administraciones responsables.
Documentos que no se desclasifican, considerados secretos oficiales por razones de seguridad nacional. En 2014 el gobierno impedía la desclasificación de unos 10.000 documentos de los Ministerios de Defensa y de Asuntos Exteriores, desclasificación que pidió el grupo parlamentario Izquierda Plural. Los documentos afectaban al período 1936-1968.
Falsificación de datos. Un caso llamativo está en la trama de tráfico y robo de miles de niños, donde se falsificaron certificados de defunción y otros documentos, alterando fechas, falsificando firmas, etc.
Voluntad de responsables políticos que deciden arbitrariamente qué documentos son accesibles o no lo son, en función de sus intereses políticos e incluso por razones familiares.
Discrecionalidad del personal de archivos. Con frecuencia, los investigadores, periodistas e incluso víctimas se encuentran que el acceso a determinado documento depende en parte de la voluntad de la persona que les atiende.
Borrado o tachado de datos. Según diversos testimonios, con frecuencia al consultar documentos se aprecia que algunos datos han sido deliberadamente tachados o incluso borrados con típex
La justicia transicional pretende conseguir un tránsito del autoritarismo a la democracia en sociedades que han sufrido graves violaciones de derechos humanos. Un documento de referencia son los Principios de Chicago sobre Justicia Transicional, documento que igualmente pone de relieve el papel central de los archivos, dedicando todo un apartado a la creación, gestión y acceso a los archivos relacionados con violaciones de derechos humanos. Si se siguieran las indicaciones de documentos de este tipo, estos obstáculos desaparecerían.
Como comprobamos a poco que nos interesemos por este asunto, la obtención de pruebas es una carrera de obstáculos para estas víctimas [robo de niños], que viven en un estado que en vez de protegerlas hace todo lo posible para obstruir el camino a la verdad, verdad a la que tienen derecho tanto las víctimas como la sociedad en general, habida cuenta de que este derecho a la verdad es un derecho tanto individual como colectivo. Pero en nuestro país nos topamos con una serie de obstáculos que hacen que se tergiversen principios y textos literales. En los Principios de Chicago a los que aludía hace un momento se dice que “El Acceso a los archivos debe estar sujeto a restricciones razonables destinadas a proteger la privacidad, la confidencialidad y seguridad de las víctimas y de otras personas, pero nunca con el propósito de censura”. Pues bien, el celo del Estado español hasta la fecha ha estado mucho más en proteger la confidencialidad y seguridad de los verdugos que las de las víctimas, invocando abusivamente el derecho al honor o a la privacidad y facilitando que descendientes de reconocidos matones del fascismo español presenten querellas y ganen causas contra familiares de víctimas o investigadores, ya sean historiadores o periodistas.
Las víctimas, documentos vivientes
La trama del robo de niños llevada a cabo durante más de cinco décadas en nuestro país constituye un inmenso crimen contra la humanidad y los autores de estos robos se ocuparon, y siguen ocupándose, mucho de borrar las huellas de los delitos falsificando documentos, pero en este caso las cosas se les han complicado de una manera que seguramente no sospechaban hace años, y es que las víctimas de esos delitos se han convertido ellas mismas en documentos vivientes que testimonian la trama.
Es evidente que los archivos son un instrumento imprescindible para que las víctimas ejerzan sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, pero no menos cierto es que si el Estado impide que los archivos funcionen adecuadamente, estén suficientemente dotados y se pongan al servicio de los ciudadanos sin distorsiones de tipo político, estamos en un país con serias deficiencias en materia de derechos humanos.
Y ya que estamos en un marco que sufren especialmente las mujeres, viene a cuento señalar que hace unos días el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer emitió un demoledor informe sobre nuestro país señalando que se ha registrado un retroceso alarmante en la legislatura del PP. Llueve sobre mojado, porque España, y no solo bajo la legislatura del PP, ha recibido numerosas reconvenciones por parte de Naciones Unidas en materia de desapariciones forzadas, en materia de tortura, en materia de verdad, justicia y reparación, en materia de justicia universal, en materia de libertades de expresión y manifestación con la llamada Ley Mordaza… en fin, que por lo que toca a los derechos humanos no estamos como para presumir de marca España.
Pedro López López
Fuente: Cronica popular
[1] Intervención en la mesa redonda Una mirada crítica sobre los Archivos en España en relación a los casos de desaparición forzada y cambios de identidad de neonatos, dentro del curso de verano de la Universidad Complutense Gritos silenciados. Robo y tráfico de niños en España, dirigido por Francisco González de Tena, 6-10 de julio de 2015.
[2] Bartolomé Clavero, Derecho global: por una historia verosímil de los derechos humanos. Madrid: Trotta, 2014