La querella de la causa que en Argentina investiga los crímenes del franquismo ha juzgado como un serio agravio las declaraciones del ministro de Justicia Rafel Catalá, que este miércoles cuestionó ante el Parlamento que “países con algún déficit democrático” pretendan enjuiciar “lo que países democráticos, con funcionamiento del Estado de Derecho, llevan a cabo (…) con naturalidad”.
La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (CeAQUA) recuerda que “en Argentina hay más de seiscientos sentenciados, más de mil procesados y numerosos juicios en todo el país por crímenes contra la humanidad cometidos en su territorio”. Añaden que eso ha sido posible gracias a la anulación en 2003 de las leyes de impunidad que estuvieron vigentes en el país desde 1986-1987, “votadas en su día en forma ampliamente mayoritaria por el Parlamento”.
Señalan también que el número de las víctimas que ocasionó la dictadura argentina (1976-1983) son “sustancialmente menores” frente a las del franquismo. “En España no hay un solo responsable de los innumerables crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo que haya sido sometido a la acción de la Justicia. Esta impunidad se ampara en una ley de amnistía que vulnera todos los tratados internacionales sobre derechos humanos y, por ende, la propia Constitución española”, aducen. “¿Cuál de los dos países es el que padece de déficit democrático?”.
También resaltan que distintos organismos de derechos humanos han condenado la impunidad con la que el Gobierno de Mariano Rajoy y el poder Judicial protegen a victimarios y abandonan a las víctimas. Las condenas de los relatores especiales de la ONU, subrayan, “se han producido precisamente por vulnerar los convenios internacionales que según el ministro han impedido otorgar las extradiciones” y por “no extraditar a los requeridos por la Justicia argentina o acordar su juzgamiento” en España.
“Los crímenes del franquismo, cuando se cometieron, fueron igual de execrables que lo son ahora”, afirman. “Lo que ahora es execrable es que se los justifique porque se cometieron bajo el amparo de la legislación franquista.Esto es lo que sostenían los abogados de los nazis cuando pretendían amparar la impunidad de sus crímenes, en que habían sido cometidos de conformidad con la legislación del III Reich”.
Organismos de derechos humanos condenan la impunidad con la que el Gobierno de Rajoy y el poder Judicial protegen a victimarios y abandonan a las víctimas.
CeAqua acusa a Catalá y al Gobierno en su conjunto de actuar como abogados de los franquistas, y sentencian: “constituye un escarnio esta defensa a ultranza de la injusticia y la impunidad y una afrenta intolerable para las víctimas del franquismo y la sociedad española”.
La querella impulsa desde 2010 la causa que la jueza argentina María Servini investiga bajo el principio de justicia universal. La magistrada ha imputado hasta ahora a 20 personas –tres de ellas fallecidas–, mientras los consulados argentinos en España reciben cada día las denuncias que presentan familiares de víctimas del franquismo.
La plataforma argentina de apoyo a la querella, desde Buenos Aires, se está movilizando para conseguir que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el Congreso argentino se pronuncien sobre las consideraciones de Catalá en torno al “déficit democrático” de Argentina, y para que además condenen la negativa del Gobierno español a extraditar a los imputados de la causa, lo que vulnera el Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica firmado por ambos países.
Ana Delicado | Público