Tras la proclamación de la República el 14 de abril, era necesario aprobar una nueva ley de leyes republicana y democrática, que identificara al nuevo régimen, surgido de las urnas y por la voluntad popular. Tras acalorados debates y tras la dimisión de Alcalá Zamora, las Cortes Constituyentes aprobaron el 9 de diciembre de 1931 la Constitución de la República española, que fue la más avanzada de su tiempo.
El 28 de junio de 1931 se celebraron elecciones generales a Cortes Constituyentes, que elegirían a 470 diputados. El decreto de convocatoria, estableció que las Cortes estarían compuestas por una sola Cámara, elegida por sufragio universal masculino (la mayoría de edad se redujo de 25 a 23 años). Se reformó el sistema electoral en el que la candidatura mayoritaria obtenía el 80% de los escaños a elegir, siempre que hubiese obtenido el 20% de los votos emitidos; el 20% de escaños restantes se les adjudicaba a las minorías. Provincias y ciudades se constituyeron como circunscripciones electorales, eliminando el sistema característico en la Restauración.
Se enfrentaban dos grupos ideológicos de presión: la «Conjunción republicano-socialista», contra la derecha monárquica y antirrepublicana que concurría dividida. Las elecciones dieron un triunfo rotundo a la Conjunción, quedando el Congreso constituido en torno al Partido Socialista Obrero Español y al Partido Radical Socialista. El PSOE, liderado por Julián Besteiro e Indalecio Prieto, obtuvo 115 escaños; y el PRS, de Marcelino Domínguez, 61 diputados. El Partido Radical Republicano, liderado por Alejandro Lerroux, obtuvo 90; la Derecha Liberal Republicana, de Alcalá Zamora, 25 y Acción Republicana, de Manuel Azaña, 26 escaños.
El Gobierno salido de las Cortes Constituyentes, condujo a la República hasta la proclamación de la Constitución el 9 de diciembre. Fue elegido Alcalá Zamora como jefe de estado y Manuel Azaña como presidente del consejo de ministros. La Constitución diseñaba una República social, democrática y reformista. Considerada como una de las más avanzadas del momento. En su artículo 1, declara que «España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de las regiones y de los municipios».
Declaraba la Constitución que todos los españoles son iguales ante la ley; el estado español no tiene religión oficial, y estará integrado por Municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía. Se reconoce el castellano como idioma oficial de la República, «que todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones». En aquellos momentos de entre guerras de primeros del siglo XX, «España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional».
La Constitución rompe con la tradición bicameral y elimina el Senado. El Congreso sale reforzado con la facultad de destituir al Jefe del Estado (con mandato de siete años), que es elegido de forma mixta: por los parlamentarios y a través de unos compromisarios elegidos por sufragio universal; de esta forma era responsable ante el Parlamento y ante los electores. La República se declaraba laica, garantiza la libertad de culto, prohíbe a las órdenes religiosas ejercer la enseñanza y desvinculaba al Estado de la financiación de la iglesia. Esto significó una ruptura radical y un foco de tensión, en un país donde el altar era tan importante como el trono. Más tarde se lo cobraron bien.
Una de las novedades que le confieren su rasgo más democrático, es el reconocimiento del sufragio universal, incluyendo a las mujeres; y el derecho de voto a todos los ciudadanos de más de 23 años. Estos preceptos supusieron una auténtica revolución: ¡las mujeres podían votar! Se avanzaba hacia el auténtico sufragio universal.
La Constitución reconocía la libertad religiosa, de expresión, reunión, asociación y petición; el derecho de libre residencia, de circulación y elección de profesión; inviolabilidad del domicilio y correspondencia; igualdad ante la justicia; protección a la familia, derecho al divorcio, al trabajo, a la cultura y la enseñanza. Se suprimía los privilegios de clase social y de riqueza; y se abría la posibilidad de socialización de la propiedad y de los principales servicios públicos
El gobierno emprendió un amplio programa de reformas en un contexto económico desfavorable, marcado por el ascenso del paro. La reforma laboral, que favorecían la posición de los trabajadores y sindicatos, encontró una dura oposición de los empresarios. La reforma del sistema educativo, favoreció la construcción de 6.750 escuelas y contratación de 7.000 maestros y maestras con mejores salarios; la religión dejó de ser asignatura obligatoria. La reforma en el ejército buscaba su fidelidad y la reducción del excesivo número de jefes y oficiales. La reforma agraria (1932) buscaba el reasentamiento de campesinos sin tierra en latifundios insuficientemente explotados.
El conflicto con los empresarios y latifundistas, el enfrentamiento con la iglesia, con el ejército, con los campesinos y con los trabajadores, provoca que Alcalá Zamora fuerce la dimisión de Azaña, y se convocan nuevas elecciones, que se celebran el 19 de noviembre de 1933. Son unos comicios históricos, en los que por primera vez pueden votar las mujeres. Los resultados dan un giro al panorama político. La derecha se hace con el poder. La Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), una coalición de partidos de derechas de dudosa lealtad a la República, liderada por José María Gil-Robles, con 115 diputados, se convierte en la primera fuerza de un Parlamento muy fragmentado. El PSOE, liderado por Francisco Largo Caballero, obtiene 59 escaños, perdiendo 56 diputados.
Desde el gobierno Lerroux, en minoría mayoritaria (102 diputados), con el apoyo parlamentario de la CEDA, se inicia una contrareforma: paralización de la reforma agraria que origina la expulsión de los miles de campesinos de las tierras ocupadas; paralización de la reforma militar y designación para los puestos claves a militares antirrepublicanos como Franco, Goded o Mola; conciliación con la iglesia; paralización de las reformas educativas, del programa de construcciones escolares y se anula la enseñanza mixta; freno al proyecto de Estatuto de Autonomía vasco, y enfrentamientos con la Generalitat catalana. ¿Les suena de algo esta política?
La tensión política aumenta con la entrada de tres ministros de la CEDA, en octubre del 34, lo que se interpreta por la izquierda, como el anuncio del triunfo del fascismo. Con esta situación el PSOE, UGT, CNT, y el PCE, llama a la huelga general contra el gobierno. La huelga fracasa en Madrid; el gobierno había acuartelado a las tropas, deteniendo a los principales dirigentes socialistas y comunistas. Companys desde la presidencia de la Generalitat, dirige una insurrección con claro matiz independentista, rápidamente reprimido por del ejército. En Asturias triunfa la huelga general y degenera en una verdadera revolución organizada por UGT y CNT. El gobierno optó por la represión y la Legión, dirigida por el general Franco, se encargó de la masacre: más de mil trescientos muertos, el doble de heridos y treinta mil detenidos. Peor imposible.
A principios de 1936, el descrédito del partido en el gobierno de Lerroux, sus escándalos del «estraperlo» y la desconfianza hacia Gil-Robles, llevan a la disolución de las Cortes. El 16 de febrero se celebran las nuevas elecciones y vuelven a concurrir dos bloques ideológicos irreconciliables. El Frente Popular, formado por la izquierda republicana y los partidos obreros, ganan las elecciones. Cesa Alcalá Zamora como presidente de la República y es sustituido por Manuel Azaña, quién encarga a Casares Quiroga formar gobierno. El nuevo gabinete reinicia la acción reformista: amnistía para los represaliados de octubre del 34; restablecimiento del Estatuto catalán; alejamiento de Madrid de los generales más sospechosos de golpismo; reanudación de la reforma agraria; y tramitación del estatuto de Galicia.
Los primeros meses del 36 se caracterizan por una escalada de la violencia física y política. A la República le quedaban seis meses de existencia «pacífica». El 18 julio, deseado por unos, esperado por otros, temido por muchos y un gobierno sin querer enterarse de lo que se preparaba, se produce el golpe de estado militar contra la República. Arranca la Guerra Civil. Tuvieron que pasar muchos años, hasta que el pueblo español, en uso de su soberanía, refrendara otra Constitución que estableciera un Estado Social y Democrático de Derecho.
Blasco Ibáñez, en su novela publicada en 1893 ¡Viva la República! decía refiriéndose a la Primera: «Soy republicano, aunque humilde e ignorante, y pertenezco a esa clase de locos que anuncian utopías que al día siguiente son realidades. Sois topos que protestáis ante el menor rayo de luz, y por eso sentís un furor sin límites ante la República, esa sublime locura que acaba con los privilegios, que considerando a todos los hombres iguales, les hace abrazarse como hermanos, y que reconociendo su libertad, les da derecho a gobernarse por sí mismos». También vale para la Segunda y las que vengan.
Víctor Arrogante