Que voy a decir que ustedes no sepan, que no soporten, que no padezcan. La situación es desastrosa, por mucho que en estas fechas se hable de la «recuperación». Puro maquillaje en tiempo electoral. Un espejismo en el panorama con intereses partidistas, que no siempre coinciden con los de la gente. Saben que no soy de natural negativo ni pesimista. Miro, observo, contrasto, analizo y me hago una idea de la cuestión. Después opino y escribo. La cosa no va a mejor.
No parece que la corrupción vaya a desaparecer. En los casos que están abiertos judicialmente, más de dos mil personas están imputadas, investigadas, encausadas o procesadas, que vaya usted a saber como se denominarán tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pura hipocresía dialéctica para confundir. Los ladrones seguirán sin ser gente honrada y los casos seguirán siendo Gürtel, Nóos, Pretoria, Pujol, Bankia, operación Púnica, Mercasevilla, de los ERE o la Operación Enredadera. Quienes ostentan el poder —corrupto—, se encuentran bien en ese caldo oscuro y viscoso, que tanto daño hace a la comunidad y tanto beneficio les genera a ellos y a sus amigos de rapiña. El gobierno con ellos. La corrupción no va a desaparecer, mientras no exista voluntad política decidida que lo elimine. Algunos jueces que lo investigan son apartados por jubilación, por cambio de destino, o por las bravas. La Fiscalía no está por la labor y en un gran número de casos no encuentra delito que procesar.
En los casos que involucran al partido en el gobierno, ni éste ni aquél cumplen con su deber de colaboración con la justicia. El PSOE presentará la reprobación del ministro de Hacienda Montoro, por «falta de colaboración» y «obstaculización» de la justicia tras los dos últimos autos del juez Ruz, que amonestan a la Agencia Tributaria, por no colaborar en la investigación del «presunto» fraude del PP. Mariano Rajoy, se oculta en la Moncloa, para no dar explicaciones sobre su responsabilidad en el caso Gürtel, financiación ilegal del PP o sus «sobresueldos». Los delincuentes, que están saqueando las arcas del Estado, «se van de rositas». Ya lo dijo el presidente del Supremo: «la Ley está pensada para el robagallinas y no para el gran defraudador» y no quieren enmendarlo. La justicia fue ideada para castigar al pueblo llano y sigue en el empeño.
Es corrupción el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada y el pago de comisiones ilegales, para conseguir negocios y beneficios que sin el delito no hubieran podido alcanzarse. Soborno, extorsión, fraude, malversación, prevaricación, cohecho, contrabando, blanqueo, evasión de capitales y el delito fiscal. En 2013 la Agencia Tributaria presentó 578 denuncias por fraude fiscal ante Fiscalía; la cifra más baja desde 2007. Han decidido perseguir los pequeños fraudes de autónomos, pymes, trabajadores o pensionistas. Como los cobardes, el Estado persigue a los menos protegidos.
La historia nos cuenta, que la monarquía ha estado implicada en casos de corrupción. La regenta María Cristina «la que me quiere gobernar», tuvo negocios especulativos con sal, ferrocarriles y trata de esclavos, amasando una gran fortuna, por procedimientos poco claros. Su tataranieta, Cristina de Borbón, ya saben que está implicada en el caso de su marido Iñaki Urdangarín, como colaboradora necesaria, para el enriquecimiento excesivo a costa de todos. ¡Qué gente!; no les falta de nada y quieren lo de todos.
El rey padre Juan Carlos y sus negocios de comisionista con los países del «golfo», todavía no sale a la luz. Sigue teniendo el viento a su favor. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha rechazado la demanda de paternidad interpuesta por Ingrid Sartiau, por falta de pruebas sobre «unos supuestos hechos ocurridos hace cuarenta años». También rechazó la demanda de paternidad de Albert Solá, porque no aportaba una prueba de ADN. El Supremo actúa a favor del rey y Anticorrupción en ayuda de los donantes corruptos del PP. Protección real a la realeza. Mal padre si lo es.
Seguimos con la justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, condenó al juez Elpidio Silva a 17 años de inhabilitación, que conllevaba la separación de la judicatura. El juez, dicen, prevaricó por mandar a la cárcel a Miguel Blesa; el conocido ex director de la quebrada —que él quebró— Caja Madrid —amigo en la intimidad de José Maria Aznar—, quien entregaba tarjetas «black», con cargo a las cuentas publicas, a consejeros, políticos del gobierno y la oposición, empresarios, representantes sindicales (¿financiación ilegal?) y a otra gente de bien vivir a nuestra costa. Un juez apartado de un caso que se sigue investigando, con imputados de altos vuelos, como Rodrigo Rato, vicepresidente del gobierno con Aznar y director de Fondo Mundial Internacional. Con esta mafia si seguimos vivos, es porque sino no hubieran podido robarnos. Al tiempo.
Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), para el 48,5% de los encuestados, el segundo problema que existe actualmente en España es el del «fraude y la corrupción», seguido por los problemas de «índole económico» (24,9%), encabezado por el paro (78,6%). Y estos tres mandamientos se convierten en uno: no hay recursos públicos para hacer frente a los gastos sociales, porque entre unos y otros se lo han llevado. Con todo, según el Banco de España, al cierre de 2014, la deuda pública superó el billón de euros (1,033 BILLONES). Es la deuda más alta de la historia de España (FMI). En un año de recortes, la deuda creció un 7%, representando el 97,67% del Producto Interior Bruto y el pago de intereses supera los 100 millones diarios. Algunos tenemos pintado el futuro de negro. El 16% de los hombres y el 31% de las mujeres llegarán a los 65 años sin recursos suficientes para financiar sus propios cuidados, si llegaran a necesitarlos. Sólo siete de cada 10.000 personas tiene cubierta una posible situación de dependencia con una póliza privada. Hablaremos de las pensiones.
El drama de los desahucios aumenta. En 2014 se produjeron 1.000 desahucios más que el año anterior, hasta llegar a las 80.749 ejecuciones hipotecarias, según informe del consejo General del Poder Judicial. Arrojan a la calle, a la miseria, familias enteras, con hijos pequeños y todos los miembros en el paro. Quienes pretenden impedirlo, son detenidos por la policía con violentas formas. Antes de entrar en vigor la Ley Mordaza —el Senado la aprobó el viernes, con la mayoría absoluta del PP— se empezó a aplicar. Diecisiete activistas, fueron detenidos acusados de delitos «contra altas instituciones del Estado» y «resistencia y desobediencia». ¡Que despropósito! Este gobierno ha llevado sus medidas antidemocráticas, a las más altas decisiones fascistas que podíamos imaginar; y si se lo consentimos seguirán hasta el exterminio. Todo un Estado policial.
El que fuera consejero de la Comunidad de Madrid y secretario general del PP, Francisco Granados, recibía entre 900.000 y 1,2 millones de euros por cada adjudicación de colegio concertado que ponían en marcha. Escuelas «Púnicas» concertadas. Un escándalo demasiado oscuro para no darle luz. Ya sabemos porqué la Comunidad de Madrid no apuesta por la enseñanza pública. Por cierto, su valedora, Esperanza Aguirre, candidata a la alcandía de Madrid, tiene un buen plantel de antiguos colaboradores «imputados» en distintos casos de corrupción: Granados, Güemes, López Viejo, Lamela entre otros, y el que vendrá: Ignacio González. Nos tienen rodeados.
El actual presidente de la Comunidad de Madrid, pedía que se ocultase información sobre su «ático», tenía negocios con Enrique Cerezo, supuesto pagador. Todo aliñado con los «negocios» del comisario Villarejo, investigado ahora por el ministro Fernández Díaz, quien antes le había condecorado por investigar a políticos catalanes. Todo «pone los pelos de punta»; no sabemos nada más que lo que se ve, aunque lo supongamos. El caso ya alcanza al CNI y a la Casa Real y la basura sigue ocultándose tras sus muros.
Estamos en situación de miseria extrema. Las pensiones de jubilación se han revalorizan un 0,25%, 2 euros al mes de media; el Salario Mínimo Interprofesional sube el 0,5%, 3 euros mensuales. El gobierno ha atacado al Estado de Derecho y acabado con el de Bienestar, recortando salarios, pensiones, educación, sanidad, servicios públicos, derecho a la vivienda y a la dependencia. En esta legislatura hay 650.000 empleos menos, el 60% de los parados son de larga duración, el 70% no tiene ningún tipo de prestación y el paro registrado afecta a 4.512.153 personas. Según la EPA en el cuarto trimestre de 2014, los parados ascendían a 5.457.700. Otras fuentes, como las del economista Niño-Becerra, cifra en cerca de siete millones, los parados en España.
Sube la tasa de pobreza energética; el 9% de las familias no pueden mantener una temperatura adecuada. El 27,5% de los niños vive en riesgo de pobreza. 1.789.400 hogares tienen a todos sus miembros sin trabajo; la tasa de paro juvenil es del 53,8%; los salarios bajando y los precios en caída libre, rayando la deflación y la depresión económica. Para el pueblo llano nada va a mejor.
Hay 2 millones de trabajadores viviendo en riesgo de exclusión social. El 40,6% de los españoles vive en la precariedad, el 24,2% sufre exclusión social moderada y el 10% en severa marginalidad. Sólo el 34,3% vive sin carestías esenciales. El 47% de los trabajadores y trabajadoras cobra menos de 970 euros al mes. España es el país en el que más ha aumentado la desigualdad y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico instan a atajar la desigualdad para favorecer el crecimiento.
El portavoz de Jueces para la Democracia considera, que «no hay voluntad política para acabar con la corrupción». Se criminaliza la pobreza, pero no los delitos cometidos por quienes tienen el poder o sus amigos. Algunos pretenden desvirtuar la democracia, presentando la corrupción como algo consustancial; pero no es así. Contra corrupción, más democracia, más participación, más transparencia.
Tan corrupto es el que utiliza los bienes públicos en su beneficio, como quien no lo impide pudiendo. Los corruptos abanderan las políticas de austeridad, desmantelan los servicios públicos o los privatizan. Propugnan que el Estado deje de prestar servicios asistenciales y no pague pensiones ni subsidios. Llenan sus arcas de forma ilegal, sin escrúpulos ni castigo. La corrupción ha quebrado el funcionamiento de las instituciones y hace que la ciudadanía se aleje de la cosa pública. No hay dinero, porque se lo están llevando a manos llenas y en nuestra cara.
Para completar la imagen del panorama en que vivimos, no me olvido de los enfermos de hepatitis C, y de mis amigos Mario Cortés y Damián Caballero, en su lucha decidida desde la Plataforma de afectados, para conseguir el tratamiento adecuado, por vivir. No me olvido de la comandante Zaida Cantera, que ha sufrido y sigue sufriendo acoso, ahora hasta por el ministro Morenés (que reconoce haber firmado 32 contratos de venta de armas con su antigua empresa). No me olvido de mi querido amigo el teniente Luis Gonzalo Segura, que está entablando una lucha contra el poderoso ejército, donde practican una visión particular de la justicia y que denuncia corrupción en su seno. Dicen que se democratizó y enfundó los sables, pero todavía está por ver. Tampoco me olvido de Ana Garrido Ramos, que destapó la Gürtel En Boadilla y sufre persecución. Y de fondo el #terrorismoMachista, que este año ha asesinado a 9 mujeres, porque no es un tema prioritario y no se ponen los recursos públicos suficientes para prevenirlo.
Un panorama desolador, pese a lo que digan, en este año electoral. Elegiremos a los representantes en los ayuntamientos, en 13 de las comunidades autónomas y en las generales podremos cambiar el equilibrio actual en las Cortes. Lo ideal sería cambiar el fundamento del Estado monárquico por otro republicano. Seguiremos en el empeño. Es necesario un cambio político; por una sociedad justa, igualitaria y solidaria. Hay que combatir la corrupción y depurar responsabilidades políticas y penales, por decencia. Hay que dar la vuelta a la tortilla. Somos más, lo saben, lo sabemos y podemos.
Víctor Arrogante
En Twitter @caval100
Nota final. Para rematar el panorama, lo de la moneda de 200 euros, conmemorando «70 años de paz», que evidentemente incluye el tiempo de la dictadura franquista; es un insulto a la dignidad, una indecencia contra la democracia y una vergüenza más, que por si solo, tiene que costarle el trono, la corona y la poltrona a Felipe VI y su descendencia, como sucesor de Franco a título de rey.