El Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación por los posibles efectos que la recién aprobada Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) pueda tener sobre la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica.
Dicha ley, mejor conocida como Ley Mordaza, que entró en vigencia el pasado 1 de julio, requiere, entre otras disposiciones, que las autoridades aprueben llevar a cabo cualquier manifestación o protesta pacífica.
El comité manifestó su preocupación por "el uso excesivo de sanciones administrativas contenidas en la ley, las cuales excluyen la aplicación de ciertas garantías judiciales, establecidas en el Pacto" de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por España en 1977, y por cuya aplicación vela este órgano de la ONU.
En este sentido, el comité recomendó a España revisar la Ley de Seguridad Ciudadana y las reformas al Código Penal que deben introducirse para su implementación.
Ello con el fin de garantizar a los ciudadanos el ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos y que las eventuales restricciones a los mismos se sujeten estrictamente a las condiciones establecidas en el Pacto.
Estos cuestionamientos surgen luego de la publicación de las observaciones y recomendaciones que el Comité formuló a España tras el examen que rindió ante los expertos que lo conforman los pasados 6 y 7 de julio.
Otro tema que concentró la atención de este órgano de Naciones Unidas fue la situación de los migrantes en detención preventiva, especialmente de aquellos privados de la libertad en condiciones de hacinamiento e insalubridad en los Centros de Internamiento de Extranjeros.
Así como de los solicitantes de asilo víctimas de "expulsiones en caliente" y "deportaciones express" en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Al respecto, el comité recomendó al país ibérico "garantizar que todas la personas que solicitan protección internacional tengan procesos de evaluación justos e individualizados".
Por otra parte, reiteró su recomendación en el sentido de enmendar la Ley de Amnistía de 1977 con el fin de facilitar la investigación de las violaciones de los derechos humanos cometidos en el pasado.
"El Estado parte debe velar por que en estas investigaciones se identifiquen a los responsables, se los enjuicie y se les impongan sanciones apropiadas, proporcionales a la gravedad de los crímenes y se repare a las víctimas", sentenció el Comité.
España deberá presentar su próximo informe periódico respecto al cumplimiento de las disposiciones del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos a más tardar el 24 de julio de 2020.
Fuente: www.informador.com.mx